Thursday, August 17, 2006
AMLO ACLARA UNOS PUNTOS
El Ejército no debe suplir incapacidades del Gobierno: AMLO
Jorge Ramos El Universal Ciudad de México Jueves 17 de agosto de 2006
López Obrador asegura que no darán ningún motivo para que se utilicen las tanquetas
20:25 Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Ejército no debe ser utilizado para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles y mucho menos para reprimir al pueblo.
El perredista, en su “Asamblea Informativa” de cada día en el Zócalo de la Ciudad de México, también dijo a sus seguidores que no hagan caso de rumores que hablan de que el próximo sábado por la noche van a ser desalojados por la Policía Federal Preventiva (PFP).
Sin embargo, López Obrador advirtió: “vamos a seguir con nuestro movimiento”, apretando el puño sobre el atril.
El tabasqueño dijo: “¿qué está pensando Fox y quienes le rodean?, ¿qué van a sentar en la Presidencia a un pelele con el apoyo del Ejército?, se equivoca”.
El aspirante de la coalición “Por el Bien de Todos”, no obstante, dijo que el gobierno se equivoca. “Nosotros no vamos a dar ningún motivo, no les vamos a dar gusto de que utilicen las tanquetas”.
El político perredista también dijo que “tengo un gran respeto por el Ejército. Es una institución fundamental”.
Jorge Ramos El Universal Ciudad de México Jueves 17 de agosto de 2006
López Obrador asegura que no darán ningún motivo para que se utilicen las tanquetas
20:25 Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Ejército no debe ser utilizado para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles y mucho menos para reprimir al pueblo.
El perredista, en su “Asamblea Informativa” de cada día en el Zócalo de la Ciudad de México, también dijo a sus seguidores que no hagan caso de rumores que hablan de que el próximo sábado por la noche van a ser desalojados por la Policía Federal Preventiva (PFP).
Sin embargo, López Obrador advirtió: “vamos a seguir con nuestro movimiento”, apretando el puño sobre el atril.
El tabasqueño dijo: “¿qué está pensando Fox y quienes le rodean?, ¿qué van a sentar en la Presidencia a un pelele con el apoyo del Ejército?, se equivoca”.
El aspirante de la coalición “Por el Bien de Todos”, no obstante, dijo que el gobierno se equivoca. “Nosotros no vamos a dar ningún motivo, no les vamos a dar gusto de que utilicen las tanquetas”.
El político perredista también dijo que “tengo un gran respeto por el Ejército. Es una institución fundamental”.
Jueves 17 de agosto de 2006
Octavio Rodríguez Araujo
Golpe de Estado ex ante
Me voy a permitir usar, con perdón de Gunnar Myrdal (si estuviera vivo), dos expresiones del campo de la economía para clasificar los dos tipos de golpe de Estado posibles en nuestros tiempos. Las expresiones de Myrdal son ex ante y ex post. La primera quiere decir "de antemano" y la segunda se refiere al presente o a algo ya realizado. Mi uso de estas expresiones es por analogía y no tiene nada que ver con el que le dan los economistas.
De lo anterior planteo que hay golpes de Estado ex ante y ex post. No debe olvidarse que, por definición, los golpes de Estado sólo se llevan a cabo desde los órganos del mismo Estado, independientemente de que sean auspiciados desde el exterior (por fuerzas extranjeras) o desde el interior (por fuerzas internas). Los más comunes a lo largo de la historia han sido los ex post, es decir, los que se realizan en contra de un poder instituido en curso, por ejemplo contra Salvador Allende en Chile o, más recientemente (2002), contra Hugo Chávez en Venezuela, aunque en este caso no resultara y fuera revertido. Los golpes de Estado ex ante se preparan antes de que un nuevo gobierno se instale y se llevan a cabo evitando que un opositor al régimen gane la elección. En el primer caso es necesaria una división previa del ejército para que una facción domine sobre la otra y sea posible otro gobierno de orientación distinta apoyado en las bayonetas o directamente en manos militares. En el segundo caso los militares permanecen al margen y el golpe se lleva a cabo impidiendo, a cualquier costo, que un opositor gane y rompa con su gobierno la continuidad del que está en curso y de las fuerzas que lo apoyan por diversas razones.
El modelo de los golpes de Estado ex ante es el que me interesa desarrollar en esta entrega. Se trata de aquellas acciones, desde los órganos del mismo Estado, que tienden a evitar que un partido o un candidato ocupe la jefatura del gobierno de un país, de preferencia sin derramamiento de sangre y con base en un uso a conveniencia de las leyes existentes y trucando las elecciones mediante diversos métodos cada vez más sofisticados.
Un ejemplo mexicano de golpe de Estado ex ante fue el de 1988. Dado que la ley electoral en aquellos momentos no impedía la formación de un frente electoral de varios partidos en apoyo a un candidato, no se pudo impedir que Cuauhtémoc Cárdenas fuera el contendiente principal a derrotar. Cuando el gobierno de Miguel de la Madrid se percató de que el michoacano estaba ganando, optó por desconectar el sistema de cómputo e inventar sus propias cifras para dar el triunfo a un continuador de las políticas neoliberales en curso: Carlos Salinas de Gortari. Quizá -porque no tengo forma de demostrarlo- Colosio fue asesinado por lo mismo: porque a pesar de haber sido el candidato del PRI su proyecto no coincidía puntualmente con el del gobernante espurio producto del golpe de Estado ex ante, burdo por añadidura. El cuerpo del delito (los votos) fue primero resguardado por el ejército bajo las órdenes del presidente, y luego quemado para evitar cualquier comprobación en sentido contrario a los "resultados electorales oficiales".
