Sunday, December 10, 2006
Cd. Juárez Chih., México - hoy es: 10 de Diciembre del 2006
Proliferan en México los paraísos para pederastas
10 de Diciembre del 2006
Actualizado: 3:46:28 AM hora de Cd. Juárez
Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Cuernavaca y Monterrey se suman a los centros del comercio infantil: estudio
• Explotan sexualmente a 20 mil menores en 21 ciu-dades; ocupa el país quinto lugar en América Latina
Jenaro Villamil
Proceso
Cancún— Sobre la Avenida Tulum, Pedro se acerca a una camioneta Jeep roja, con placas del Distrito Federal, conducida por dos jóvenes adinerados. Son las cuatro de la madrugada. Otros cuatro menores de 18 años observan la escena y comentan: “ya vienen al levantón”. Ellos coquetean también con los clientes nocturnos. Pedro, quien tiene 10 años de edad, es el único que se sube.
Horas después, Pedro será depositado en la misma esquina.
Estos levantones son apenas la parte más visible de un fenómeno que inunda las playas del Caribe mexicano. Otros prefieren buscar el sexoservicio de niños y niñas en alguno de los cibercafés de la Avenida Tulum, a través de los taxistas que conectan con “agencias de masajes” donde uno puede encontrar menores, o con algunas de las exclusivas agencias de viajes que por 7 mil o 10 mil dólares ofrecen en el viaje todo pagado los “servicios eróticos” de infantes.
Pedro es uno de los 3 mil niños que están atrapados en las redes de la explotación sexual infantil de Cancún, según los cálculos conservadores de organizaciones no gubernamentales. Después de Acapulco y Tijuana, este centro vacacional es conocido como uno de los tres sitios más importantes del país en cuanto a la proliferación de ese negocio ilegal.
La dimensión de estas redes en Cancún quedó al descubierto a raíz del escándalo que implicó a Jean Succar Kuri, un empresario de origen libanés acusado de violación y abusos deshonestos, pornografía infantil y corrupción de menores. Las denuncias fueron documentadas originalmente por la asociación civil Protégeme y reseñadas por la periodista Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén.
Para la mayoría de observadores, este caso es apenas “la punta del iceberg” de una compleja trama que involucra al poder político con el poder económico en la pederastia y en la explotación sexual infantil.
El Instituto Nacional de Migración (INM) calcula que esta actividad genera ganancias por 10 mil millones de dólares al año en el mundo, mientras que el Fondo de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) estima en 7 mil millones de dólares los dividendos.
A pesar de que no existe un censo fidedigno sobre el número de menores involucrados en estas redes, los datos disponibles indican que se trata de un tráfico creciente.
El primer estudio, elaborado en el 2000 por la investigadora Elena Azaola, señala que son 11 mil los infantes explotados sexualmente en 21 ciudades del país. Dos años después, la cifra se elevó a 16 mil, de acuerdo con el propio DIF. Otro estudio de 2006 elaborado por Érick Gómez Tagle López, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), estimó en 20 mil el número de menores enganchados en las redes de tráfico sexual en México, cifra que ubica al país en el quinto lugar de América Latina en incidencia de explotación sexual infantil.
En su libro “La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Una aproximación sociológica”, Gómez Tagle confirmó que Cancún, junto con Tijuana, Tapachula, Ciudad Juárez, Acapulco, Cuernavaca, Puerto Vallarta y las delegaciones capitalinas Venustiano Carranza y Cuauhtémoc constituyen los “paraísos” para pederastas y traficantes de menores con fines sexuales.
Otras ciudades donde el fenómeno ha crecido entre 2005 y 2006 son Celaya, Monterrey, Mazatlán, Jalapa, Mérida, Puebla y la zona sur de Tlaxcala, de acuerdo con el estudio de Gómez Tagle.
La ex directora nacional del DIF Ana Rosa Payán reconoce que las autoridades federales y estatales han sido rebasadas por el problema. La falta de “coordinación, sensibilización y presupuesto” de 32 organismos de gobierno que forman parte de la Comisión de Explotación Sexual e Infantil ha evitado un combate eficaz de esta práctica, advierte Payán.
