Friday, July 07, 2006
DENUNCIA DE VIOLACIONES AL VOTO DEL MEXICANO EN EL EXTERIOR
Solicitamos se incluya la anulación de millones de votos de mexicanos en el exterior como parte de la denuncia oficial al IFE. El sistema electoral mexicano que normo las elecciones del 2006, violaron el principio de una persona, un voto ya que el sistema legal electoral debe garantizar que las bases que otorgan el voto a todos los ciudadanos, independientes de donde se encuentren, deben ser iguales, o sea, el voto de un elector debe ser igual al voto de otro.
Para nosotros los ciudadanos mexicanos que vivimos fuera de México, la denuncia mas grave es nuestra exclusión institucionalizada por el régimen legislativo del sistema electoral que nos negó la oportunidad efectiva de ejercer el derecho del voto otorgado por la Constitución de la Republica y protegido por convenios internacionales. Nuestros votos fueron anulados aun sin llegar a las urnas el día 2 de julio.
El derecho de cada ciudadano de tomar parte en la conducta de asuntos públicos, el derecho al voto y de ser electo y tener acceso al servicio publico no fue reconocido ni protegido. Se estableció un régimen legal y administrativo que marca una diferencia clara entre la definición de ciudadanía basada en el lugar de residencia, haciendo caso omiso de que los derechos conferidos a cada ciudadano tienen que ser protegidos sin distinciones. Ni la ley del voto en el exterior ni su reglamentación fue objetiva o razonable. Esta impuso numerosas restricciones que hizo difícil el ejerció pleno de los derechos ciudadanos de todos los mexicanos en condiciones de igualdad.
Entre las mas serias esta el de no permitir medidas de empadronamiento en los consulados o embajadas de México—territorio mexicano bajo leyes internacionales—dejo fuera del proceso electoral a millones de mexicanos. Según las normas internacionales, donde el registro de votantes es requerido, este debe de facilitar y no obstaculizar el ejerció del derecho al voto. El Comentario General 25 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas declara que medidas positivas deben de ser tomadas para asegurar que las personas elegibles a votar lo puedan hacer sin impedimentos.
Nunca tomo el IFE los pasos para asegurar que dificultades como impedimentos físicos, de trabajo, de falta de recursos económicos o de falta de libertad de movimiento consecuencia del estado legal migratorio fueran superadas para poder cumplir con el requisito del empadronamiento previo dentro del territorio nacional para poder votar desde el extranjero. Ni tampoco se emprendieron campañas informativas oportunas para facilitar el proceso de registro para aquellos que tenían su tarjeta de elector actualizada. Por lo tanto, la ley, su reglamentación y su implementación no facilito métodos para que todo ciudadano mexicano elegible bajo la Constitución pudiera ejercer su derecho al voto y participación en la elección de sus representantes.
Peor aun fue la descarada violación a los derechos de libertad de expresión, asamblea y asociación impuesta por las leyes electorales a los mexicanos que estamos fuera. El no permitir campañas políticas en el exterior violo el derecho de ciudadanos a tomar parte asuntos públicos y ejercer su influencia a través del debate publico, el dialogo y la organización. La actividad política individual o a con partidos políticos u otras organizaciones juegan un papel significativo y de consolidación de los derechos políticos en cualquier proceso electoral.
La libertad de comunicación de información e ideas en torno a asuntos públicos y políticos entre ciudadano, candidatos y representantes oficiales es esencial para ejercer el voto. Cuidadnos elegibles tienen el derecho de formar opiniones independientes, de fuentes directas y libres de interferencia manipuladoras (como fue la información de los medios de comunicación en EU) que distorsiona o inhiba la libre expresión de la voluntad del votante.
A esto se suma el fracaso del IFE en adoptar medidas que garantizaran el secreto del voto. Cada votante en el extranjero fue identificado previamente en el registro nominal y su respuesta por correo plenamente expuesta a cualquier persona involucrada en el conteo y re-conteo de los votos. El entender que cada voto tenia un nombre y dirección asociado don este jugo un papel de alejar aquellos que se preocupaban por repercusiones a sus familias aun en el país.