Los votos de aquella elección nunca pudieron contarse, por lo que muchos mexicanos nos quedamos con la certidumbre de que nuestra voluntad había sido burlada y, por supuesto, cubierta con la legalidad del poder. Salinas fue ilegítimo, pero se intentó a toda costa que fuera legal, gracias a que las leyes no sólo están hechas para beneficio de quienes tienen el poder, sino que sus intérpretes son parte del mismo poder y, desde luego, corruptibles.
Recientemente tuvimos dos ejemplos más de golpe de Estado ex ante, pero en Estados Unidos. George W. Bush, con la complicidad de su hermano Jeb (gobernador de Florida), del ex alcalde de Miami, Xavier Suarez, experto en fraudes electorales, y del Tribunal Supremo (Suprema Corte), presidido por William Rehnquist (el mismo que le tomó la protesta a Bush), ganó a Al Gore en 2000 trampeando la base de datos del sistema de cómputo en Florida. Casi lo mismo se hizo en 2004, pero en Ohio, contra John Kerry.
Lo que hemos visto, leído y analizado en México, desde el famoso desafuero hasta las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), embona perfectamente en la caracterización de un golpe de Estado ex ante. El poder del Estado y el uso conveniente de la legislación ha tratado de impedir, a toda costa (y costo), que López Obrador sea presidente del país. El Presidente de la República, la mayoría aplastante y mecánica del PRI y del PAN en el Congreso de la Unión (principalmente en la Cámara de Diputados), el supuesto órgano autónomo conocido como Instituto Federal Electoral y el Poder Judicial (incluido el TEPJF), todos unidos con las fuerzas oligárquicas del capital y de la Iglesia católica, han llevado a cabo un golpe de Estado ex ante para evitar que se rompa con la continuidad neoliberal inaugurada en 1982 y que se afecte a los beneficiarios principales de estos gobiernos.
¿Pruebas? Aparte de todas las que ya se han exhibido, con una basta y sobra: todos los mencionados en el párrafo anterior, más Felipe Calderón y asociados, se han opuesto a que se cuenten los votos en su totalidad. Si se supieran vencedores hubieran sido los primeros en pedir que se contaran. El golpe de Estado de ahora es menos burdo que el de 1988. Aun así, ¿lo aceptaremos? Yo no. La consigna "voto por voto" sigue vigente.
© Derechos Reservados 1996-2005 DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.Todos los Derechos Reservados.Derechos de Autor 04-2005-011817321500-203.
Octavio Rodríguez Araujo
Golpe de Estado ex ante
Me voy a permitir usar, con perdón de Gunnar Myrdal (si estuviera vivo), dos expresiones del campo de la economía para clasificar los dos tipos de golpe de Estado posibles en nuestros tiempos. Las expresiones de Myrdal son ex ante y ex post. La primera quiere decir "de antemano" y la segunda se refiere al presente o a algo ya realizado. Mi uso de estas expresiones es por analogía y no tiene nada que ver con el que le dan los economistas.
De lo anterior planteo que hay golpes de Estado ex ante y ex post. No debe olvidarse que, por definición, los golpes de Estado sólo se llevan a cabo desde los órganos del mismo Estado, independientemente de que sean auspiciados desde el exterior (por fuerzas extranjeras) o desde el interior (por fuerzas internas). Los más comunes a lo largo de la historia han sido los ex post, es decir, los que se realizan en contra de un poder instituido en curso, por ejemplo contra Salvador Allende en Chile o, más recientemente (2002), contra Hugo Chávez en Venezuela, aunque en este caso no resultara y fuera revertido. Los golpes de Estado ex ante se preparan antes de que un nuevo gobierno se instale y se llevan a cabo evitando que un opositor al régimen gane la elección. En el primer caso es necesaria una división previa del ejército para que una facción domine sobre la otra y sea posible otro gobierno de orientación distinta apoyado en las bayonetas o directamente en manos militares. En el segundo caso los militares permanecen al margen y el golpe se lleva a cabo impidiendo, a cualquier costo, que un opositor gane y rompa con su gobierno la continuidad del que está en curso y de las fuerzas que lo apoyan por diversas razones.
El modelo de los golpes de Estado ex ante es el que me interesa desarrollar en esta entrega. Se trata de aquellas acciones, desde los órganos del mismo Estado, que tienden a evitar que un partido o un candidato ocupe la jefatura del gobierno de un país, de preferencia sin derramamiento de sangre y con base en un uso a conveniencia de las leyes existentes y trucando las elecciones mediante diversos métodos cada vez más sofisticados.