Entrevistada antes de concluir su encargo en el DIF, Payán considera que el principal desafío es “que los vicios nos ganan”. Y advierte: “Las redes de Internet son muy grandes, y es difícil combatirlas con la legislación actual”.
Datos de la organización Casa Alianza calculan que entre el 40 y el 60 por ciento de las ganancias de los cibersitios se derivan de la pornografía infantil. Y es que en todo el mundo existen 4 millones de páginas web dedicadas a la pederastia. Diariamente se abren 500 nuevas.
La Dirección de Tráfico y Contrabando de la Policía Federal Preventiva ha desarticulado apenas poco más de 400 sitios en Internet dedicados a este negocio. Casa Alianza asegura que de los 50 proveedores de servicio de acceso a la red en México, sólo cuatro ofrecen software de bloqueo.
Iniciativa en la “congeladora”
Angélica de la Peña, diputada federal por el PRD en la pasada Legislatura, promovió reformas al Código Penal Federal para sancionar con mayor rigor los delitos relacionados con el abuso contra menores; en particular para eliminar conceptos peyorativos y discriminatorios contra niños y niñas a los que se acusaba de prostitución o lenocinio consentido.
La propuesta de De la Peña prevé sanciones contra prestadores de servicios: taxistas, agencias de viajes y hoteles, e incluso contra cantinas donde se emplea a menores que se prostituyen, así como los sitios de Internet dedicados a la pornografía.
Sin embargo, la minuta aprobada en la Cámara de Diputados quedó “congelada” en el Senado debido a que en ese período legislativo se destapó el escándalo de Succar Kuri.
De la Peña, quien ahora es consultora del UNICEF, insiste en que no sólo debe aprobarse la minuta legislativa sino impulsar reformas al artículo cuarto constitucional en las entidades donde aún no se incorporan los derechos humanos de las niñas y niños.
En México, subraya De la Peña, el turismo sexual infantil se desató después del tsunami asiático que afectó -en diciembre de 2004- a países como Tailandia, considerado por los organismos internacionales como el mayor paraíso de los pederastas.
En ese país, alrededor de 800 mil niños y niñas están enganchados en el llamado “turismo sexual”, según cifras oficiales de esos organismos. Después del tsunami, este negocio “se vino a México y a Brasil”, afirma De la Peña.
La ex legisladora asegura que, además de las redes identificadas de prostitución sexual infantil, “hay otra parte invisible del fenómeno en la que no hay paga de por medio, pero donde son muy marcadas la explotación, el abuso, el maltrato y la violación sexual. En esta fase intervienen varios actores; prácticamente el 90 por ciento es gente cercana a los niños y niñas”.
Agrega que esas redes invisibles las conforman profesores, médicos, dirigentes de boys scouts, ministros de culto, vecinos y parientes.
“Las víctimas -puntualiza- no reciben una paga de por medio; son violentadas. Es una explotación en donde una niña o un niño tienen que salir huyendo. La inmensa mayoría de los niños en situación de calle han huido porque han sido violentados sexualmente.”
El relator especial del UNICEF, Norbert Liwski, quien recientemente visitó México, asegura que entre las 78 recomendaciones enviadas al gobierno federal sobre los derechos de los niños y niñas se puso énfasis en la necesidad “tipificar delitos como la explotación, la trata y el secuestro de niños, además de aplicar programas apropiados para prestar asistencia y reintegrar a los niños que han sido víctimas de explotación”.
Además, en el informe del Comité de Derechos del Niño del UNICEF se recomienda incrementar la capacidad del DIF y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para proteger también a los menores migrantes, en especial a los de Centroamérica, quienes son presas fáciles de la redes explotación sexual, sobre todo en su tránsito por Tapachula y Cancún.
En particular, UNICEF pide al gobierno mexicano que “se enjuicie a los autores” de los delitos de explotación, trata y secuestro de niños y que se adopten “medidas más enérgicas y enfoques multidisciplinarios y multisectoriales” para prevenir y combatir la trata y explotación sexual de infantes y adolescentes.