Por los hechos antes expuestos, consideramos apropiado que la anulación de los votos de millones de mexicanos elegibles a votar en las elecciones del 2006 se adjunte a las denuncias de las violaciones al los derechos del voto, de electores y de las garantías que otorga a cada y todos los cuidadnos mexicanos un proceso electoral justo, imparcial y libre.
Marísa Jiménez de Houston
Para nosotros los ciudadanos mexicanos que vivimos fuera de México, la denuncia mas grave es nuestra exclusión institucionalizada por el régimen legislativo del sistema electoral que nos negó la oportunidad efectiva de ejercer el derecho del voto otorgado por la Constitución de la Republica y protegido por convenios internacionales. Nuestros votos fueron anulados aun sin llegar a las urnas el día 2 de julio.
El derecho de cada ciudadano de tomar parte en la conducta de asuntos públicos, el derecho al voto y de ser electo y tener acceso al servicio publico no fue reconocido ni protegido. Se estableció un régimen legal y administrativo que marca una diferencia clara entre la definición de ciudadanía basada en el lugar de residencia, haciendo caso omiso de que los derechos conferidos a cada ciudadano tienen que ser protegidos sin distinciones. Ni la ley del voto en el exterior ni su reglamentación fue objetiva o razonable. Esta impuso numerosas restricciones que hizo difícil el ejerció pleno de los derechos ciudadanos de todos los mexicanos en condiciones de igualdad.
Entre las mas serias esta el de no permitir medidas de empadronamiento en los consulados o embajadas de México—territorio mexicano bajo leyes internacionales—dejo fuera del proceso electoral a millones de mexicanos. Según las normas internacionales, donde el registro de votantes es requerido, este debe de facilitar y no obstaculizar el ejerció del derecho al voto. El Comentario General 25 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas declara que medidas positivas deben de ser tomadas para asegurar que las personas elegibles a votar lo puedan hacer sin impedimentos.
Nunca tomo el IFE los pasos para asegurar que dificultades como impedimentos físicos, de trabajo, de falta de recursos económicos o de falta de libertad de movimiento consecuencia del estado legal migratorio fueran superadas para poder cumplir con el requisito del empadronamiento previo dentro del territorio nacional para poder votar desde el extranjero. Ni tampoco se emprendieron campañas informativas oportunas para facilitar el proceso de registro para aquellos que tenían su tarjeta de elector actualizada. Por lo tanto, la ley, su reglamentación y su implementación no facilito métodos para que todo ciudadano mexicano elegible bajo la Constitución pudiera ejercer su derecho al voto y participación en la elección de sus representantes.
Peor aun fue la descarada violación a los derechos de libertad de expresión, asamblea y asociación impuesta por las leyes electorales a los mexicanos que estamos fuera. El no permitir campañas políticas en el exterior violo el derecho de ciudadanos a tomar parte asuntos públicos y ejercer su influencia a través del debate publico, el dialogo y la organización. La actividad política individual o a con partidos políticos u otras organizaciones juegan un papel significativo y de consolidación de los derechos políticos en cualquier proceso electoral.
La libertad de comunicación de información e ideas en torno a asuntos públicos y políticos entre ciudadano, candidatos y representantes oficiales es esencial para ejercer el voto. Cuidadnos elegibles tienen el derecho de formar opiniones independientes, de fuentes directas y libres de interferencia manipuladoras (como fue la información de los medios de comunicación en EU) que distorsiona o inhiba la libre expresión de la voluntad del votante.
A esto se suma el fracaso del IFE en adoptar medidas que garantizaran el secreto del voto. Cada votante en el extranjero fue identificado previamente en el registro nominal y su respuesta por correo plenamente expuesta a cualquier persona involucrada en el conteo y re-conteo de los votos. El entender que cada voto tenia un nombre y dirección asociado don este jugo un papel de alejar aquellos que se preocupaban por repercusiones a sus familias aun en el país.
Por los hechos antes expuestos, consideramos apropiado que la anulación de los votos de millones de mexicanos elegibles a votar en las elecciones del 2006 se adjunte a las denuncias de las violaciones al los derechos del voto, de electores y de las garantías que otorga a cada y todos los cuidadnos mexicanos un proceso electoral justo, imparcial y libre.
Marísa Jiménez de Houston