Un ejemplo mexicano de golpe de Estado ex ante fue el de 1988. Dado que la ley electoral en aquellos momentos no impedía la formación de un frente electoral de varios partidos en apoyo a un candidato, no se pudo impedir que Cuauhtémoc Cárdenas fuera el contendiente principal a derrotar. Cuando el gobierno de Miguel de la Madrid se percató de que el michoacano estaba ganando, optó por desconectar el sistema de cómputo e inventar sus propias cifras para dar el triunfo a un continuador de las políticas neoliberales en curso: Carlos Salinas de Gortari. Quizá -porque no tengo forma de demostrarlo- Colosio fue asesinado por lo mismo: porque a pesar de haber sido el candidato del PRI su proyecto no coincidía puntualmente con el del gobernante espurio producto del golpe de Estado ex ante, burdo por añadidura. El cuerpo del delito (los votos) fue primero resguardado por el ejército bajo las órdenes del presidente, y luego quemado para evitar cualquier comprobación en sentido contrario a los "resultados electorales oficiales".
Los votos de aquella elección nunca pudieron contarse, por lo que muchos mexicanos nos quedamos con la certidumbre de que nuestra voluntad había sido burlada y, por supuesto, cubierta con la legalidad del poder. Salinas fue ilegítimo, pero se intentó a toda costa que fuera legal, gracias a que las leyes no sólo están hechas para beneficio de quienes tienen el poder, sino que sus intérpretes son parte del mismo poder y, desde luego, corruptibles.
Recientemente tuvimos dos ejemplos más de golpe de Estado ex ante, pero en Estados Unidos. George W. Bush, con la complicidad de su hermano Jeb (gobernador de Florida), del ex alcalde de Miami, Xavier Suarez, experto en fraudes electorales, y del Tribunal Supremo (Suprema Corte), presidido por William Rehnquist (el mismo que le tomó la protesta a Bush), ganó a Al Gore en 2000 trampeando la base de datos del sistema de cómputo en Florida. Casi lo mismo se hizo en 2004, pero en Ohio, contra John Kerry.
Lo que hemos visto, leído y analizado en México, desde el famoso desafuero hasta las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), embona perfectamente en la caracterización de un golpe de Estado ex ante. El poder del Estado y el uso conveniente de la legislación ha tratado de impedir, a toda costa (y costo), que López Obrador sea presidente del país. El Presidente de la República, la mayoría aplastante y mecánica del PRI y del PAN en el Congreso de la Unión (principalmente en la Cámara de Diputados), el supuesto órgano autónomo conocido como Instituto Federal Electoral y el Poder Judicial (incluido el TEPJF), todos unidos con las fuerzas oligárquicas del capital y de la Iglesia católica, han llevado a cabo un golpe de Estado ex ante para evitar que se rompa con la continuidad neoliberal inaugurada en 1982 y que se afecte a los beneficiarios principales de estos gobiernos.
¿Pruebas? Aparte de todas las que ya se han exhibido, con una basta y sobra: todos los mencionados en el párrafo anterior, más Felipe Calderón y asociados, se han opuesto a que se cuenten los votos en su totalidad. Si se supieran vencedores hubieran sido los primeros en pedir que se contaran. El golpe de Estado de ahora es menos burdo que el de 1988. Aun así, ¿lo aceptaremos? Yo no. La consigna "voto por voto" sigue vigente.
© Derechos Reservados 1996-2005 DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.Todos los Derechos Reservados.Derechos de Autor 04-2005-011817321500-203.
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Solicitan a la Corte investigar violaciones al voto público
Carlos Avilés Allende El Universal Ciudad de México Jueves 17 de agosto de 2006
En la petición, firmada por 16 mil 806 personas, entre escritores, diputados, políticos y ciudadanos, aseguran que las irregularidades en la elección presidencial “amenazan seriamente la paz social”
12:45 Ciudadanos de diversos sectores de la sociedad presentaron una serie de escritos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitarle a los ministros del alto tribunal que investiguen las violaciones al voto público que, aseguran, se presentaron en las elecciones presidenciales, por considerar que “por sus características amenazan seriamente la paz social”.
La petición, firmada por 16 mil 806 personas, la encabezan el abogado Francisco de Paula Olea; los escritores Víctor Hugo Rascón Banda y Guadalupe Loaeza; el ex consejero del IFE, Jaime Cárdenas Gracia; el ex fiscal federal de delitos electorales, Javier Patiño Camarena; el diputado de Convergencia, Jesús González Schmall; y los perredistas Ifigenia Martínez y Álvaro Arceo.
La solicitud para que intervenga la SCJN en el conflicto poselectoral se da justo un día después de que el presidente del alto tribunal, Mariano Azuela Güitrón, calificó de "anacrónico, raro, obsoleto" y, en síntesis, "realmente redactado con los pies", el artículo 97 de la Constitución que faculta al propio tribunal que encabeza para investigar violaciones al voto público.
El abogado Francisco de Paula expresó su extrañeza porque las declaraciones de Azuela, dijo, se dieron exactamente media hora después de que le avisaron a la secretaria particular del ministro que acudirían hoy a presentar la solicitud para que la Corte investigue este caso.
Para evitar que Azuela asuma la responsabilidad total sobre esta petición y la rechace de inmediato, bajo el argumento de que es notoriamente improcedente, Francisco de Paula explicó que la solicitud se la dirigieron de manera personalizada a cada uno de los ministros del alto tribunal.
La intención, dijo, es que alguno de los ministros haga suya esta petición, por tratarse de una investigación que sólo se puede realizar a petición de alguno o todos los integrantes de la Corte. O bien, para que sea el Pleno, en su conjunto, el que de respuesta a la solicitud, y no sea una decisión unilateral de Azuela.