Un juicio lento
Angélica de la Peña considera que es tarea impostergable cumplir con las recomendaciones del UNICEF y señala que casos como el de Jean Succar tienen que tratarse a fondo, pues como éste hay muchos en el país.
Y abunda: “Tenemos que hablar con la verdad y mandar mensajes claros, principalmente a los varones, para que replanteen sus prácticas sexuales, para que sepan que si compran sexo con un adolescente o con una niña cometen un delito grave, que violentar a un niño o a una niña menor de 18 años es igual de grave”.
La consultora del UNICEF no se explica por qué el juicio contra Succar Kuri se está demorando, a pesar de que él mismo confesó sus delitos. Es paradójico que mientras crece la presión para legislar y sancionar a quienes cometan los delitos de pederastia, pornografía y explotación sexual infantil, no se avance en el caso del pederasta de origen libanés. “Cada vez se conocen nuevas evidencias de corrupción y colusión de las autoridades de Quintana Roo en torno a este personaje”, sostiene De la Peña.
Xavier Olea, abogado de las menores y de la periodista Lydia Cacho, advierte que “la defensa de Succar está apostando a la corrupción”. Apenas el pasado 14 de noviembre, por ejemplo, Succar Kuri fue trasladado de la cárcel municipal de Cancún al penal de máxima seguridad de La Palma, llamado ahora del Altiplano, debido a versiones que confirmaban la posibilidad de una fuga y a la presunta corrupción ejercida por el abogado de Succar, Wenceslao Cisneros, defensor también de narcotraficantes y que, según Olea, “tiene contactos con la mafia”.
Focos rojos
Los paraísos de pederastas
••Cancún
••Tijuana
••Tapachula
••Ciudad Juárez
••Acapulco
••Cuernavaca
••Puerto Vallarta
••Las delegaciones capitalinas Venustiano Carranza y Cuauhtémoc
Fenómeno creciente en:
••Celaya
••Monterrey
••Mazatlán
••Jalapa
••Mérida
••Puebla
••Tlaxcala
Fuente: Libro ‘La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Una aproximación sociológica’ de Érick Gómez Tagle López
http://diario.com.mx/nota.asp?notaid=a535b2c7cf02c18049fca2aa4151e79d
Diario Digital 2003©
Proliferan en México los paraísos para pederastas
10 de Diciembre del 2006
Actualizado: 3:46:28 AM hora de Cd. Juárez
Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Cuernavaca y Monterrey se suman a los centros del comercio infantil: estudio
• Explotan sexualmente a 20 mil menores en 21 ciu-dades; ocupa el país quinto lugar en América Latina
Jenaro Villamil
Proceso
Cancún— Sobre la Avenida Tulum, Pedro se acerca a una camioneta Jeep roja, con placas del Distrito Federal, conducida por dos jóvenes adinerados. Son las cuatro de la madrugada. Otros cuatro menores de 18 años observan la escena y comentan: “ya vienen al levantón”. Ellos coquetean también con los clientes nocturnos. Pedro, quien tiene 10 años de edad, es el único que se sube.
Horas después, Pedro será depositado en la misma esquina.
Estos levantones son apenas la parte más visible de un fenómeno que inunda las playas del Caribe mexicano. Otros prefieren buscar el sexoservicio de niños y niñas en alguno de los cibercafés de la Avenida Tulum, a través de los taxistas que conectan con “agencias de masajes” donde uno puede encontrar menores, o con algunas de las exclusivas agencias de viajes que por 7 mil o 10 mil dólares ofrecen en el viaje todo pagado los “servicios eróticos” de infantes.
Pedro es uno de los 3 mil niños que están atrapados en las redes de la explotación sexual infantil de Cancún, según los cálculos conservadores de organizaciones no gubernamentales. Después de Acapulco y Tijuana, este centro vacacional es conocido como uno de los tres sitios más importantes del país en cuanto a la proliferación de ese negocio ilegal.
La dimensión de estas redes en Cancún quedó al descubierto a raíz del escándalo que implicó a Jean Succar Kuri, un empresario de origen libanés acusado de violación y abusos deshonestos, pornografía infantil y corrupción de menores. Las denuncias fueron documentadas originalmente por la asociación civil Protégeme y reseñadas por la periodista Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén.