En el documento que presentaron ante la Oficialía de Partes de la SCJN incluso se da respuesta a las más recientes declaraciones de Azuela, en las que el ministro dijo que las decisiones del Tribunal Electoral son definitivas y no hay ningún órgano por encima de él, por lo que "si la Corte interviniera en esto, estaría metiéndose, violando el derecho, en algo que no le toca".
Los solicitantes refutan esta afirmación al argumentar que la facultad de la Corte, que le otorga la Constitución en su artículo 97, “en modo alguno contradice la facultad exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de juzgar la materia electoral como instancia última”.
Esto último, explican, “pues no se trata de atribuciones que se contradicen o se superponen, dado que el encargo que realizó el Constituyente a nuestro Máximo Tribunal, no tiene como finalidad revisar la actuación del Tribunal Electoral que por su naturaleza, tiene una función limitada por el tiempo y la exposición de la litis (sobre el tema) que realicen las partes)”.
La facultad que le otorga la Constitución a la Corte permite que el máximo tribunal intervenga “cuando está amenazada la paz social de México, porque le permite realizar una investigación que ponga de relieve la verdad material de los hechos sin una limitación temporal, y sin que se implique el desempeño de una función jurisdiccional”.
grg
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Solicitan a la Corte investigar violaciones al voto público
Carlos Avilés Allende El Universal Ciudad de México Jueves 17 de agosto de 2006
En la petición, firmada por 16 mil 806 personas, entre escritores, diputados, políticos y ciudadanos, aseguran que las irregularidades en la elección presidencial “amenazan seriamente la paz social”
12:45 Ciudadanos de diversos sectores de la sociedad presentaron una serie de escritos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitarle a los ministros del alto tribunal que investiguen las violaciones al voto público que, aseguran, se presentaron en las elecciones presidenciales, por considerar que “por sus características amenazan seriamente la paz social”.
La petición, firmada por 16 mil 806 personas, la encabezan el abogado Francisco de Paula Olea; los escritores Víctor Hugo Rascón Banda y Guadalupe Loaeza; el ex consejero del IFE, Jaime Cárdenas Gracia; el ex fiscal federal de delitos electorales, Javier Patiño Camarena; el diputado de Convergencia, Jesús González Schmall; y los perredistas Ifigenia Martínez y Álvaro Arceo.
La solicitud para que intervenga la SCJN en el conflicto poselectoral se da justo un día después de que el presidente del alto tribunal, Mariano Azuela Güitrón, calificó de "anacrónico, raro, obsoleto" y, en síntesis, "realmente redactado con los pies", el artículo 97 de la Constitución que faculta al propio tribunal que encabeza para investigar violaciones al voto público.
El abogado Francisco de Paula expresó su extrañeza porque las declaraciones de Azuela, dijo, se dieron exactamente media hora después de que le avisaron a la secretaria particular del ministro que acudirían hoy a presentar la solicitud para que la Corte investigue este caso.
Para evitar que Azuela asuma la responsabilidad total sobre esta petición y la rechace de inmediato, bajo el argumento de que es notoriamente improcedente, Francisco de Paula explicó que la solicitud se la dirigieron de manera personalizada a cada uno de los ministros del alto tribunal.
La intención, dijo, es que alguno de los ministros haga suya esta petición, por tratarse de una investigación que sólo se puede realizar a petición de alguno o todos los integrantes de la Corte. O bien, para que sea el Pleno, en su conjunto, el que de respuesta a la solicitud, y no sea una decisión unilateral de Azuela.
En el documento que presentaron ante la Oficialía de Partes de la SCJN incluso se da respuesta a las más recientes declaraciones de Azuela, en las que el ministro dijo que las decisiones del Tribunal Electoral son definitivas y no hay ningún órgano por encima de él, por lo que "si la Corte interviniera en esto, estaría metiéndose, violando el derecho, en algo que no le toca".
Los solicitantes refutan esta afirmación al argumentar que la facultad de la Corte, que le otorga la Constitución en su artículo 97, “en modo alguno contradice la facultad exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de juzgar la materia electoral como instancia última”.
Esto último, explican, “pues no se trata de atribuciones que se contradicen o se superponen, dado que el encargo que realizó el Constituyente a nuestro Máximo Tribunal, no tiene como finalidad revisar la actuación del Tribunal Electoral que por su naturaleza, tiene una función limitada por el tiempo y la exposición de la litis (sobre el tema) que realicen las partes)”.
La facultad que le otorga la Constitución a la Corte permite que el máximo tribunal intervenga “cuando está amenazada la paz social de México, porque le permite realizar una investigación que ponga de relieve la verdad material de los hechos sin una limitación temporal, y sin que se implique el desempeño de una función jurisdiccional”.
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Estiman observadores internacionales necesario conteo total de votos
Francisco Resendiz El Universal Ciudad de México Jueves 17 de agosto de 2006
La organización Noval Exchange consideró que las irregularidades detectadas durante la jornada electoral del pasado 2 de julio, confirman "la necesidad de un recuento total" para darle a los mexicanos la máxima certeza posible
12:40 Global Exchange consideró que las irregularidades detectadas durante la jornada electoral del 2 de julio “confirman” la necesidad de un recuento total de la elección presidencial a fin de dar a los mexicanos “la máxima certeza” en la legitimidad del próximo Presidente de la República.
Los líderes de la misión de observación electoral de la agrupación internacional, Ted Lewis, Heather Teague y Judith Joffe, subrayaron que la única forma de que el IFE “recupere su reputación como una institución transparente y equitativa” es mediante la realización de “un recuento ciudadano de la votación”.
Consideraron que el “recuento ciudadano” requerirá una participación muy amplia y plural de todas las tendencias políticas y de todos los sectores de la sociedad.
Calificaron como “muy bueno” el recuento parcial pero consideró que sus resultados han provocado nuevas controversias.
En la sede del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) Lewis, responsable de la observación de Global Exchange en México, puso énfasis en que el Tribunal Electoral tiene “la responsabilidad enorme” de encontrar una manera para dar certeza plena a todos los mexicanos.
Heather confirmó que integrantes de Global Exchange se han reunido con cuadros del PAN -como Juan Molinar y Arturo Sarukan-, y de la Coalición por el Bien de Todos -entre ellos Rogelio Ramírez de la O y Manuel Camacho Solís- para conocer sus posiciones sobre la situación postelectoral mexicana.
Dijo que ambos grupos políticos mantienen firme su decisión de respeto a la legalidad, pero cada cual establece invariable su punto de vista en torno a dicha legalidad pues panistas quieren que se avale el fallo del tribunal Electoral y lopezobradoristas el recuento total de la elección.
Lewis dijo que la misión de observación electoral de Global Exchange considera que el deterioro de la confianza de una parte importante de mexicanos en las instituciones electorales necesita ser plenamente restablecida; “es menester encontrar mecanismos que permitan fortalecer dichas instituciones”, acotó.
Planteó que a la brevedad los mexicanos deben iniciar la construcción de una serie de reformas que permitan, hacia el futuro inmediato, dotar a la legislación y a las instituciones electorales de los elementos que garanticen que no puedan ocurrir más situaciones como la que se presentó en el proceso electoral del 2006.
Atajó: “En los últimos años, México ha tenido avances notables en materia de leyes e instituciones electorales. Hoy, importante es lograr que los instrumentos de la democracia mexicana le den a los ciudadanos la mayor certeza, transparencia y confianza posibles”.
Entre las reformas legislativas que sugirió Global Exchange para México destacó garantizar en la legislación un recuento de la elección presidencial cuando el resultado sea muy cerrado y reducir los tiempos y costos de campañas.
wirc/grg
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Estiman observadores internacionales necesario conteo total de votos
Francisco Resendiz El Universal Ciudad de México Jueves 17 de agosto de 2006
La organización Noval Exchange consideró que las irregularidades detectadas durante la jornada electoral del pasado 2 de julio, confirman "la necesidad de un recuento total" para darle a los mexicanos la máxima certeza posible
12:40 Global Exchange consideró que las irregularidades detectadas durante la jornada electoral del 2 de julio “confirman” la necesidad de un recuento total de la elección presidencial a fin de dar a los mexicanos “la máxima certeza” en la legitimidad del próximo Presidente de la República.
Los líderes de la misión de observación electoral de la agrupación internacional, Ted Lewis, Heather Teague y Judith Joffe, subrayaron que la única forma de que el IFE “recupere su reputación como una institución transparente y equitativa” es mediante la realización de “un recuento ciudadano de la votación”.
Consideraron que el “recuento ciudadano” requerirá una participación muy amplia y plural de todas las tendencias políticas y de todos los sectores de la sociedad.
Calificaron como “muy bueno” el recuento parcial pero consideró que sus resultados han provocado nuevas controversias.
En la sede del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) Lewis, responsable de la observación de Global Exchange en México, puso énfasis en que el Tribunal Electoral tiene “la responsabilidad enorme” de encontrar una manera para dar certeza plena a todos los mexicanos.
Heather confirmó que integrantes de Global Exchange se han reunido con cuadros del PAN -como Juan Molinar y Arturo Sarukan-, y de la Coalición por el Bien de Todos -entre ellos Rogelio Ramírez de la O y Manuel Camacho Solís- para conocer sus posiciones sobre la situación postelectoral mexicana.
Dijo que ambos grupos políticos mantienen firme su decisión de respeto a la legalidad, pero cada cual establece invariable su punto de vista en torno a dicha legalidad pues panistas quieren que se avale el fallo del tribunal Electoral y lopezobradoristas el recuento total de la elección.
Lewis dijo que la misión de observación electoral de Global Exchange considera que el deterioro de la confianza de una parte importante de mexicanos en las instituciones electorales necesita ser plenamente restablecida; “es menester encontrar mecanismos que permitan fortalecer dichas instituciones”, acotó.
Planteó que a la brevedad los mexicanos deben iniciar la construcción de una serie de reformas que permitan, hacia el futuro inmediato, dotar a la legislación y a las instituciones electorales de los elementos que garanticen que no puedan ocurrir más situaciones como la que se presentó en el proceso electoral del 2006.
Atajó: “En los últimos años, México ha tenido avances notables en materia de leyes e instituciones electorales. Hoy, importante es lograr que los instrumentos de la democracia mexicana le den a los ciudadanos la mayor certeza, transparencia y confianza posibles”.