Para la mayoría de observadores, este caso es apenas “la punta del iceberg” de una compleja trama que involucra al poder político con el poder económico en la pederastia y en la explotación sexual infantil.
El Instituto Nacional de Migración (INM) calcula que esta actividad genera ganancias por 10 mil millones de dólares al año en el mundo, mientras que el Fondo de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) estima en 7 mil millones de dólares los dividendos.
A pesar de que no existe un censo fidedigno sobre el número de menores involucrados en estas redes, los datos disponibles indican que se trata de un tráfico creciente.
El primer estudio, elaborado en el 2000 por la investigadora Elena Azaola, señala que son 11 mil los infantes explotados sexualmente en 21 ciudades del país. Dos años después, la cifra se elevó a 16 mil, de acuerdo con el propio DIF. Otro estudio de 2006 elaborado por Érick Gómez Tagle López, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), estimó en 20 mil el número de menores enganchados en las redes de tráfico sexual en México, cifra que ubica al país en el quinto lugar de América Latina en incidencia de explotación sexual infantil.
En su libro “La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Una aproximación sociológica”, Gómez Tagle confirmó que Cancún, junto con Tijuana, Tapachula, Ciudad Juárez, Acapulco, Cuernavaca, Puerto Vallarta y las delegaciones capitalinas Venustiano Carranza y Cuauhtémoc constituyen los “paraísos” para pederastas y traficantes de menores con fines sexuales.
Otras ciudades donde el fenómeno ha crecido entre 2005 y 2006 son Celaya, Monterrey, Mazatlán, Jalapa, Mérida, Puebla y la zona sur de Tlaxcala, de acuerdo con el estudio de Gómez Tagle.
La ex directora nacional del DIF Ana Rosa Payán reconoce que las autoridades federales y estatales han sido rebasadas por el problema. La falta de “coordinación, sensibilización y presupuesto” de 32 organismos de gobierno que forman parte de la Comisión de Explotación Sexual e Infantil ha evitado un combate eficaz de esta práctica, advierte Payán.
Entrevistada antes de concluir su encargo en el DIF, Payán considera que el principal desafío es “que los vicios nos ganan”. Y advierte: “Las redes de Internet son muy grandes, y es difícil combatirlas con la legislación actual”.
Datos de la organización Casa Alianza calculan que entre el 40 y el 60 por ciento de las ganancias de los cibersitios se derivan de la pornografía infantil. Y es que en todo el mundo existen 4 millones de páginas web dedicadas a la pederastia. Diariamente se abren 500 nuevas.
La Dirección de Tráfico y Contrabando de la Policía Federal Preventiva ha desarticulado apenas poco más de 400 sitios en Internet dedicados a este negocio. Casa Alianza asegura que de los 50 proveedores de servicio de acceso a la red en México, sólo cuatro ofrecen software de bloqueo.
Iniciativa en la “congeladora”
Angélica de la Peña, diputada federal por el PRD en la pasada Legislatura, promovió reformas al Código Penal Federal para sancionar con mayor rigor los delitos relacionados con el abuso contra menores; en particular para eliminar conceptos peyorativos y discriminatorios contra niños y niñas a los que se acusaba de prostitución o lenocinio consentido.
La propuesta de De la Peña prevé sanciones contra prestadores de servicios: taxistas, agencias de viajes y hoteles, e incluso contra cantinas donde se emplea a menores que se prostituyen, así como los sitios de Internet dedicados a la pornografía.
Sin embargo, la minuta aprobada en la Cámara de Diputados quedó “congelada” en el Senado debido a que en ese período legislativo se destapó el escándalo de Succar Kuri.
De la Peña, quien ahora es consultora del UNICEF, insiste en que no sólo debe aprobarse la minuta legislativa sino impulsar reformas al artículo cuarto constitucional en las entidades donde aún no se incorporan los derechos humanos de las niñas y niños.
En México, subraya De la Peña, el turismo sexual infantil se desató después del tsunami asiático que afectó -en diciembre de 2004- a países como Tailandia, considerado por los organismos internacionales como el mayor paraíso de los pederastas.