Entre las reformas legislativas que sugirió Global Exchange para México destacó garantizar en la legislación un recuento de la elección presidencial cuando el resultado sea muy cerrado y reducir los tiempos y costos de campañas.
wirc/grg
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CLAUSURADO - SE CIERRA SIMBOLICAMENTE EL CONSULADO DE MEXICO, EN VANCOUVER CANADA
El dia de hoy, Jueves Agosto 17, a las 9 am, el grupo MECAPASO ( Mexicanos Canadienses Por la Participacion Social) clausura simbolicamente el Consulado de Mexico,en Vancouver Canada, por 20 minutos, exigiendo "Voto por Voto", "Casilla por Casilla", a los funcionarios que laboran en la dependencia.
Un enorme sello que decia: "clausurado", fue colocado a la entrada de las oficinas, mientras varias llamadas fueron hechas dentro del mismo consulado, para mandar traer al RCMP, que es la Policia Federal, quienes desplegaron un operativo minutos despues de haberse terminado la clausura, para desalojar al grupo. Afortunadamente MECAPASO estaba ya fuera de el inmueble.
Debemos hacer constar que EL CONSULADO DE MEXICO EN VANCOUVER, ha mandado llamar a la POLICIA FEDERAL CANADIENSE en varias ocasiones anteriores, para intentar REPRIMIR manifestaciones pacificas ciudadanas, que se han
hecho en la calle, frente a este edificio.
Eva Nancy Trigueros y Roberto Palomino, miembros del grupo MECAPASO, declararon a las puertas de este consulado, que hoy se clausuraba simbolicamente esta dependencia, por representar un gobierno corrupto que desea imponer a un candidato ilegitimo, y por abocarse a realizar eventos sociales lujosos, pagados con el dinero de los Mexicanos, en vez de apoyar a los cientos de connacionales que trabajan en esta Provincia en las areas de agricultura y de construccion, y que han sido abandonados a su suerte, cuando estos han requerido asistencia, ayuda y orientacion, sobre asuntos laborales, servicios basicos y derechos fundamentales.
Atentamente
Eva Nancy Trigueros/ Promotor
MEXICO ESCUCHA
http://www.mexicoescucha.blogspot.com/
trabajadoresinternacionales@gmail.com
Eva Nancy Trigueros y Roberto Palomino, miembros del grupo MECAPASO, declararon a las puertas de este consulado, que hoy se clausuraba simbolicamente esta dependencia, por representar un gobierno corrupto que desea imponer a un candidato ilegitimo, y por abocarse a realizar eventos sociales lujosos, pagados con el dinero de los Mexicanos, en vez de apoyar a los cientos de connacionales que trabajan en esta Provincia en las areas de agricultura y de construccion, y que han sido abandonados a su suerte, cuando estos han requerido asistencia, ayuda y orientacion, sobre asuntos laborales, servicios basicos y derechos fundamentales.
Atentamente
Eva Nancy Trigueros/ Promotor
MEXICO ESCUCHA
http://www.mexicoescucha.blogspot.com/
trabajadoresinternacionales@gmail.com
Azuela objeta que la Corte indague violaciones al voto
Azuela objeta que la Corte indague violaciones al voto
Carlos Avilés
El Universal
Jueves 17 de agosto de 2006
Nación, página 9
Descalifica artículo constitucional que la faculta para ello por "raro y obsoleto"
En una declaración inusitada, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, calificó ayer de "anacrónico, raro, obsoleto" y, en síntesis, "realmente redactado con los pies", el artículo 97 de la Constitución que faculta al propio tribunal que encabeza para investigar violaciones al voto público.
Con base en ese artículo, el Consejo Consultivo para un Proyecto Alternativo de Nación y un grupo de ciudadanos acudirá hoy a socilitarle a la SCJN que investigue las violaciones graves al voto público que se registraron en las pasadas elecciones presidenciales.
Desde hace un mes, de manera reiterada, la coalición Por el Bien de Todos informó que le solicitaría a la SCJN su intervención en el conflicto poselectoral.
Pero antes de que esta petición se concretara, Azuela adelantó sus puntos de vista sobre este tema ante estudiantes de la carrera de Derecho en la Universidad Anáhuac, en Huixquilucan, estado de México, al asegurar que las decisiones del Tribunal Electoral son definitivas y no hay ningún órgano por encima de él, por lo que "si la Corte interviniera en esto, estaría metiéndose, violando el derecho, en algo que no le toca".
El tercer párrafo del artículo 97 constitucional dice que la SCJN "está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en los que pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión".
Para Azuela, a título personal y no de la SCJN, dicho párrafo es anacrónico "porque viene de una Constitución que existía cuando no existía el sistema electoral que tiene un Instituto Federal Electoral y que tiene un Tribunal Electoral".
De acuerdo con datos históricos, la facultad en cuestión se incluyó, a petición de Venustiano Carranza, en la Constitución de 1917. A partir de esa fecha sólo ha sufrido una reforma, en 1977, en la que se restringió su uso a casos graves y se canceló la posibilidad de que alguien pudiera pedirle a la Corte una investigación, porque se estableció que esta era una facultad que sólo podía ejercer el alto tribunal de oficio.
Previa aclaración de que no estaba "diciendo algo que no pueda decir", Azuela informó a los estudiantes que cinco o seis personas, por separado, han entregado escritos para solicitar que la SCJN investigue violaciones al voto público en las elecciones presidenciales del 2 de julio pasado.
"Y yo he desechado, por notoriamente improcedentes, estas peticiones", les comentó a los universitarios. Porque, les precisó, quienes hicieron las peticiones no estaban legitimados para presentarlas, porque esta facultad es discrecional y sólo se puede ejercer de oficio, a petición de alguno de los ministros de la SCJN.
Carlos Avilés
El Universal
Jueves 17 de agosto de 2006
Nación, página 9
Descalifica artículo constitucional que la faculta para ello por "raro y obsoleto"
En una declaración inusitada, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, calificó ayer de "anacrónico, raro, obsoleto" y, en síntesis, "realmente redactado con los pies", el artículo 97 de la Constitución que faculta al propio tribunal que encabeza para investigar violaciones al voto público.
Con base en ese artículo, el Consejo Consultivo para un Proyecto Alternativo de Nación y un grupo de ciudadanos acudirá hoy a socilitarle a la SCJN que investigue las violaciones graves al voto público que se registraron en las pasadas elecciones presidenciales.
Desde hace un mes, de manera reiterada, la coalición Por el Bien de Todos informó que le solicitaría a la SCJN su intervención en el conflicto poselectoral.
Pero antes de que esta petición se concretara, Azuela adelantó sus puntos de vista sobre este tema ante estudiantes de la carrera de Derecho en la Universidad Anáhuac, en Huixquilucan, estado de México, al asegurar que las decisiones del Tribunal Electoral son definitivas y no hay ningún órgano por encima de él, por lo que "si la Corte interviniera en esto, estaría metiéndose, violando el derecho, en algo que no le toca".
El tercer párrafo del artículo 97 constitucional dice que la SCJN "está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en los que pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión".
Para Azuela, a título personal y no de la SCJN, dicho párrafo es anacrónico "porque viene de una Constitución que existía cuando no existía el sistema electoral que tiene un Instituto Federal Electoral y que tiene un Tribunal Electoral".
De acuerdo con datos históricos, la facultad en cuestión se incluyó, a petición de Venustiano Carranza, en la Constitución de 1917. A partir de esa fecha sólo ha sufrido una reforma, en 1977, en la que se restringió su uso a casos graves y se canceló la posibilidad de que alguien pudiera pedirle a la Corte una investigación, porque se estableció que esta era una facultad que sólo podía ejercer el alto tribunal de oficio.
Previa aclaración de que no estaba "diciendo algo que no pueda decir", Azuela informó a los estudiantes que cinco o seis personas, por separado, han entregado escritos para solicitar que la SCJN investigue violaciones al voto público en las elecciones presidenciales del 2 de julio pasado.
"Y yo he desechado, por notoriamente improcedentes, estas peticiones", les comentó a los universitarios. Porque, les precisó, quienes hicieron las peticiones no estaban legitimados para presentarlas, porque esta facultad es discrecional y sólo se puede ejercer de oficio, a petición de alguno de los ministros de la SCJN.
El Peligro Acecha
Fausto Fernández Ponte
Diario Libertad
a 16 de agosto de 2006
Editorial/Nacional
El Peligro Acecha
La movilización social --por su magnitud, sin
precedentes en la historia de México-- de resistencia
civil al fraude electoral ha sido pacífica. Es decir,
sin asomos de violencia.
Empero, el gobierno --y en un sentido más amplio, el
poder de las élites-- ha desatado la violencia contra
los manifestantes que, sin embargo, no opusieron
resistencia.
El gobierno ha actuado con violencia en desalojar a
manifestantes que en paz se habían instalado ante el
Palacio Legislativo. Varios legisladores fueron
golpeados.
Y en Veracruz y Guerrero el gobierno federal ha usado
la violencia para reprimir a manifestantes que habían
tomado pacíficamente casetas de peaje de autopistas.
Haber acudido al uso de la fuerza --el Estado
monopoliza legalmente el empleo de la violencia--
sitúa al gobierno que preside Vicente Fox en una
situación insostenible.
Esa precaridad es moral y política, además de
jurídica. Las fuerzas policiacas federales usadas en
esta represión actuaron sin la consulta previa con
autoridades locales.
Fue, pues, una actuación ilegal, a lo que se sumaría
su atributo de magra moralidad e insostenibilidad
política. El poco capital político del gobierno quedó
así dilapidado.
Para empezar, esa situación es de una colosal
irresponsabilidad histórica. Es el Estado el que está
obligado a ser prudente en el ejercicio y uso de su
poder.
Esa prudencia, empero, jamás fue provocada por los
manifestantes debido a que sus acciones eran
pacíficas, lo cual les garantiza la protección de la
Constitución.
En efecto. Nuestra Carta Magna garantiza la
manifestación pública pacífica, fuere ésta para
protestar o para expresar mensajes o para realizar una
resistencia civil.
La movilización social ha tenido muchas modalidades:
la ocupación de calles, avenidas y plazas emblemáticas
de la capital de nuestro país y ante sedes del Estado
mexicano.
Inclusive, la toma de casetas de peaje en las
autopistas ha sido sólo testimonial y sin incidentes
de violencia, lo cual nos habla de lo siguiente:
1) Hay conciencia ciudadana de no provocar las iras de
los personeros del Estado y del gobierno, nerviosos y
proclives a apretar el gatillo y usar el garrote.
2) Existe una conciencia de organización en las
manifestaciones diversas de la movilización social de
resistencia civil.