En ese país, alrededor de 800 mil niños y niñas están enganchados en el llamado “turismo sexual”, según cifras oficiales de esos organismos. Después del tsunami, este negocio “se vino a México y a Brasil”, afirma De la Peña.
La ex legisladora asegura que, además de las redes identificadas de prostitución sexual infantil, “hay otra parte invisible del fenómeno en la que no hay paga de por medio, pero donde son muy marcadas la explotación, el abuso, el maltrato y la violación sexual. En esta fase intervienen varios actores; prácticamente el 90 por ciento es gente cercana a los niños y niñas”.
Agrega que esas redes invisibles las conforman profesores, médicos, dirigentes de boys scouts, ministros de culto, vecinos y parientes.
“Las víctimas -puntualiza- no reciben una paga de por medio; son violentadas. Es una explotación en donde una niña o un niño tienen que salir huyendo. La inmensa mayoría de los niños en situación de calle han huido porque han sido violentados sexualmente.”
El relator especial del UNICEF, Norbert Liwski, quien recientemente visitó México, asegura que entre las 78 recomendaciones enviadas al gobierno federal sobre los derechos de los niños y niñas se puso énfasis en la necesidad “tipificar delitos como la explotación, la trata y el secuestro de niños, además de aplicar programas apropiados para prestar asistencia y reintegrar a los niños que han sido víctimas de explotación”.
Además, en el informe del Comité de Derechos del Niño del UNICEF se recomienda incrementar la capacidad del DIF y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para proteger también a los menores migrantes, en especial a los de Centroamérica, quienes son presas fáciles de la redes explotación sexual, sobre todo en su tránsito por Tapachula y Cancún.
En particular, UNICEF pide al gobierno mexicano que “se enjuicie a los autores” de los delitos de explotación, trata y secuestro de niños y que se adopten “medidas más enérgicas y enfoques multidisciplinarios y multisectoriales” para prevenir y combatir la trata y explotación sexual de infantes y adolescentes.
Un juicio lento
Angélica de la Peña considera que es tarea impostergable cumplir con las recomendaciones del UNICEF y señala que casos como el de Jean Succar tienen que tratarse a fondo, pues como éste hay muchos en el país.
Y abunda: “Tenemos que hablar con la verdad y mandar mensajes claros, principalmente a los varones, para que replanteen sus prácticas sexuales, para que sepan que si compran sexo con un adolescente o con una niña cometen un delito grave, que violentar a un niño o a una niña menor de 18 años es igual de grave”.
La consultora del UNICEF no se explica por qué el juicio contra Succar Kuri se está demorando, a pesar de que él mismo confesó sus delitos. Es paradójico que mientras crece la presión para legislar y sancionar a quienes cometan los delitos de pederastia, pornografía y explotación sexual infantil, no se avance en el caso del pederasta de origen libanés. “Cada vez se conocen nuevas evidencias de corrupción y colusión de las autoridades de Quintana Roo en torno a este personaje”, sostiene De la Peña.
Xavier Olea, abogado de las menores y de la periodista Lydia Cacho, advierte que “la defensa de Succar está apostando a la corrupción”. Apenas el pasado 14 de noviembre, por ejemplo, Succar Kuri fue trasladado de la cárcel municipal de Cancún al penal de máxima seguridad de La Palma, llamado ahora del Altiplano, debido a versiones que confirmaban la posibilidad de una fuga y a la presunta corrupción ejercida por el abogado de Succar, Wenceslao Cisneros, defensor también de narcotraficantes y que, según Olea, “tiene contactos con la mafia”.
Focos rojos
Los paraísos de pederastas
••Cancún
••Tijuana
••Tapachula
••Ciudad Juárez
••Acapulco
••Cuernavaca
••Puerto Vallarta
••Las delegaciones capitalinas Venustiano Carranza y Cuauhtémoc
Fenómeno creciente en:
••Celaya
••Monterrey
••Mazatlán
••Jalapa
••Mérida
••Puebla
••Tlaxcala
Fuente: Libro ‘La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Una aproximación sociológica’ de Érick Gómez Tagle López
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Cd. Juárez Chih., México - hoy es: 10 de Diciembre del 2006
Un nuevo sheriff en el pueblo
10 de Diciembre del 2006
Actualizado: 3:53:13 AM hora de Cd. Juárez
Jorge Zepeda Patterson
Distrito Federal— Felipe Calderón no ha ahorrado esfuerzos para comunicarle a la nación que ya existe presidente. Su equipo ha preparado una andanada de medidas y decisiones para mostrar que frente a la parálisis que caracterizó el gobierno de Vicente Fox, “el nuevo sheriff” no perderá ocasión para ejercer su autoridad. En lo general es una estrategia correcta hacer saber que hay alguien al mando, pero la manera en que lo está haciendo podría desencadenar peligros mayores.
El presidente entrante se ha convencido de que México necesita un gobierno parecido al de Álvaro Uribe, exitoso mandatario colombiano, conocido por su mano dura y su austeridad. Un cruce tropicalizado de Ernesto Zedillo y Rudy Giuliani. Todo indica que el equipo de Calderón apostará por este populismo conservador, a partir de la exigencia de seguridad y estabilidad de parte de las clases medias y altas, de los medios de comunicación y de los poderes económicos. La detención de Flavio Sosa, de la APPO, difundida en televisión como si fuese el líder de un cártel y la aparente supresión del conflicto de Oaxaca, como si hubiese consistido simplemente en un capricho de revoltosos, es una señal en ese sentido.
Habría que decir que el propio López Obrador ha dado la coartada perfecta para que el gobierno entrante aspire a “posicionarse” con esta estrategia de populismo conservador. Los llamados a reventar las instituciones y provocar la ingobernabilidad por parte de los perredistas, han propiciado que amplios sectores de la población comiencen a preferir la estabilidad que la democracia, la gobernabilidad que la justicia. A la opinión pública le queda claro que es un acto injusto detener a los líderes de la APPO y al mismo tiempo dejar impunes los delitos del gobernador Ulises Ruiz.
Incluso los sectores conservadores exigían la aplicación del estado de derecho en la entidad, ante los “desmanes” de la APPO y los crímenes de los esbirros del gobernador. Pero la medida unilateral del gobierno en contra de uno solo de los polos en disputa, no indigna a las buenas conciencias a pesar del trato desigual, si a cambio de eso se restablece la tranquilidad social, aunque sea de manera aparente. El populismo conservador apela a la estabilidad y a la seguridad, por encima de los criterios de justicia social o democracia. Un sheriff de mano firme, aunque en ocasiones se le pase. A juicio de ellos es preferible un exceso de la autoridad, que el caos de la inacción.
Por desgracia, este enfoque suele postergar los problemas, pero aumenta su gravedad. El autoritarismo de un padre de familia permite comer en santa paz en la mesa, pero no resuelve las frustraciones de una esposa o de un hijo en problemas. Reprimir movimientos sociales y encarcelar a sus líderes, es la ruta más rápida para producir grupos subversivos y guerrilleros en las sierras y los cinturones urbanos. Los que suspiran por la firmeza de Díaz Ordaz ya olvidaron lo que desencadenó poco después.
Pese a la retórica a lo largo de estos meses y una primera gira al municipio más pobre del país, el gabinete de Calderón y su presupuesto para el 2007 pintan de cuerpo entero su estrategia. Su gabinete es un gabinete de guerra, contrario a las promesas de “extender la mano” y gobernar junto con el otro 65 por ciento que no votó por él.
Calderón desaprovechó la oportunidad de nombrar a personajes importantes, equidistantes de la polarización; hombres y mujeres respetados por todas las fuerzas políticas. El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, no es un hombre de talante firme dispuesto a aplicar el estado de derecho. En realidad se trata de una regresión; representa el arribo del autoritarismo arbitrario y caprichoso. Como gobernador en Jalisco su desempeño estuvo caracterizado por un despliegue de “machismo político” (el gobernador está por encima de las leyes). Su subsecretario de gobierno y brazo derecho, Abraham González, afirmó el viernes que habrán de “limitar los movimientos sociales que pudieran afectar la paz social”, como si el gobierno pudiese indicarle a la sociedad cuáles reivindicaciones son aceptables y cuáles no tienen derecho a expresarse.
Primero la gobernabilidad, luego la democracia. No perciben que la democracia es la única garantía de gobernabilidad de largo plazo. Cerrar el paso a los grupos inconformes ciertamente genera estabilidad momentánea, pero al no poder canalizarse democráticamente, estas inconformidades se harán subterráneas hasta explotar en movimientos violentos ya sea de manera clandestina o como explosiones sociales súbitas y disruptivas.
La designación de Medina Mora en la PGR, un panista conservador, representa una oportunidad perdida. México es el único país “democrático” en donde la persecución de los delitos está asignada a una rama del Ejecutivo. No hay posibilidad de confiar en la imparcialidad de toda intervención policiaca que roce lo político. En lugar de optar por un abogado universalmente respetado y darle un mínimo de autonomía y legitimidad a la procuración de justicia, Calderón hace de ésta una prerrogativa de su gobierno.
Por su parte, el presupuesto refleja la misma estrategia. Fuertes recortes a educación, a construcción de carreteras rurales, al combate al sida. El mayor aumento es para seguridad, pero se disminuyen las partidas a las policías estatales y municipales (en donde son mayoría los gobiernos de otros partidos). Es decir, pocos recursos a la pluralidad y al desarrollo social de largo aliento (justamente educación e infraestructura). Aumenta el gasto social en subsidios para el empleo provisional y en general para los síntomas de la pobreza, pero no para su resolución. En política, mano firme; en estrategia social, caridad cristiana. Es más fácil y de efecto inmediato regalar pan, que ayudar a montar una panadería.
Calderón parece encantado con este populismo conservador que le exige firmeza y acciones rápidas. Un sheriff decidido a imponer el orden, aunque sea el orden que dictan aquellos que lo contrataron. El problema es que los mexicanos no necesitamos a un sheriff, sino a un jefe de Estado.
http://diario.com.mx/nota.asp?notaid=072dd5cb65b758b5dbd6a0ad941fa155
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Un nuevo sheriff en el pueblo
10 de Diciembre del 2006
Actualizado: 3:53:13 AM hora de Cd. Juárez
Jorge Zepeda Patterson
Distrito Federal— Felipe Calderón no ha ahorrado esfuerzos para comunicarle a la nación que ya existe presidente. Su equipo ha preparado una andanada de medidas y decisiones para mostrar que frente a la parálisis que caracterizó el gobierno de Vicente Fox, “el nuevo sheriff” no perderá ocasión para ejercer su autoridad. En lo general es una estrategia correcta hacer saber que hay alguien al mando, pero la manera en que lo está haciendo podría desencadenar peligros mayores.
El presidente entrante se ha convencido de que México necesita un gobierno parecido al de Álvaro Uribe, exitoso mandatario colombiano, conocido por su mano dura y su austeridad. Un cruce tropicalizado de Ernesto Zedillo y Rudy Giuliani. Todo indica que el equipo de Calderón apostará por este populismo conservador, a partir de la exigencia de seguridad y estabilidad de parte de las clases medias y altas, de los medios de comunicación y de los poderes económicos. La detención de Flavio Sosa, de la APPO, difundida en televisión como si fuese el líder de un cártel y la aparente supresión del conflicto de Oaxaca, como si hubiese consistido simplemente en un capricho de revoltosos, es una señal en ese sentido.
Habría que decir que el propio López Obrador ha dado la coartada perfecta para que el gobierno entrante aspire a “posicionarse” con esta estrategia de populismo conservador. Los llamados a reventar las instituciones y provocar la ingobernabilidad por parte de los perredistas, han propiciado que amplios sectores de la población comiencen a preferir la estabilidad que la democracia, la gobernabilidad que la justicia. A la opinión pública le queda claro que es un acto injusto detener a los líderes de la APPO y al mismo tiempo dejar impunes los delitos del gobernador Ulises Ruiz.
Incluso los sectores conservadores exigían la aplicación del estado de derecho en la entidad, ante los “desmanes” de la APPO y los crímenes de los esbirros del gobernador. Pero la medida unilateral del gobierno en contra de uno solo de los polos en disputa, no indigna a las buenas conciencias a pesar del trato desigual, si a cambio de eso se restablece la tranquilidad social, aunque sea de manera aparente. El populismo conservador apela a la estabilidad y a la seguridad, por encima de los criterios de justicia social o democracia. Un sheriff de mano firme, aunque en ocasiones se le pase. A juicio de ellos es preferible un exceso de la autoridad, que el caos de la inacción.
Por desgracia, este enfoque suele postergar los problemas, pero aumenta su gravedad. El autoritarismo de un padre de familia permite comer en santa paz en la mesa, pero no resuelve las frustraciones de una esposa o de un hijo en problemas. Reprimir movimientos sociales y encarcelar a sus líderes, es la ruta más rápida para producir grupos subversivos y guerrilleros en las sierras y los cinturones urbanos. Los que suspiran por la firmeza de Díaz Ordaz ya olvidaron lo que desencadenó poco después.
Pese a la retórica a lo largo de estos meses y una primera gira al municipio más pobre del país, el gabinete de Calderón y su presupuesto para el 2007 pintan de cuerpo entero su estrategia. Su gabinete es un gabinete de guerra, contrario a las promesas de “extender la mano” y gobernar junto con el otro 65 por ciento que no votó por él.
Calderón desaprovechó la oportunidad de nombrar a personajes importantes, equidistantes de la polarización; hombres y mujeres respetados por todas las fuerzas políticas. El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, no es un hombre de talante firme dispuesto a aplicar el estado de derecho. En realidad se trata de una regresión; representa el arribo del autoritarismo arbitrario y caprichoso. Como gobernador en Jalisco su desempeño estuvo caracterizado por un despliegue de “machismo político” (el gobernador está por encima de las leyes). Su subsecretario de gobierno y brazo derecho, Abraham González, afirmó el viernes que habrán de “limitar los movimientos sociales que pudieran afectar la paz social”, como si el gobierno pudiese indicarle a la sociedad cuáles reivindicaciones son aceptables y cuáles no tienen derecho a expresarse.
Primero la gobernabilidad, luego la democracia. No perciben que la democracia es la única garantía de gobernabilidad de largo plazo. Cerrar el paso a los grupos inconformes ciertamente genera estabilidad momentánea, pero al no poder canalizarse democráticamente, estas inconformidades se harán subterráneas hasta explotar en movimientos violentos ya sea de manera clandestina o como explosiones sociales súbitas y disruptivas.
La designación de Medina Mora en la PGR, un panista conservador, representa una oportunidad perdida. México es el único país “democrático” en donde la persecución de los delitos está asignada a una rama del Ejecutivo. No hay posibilidad de confiar en la imparcialidad de toda intervención policiaca que roce lo político. En lugar de optar por un abogado universalmente respetado y darle un mínimo de autonomía y legitimidad a la procuración de justicia, Calderón hace de ésta una prerrogativa de su gobierno.
Por su parte, el presupuesto refleja la misma estrategia. Fuertes recortes a educación, a construcción de carreteras rurales, al combate al sida. El mayor aumento es para seguridad, pero se disminuyen las partidas a las policías estatales y municipales (en donde son mayoría los gobiernos de otros partidos). Es decir, pocos recursos a la pluralidad y al desarrollo social de largo aliento (justamente educación e infraestructura). Aumenta el gasto social en subsidios para el empleo provisional y en general para los síntomas de la pobreza, pero no para su resolución. En política, mano firme; en estrategia social, caridad cristiana. Es más fácil y de efecto inmediato regalar pan, que ayudar a montar una panadería.
Calderón parece encantado con este populismo conservador que le exige firmeza y acciones rápidas. Un sheriff decidido a imponer el orden, aunque sea el orden que dictan aquellos que lo contrataron. El problema es que los mexicanos no necesitamos a un sheriff, sino a un jefe de Estado.
http://diario.com.mx/nota.asp?notaid=072dd5cb65b758b5dbd6a0ad941fa155
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