3) Adviértese una determinación decidida a continuar
la movilización social de resistencia civil hasta
lograr su objetivo: que el Estado acceda a contar voto
por voto.
4) El Estado, empero, no parece dispuesto a que sus
instancias electorales --IFE y TFEPJF-- desactiven el
detonante de la crisis política.
5) Ese rechazo del Estado a transparentar el desenlace
electoral confirma la percepción generalizada de que
se cometió un fraude y que témese que éste se
confirme.
6) En los personeros del gobierno federal, el uso de
la violencia descorre los velos de una realidad
subyacente: se sienten sitiados y están desesperados.
7) La gravedad de este asunto se acentúa si se toma en
cuenta que las acciones policiacas violentas y
abusivas fueron autorizadas por el propio Presidente
de la República.
Esta decisión del Presidente responde a un entorno
cultural del poder que mucho tiene de autoritario y
arbitrario y, por lo mismo, antidemocrático.
No en vano, Andrés Manuel López Obrador calificò estos
abusos violentos del poder como similares a los que se
cometieron durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Cabría señalar que no fue sólo ese Presidente de la
República quien reprimió con ferocidad a disidentes,
sino que sus predecesores y sus sucesores.
Entre estos últimos destacan por su triste celebridad
Luis Echeverría y Carlos Salinas, ambos represores sin
pudores y de la laya más brutal. Mataron a miles de
disidentes.
Echeverría logró notoriedad por haber dispuesto la
Matanza del Jueves de Corpus, además de haber
secuestrado, torturado y desaparecido a cientos de
jóvenes disidentes.
El señor Salinas asesinó durante su sexenio a unos 800
militantes del Frente Democrático Nacional y del PRD,
aunque hay indicios de que ese número de víctimas fue
de miles.
Esas instancias de represión fueron posibles por la
naturaleza secretiva del ejercicio del poder y porque
el pueblo de México no estaba organizado para la
resistencia.
Hoy es diferente. La represión desatada por el
gobierno que preside Vicente Fox podría encontrar
respuestas violentas, organizadas, del propio pueblo.
Son insoslayables los antecedentes de la represión
foxista, similares a las de sus antecesores del PRI:
Atenco, Michoacán, Guerrero, sindicalistas, indígenas,
etcétera.
La insensatez del Presidente Fox y su incontrolable
inclinación por el uso de la fuerza nos describen a un
autócrata enemigo de la democracia con delirios de
dictador.
Este mandatario le ha acercado el fuego a la yesca.
Esta puede arder en cualquier momento, empezando en la
capital misma de nuestro país. Ese es el verdadero peligro.
Diario Libertad
a 16 de agosto de 2006
Editorial/Nacional
El Peligro Acecha
La movilización social --por su magnitud, sin
precedentes en la historia de México-- de resistencia
civil al fraude electoral ha sido pacífica. Es decir,
sin asomos de violencia.
Empero, el gobierno --y en un sentido más amplio, el
poder de las élites-- ha desatado la violencia contra
los manifestantes que, sin embargo, no opusieron
resistencia.
El gobierno ha actuado con violencia en desalojar a
manifestantes que en paz se habían instalado ante el
Palacio Legislativo. Varios legisladores fueron
golpeados.
Y en Veracruz y Guerrero el gobierno federal ha usado
la violencia para reprimir a manifestantes que habían
tomado pacíficamente casetas de peaje de autopistas.
Haber acudido al uso de la fuerza --el Estado
monopoliza legalmente el empleo de la violencia--
sitúa al gobierno que preside Vicente Fox en una
situación insostenible.
Esa precaridad es moral y política, además de
jurídica. Las fuerzas policiacas federales usadas en
esta represión actuaron sin la consulta previa con
autoridades locales.
Fue, pues, una actuación ilegal, a lo que se sumaría
su atributo de magra moralidad e insostenibilidad
política. El poco capital político del gobierno quedó
así dilapidado.
Para empezar, esa situación es de una colosal
irresponsabilidad histórica. Es el Estado el que está
obligado a ser prudente en el ejercicio y uso de su
poder.
Esa prudencia, empero, jamás fue provocada por los
manifestantes debido a que sus acciones eran
pacíficas, lo cual les garantiza la protección de la
Constitución.
En efecto. Nuestra Carta Magna garantiza la
manifestación pública pacífica, fuere ésta para
protestar o para expresar mensajes o para realizar una
resistencia civil.
La movilización social ha tenido muchas modalidades:
la ocupación de calles, avenidas y plazas emblemáticas
de la capital de nuestro país y ante sedes del Estado
mexicano.
Inclusive, la toma de casetas de peaje en las
autopistas ha sido sólo testimonial y sin incidentes
de violencia, lo cual nos habla de lo siguiente:
1) Hay conciencia ciudadana de no provocar las iras de
los personeros del Estado y del gobierno, nerviosos y
proclives a apretar el gatillo y usar el garrote.
2) Existe una conciencia de organización en las
manifestaciones diversas de la movilización social de
resistencia civil.
3) Adviértese una determinación decidida a continuar
la movilización social de resistencia civil hasta
lograr su objetivo: que el Estado acceda a contar voto
por voto.
4) El Estado, empero, no parece dispuesto a que sus
instancias electorales --IFE y TFEPJF-- desactiven el
detonante de la crisis política.
5) Ese rechazo del Estado a transparentar el desenlace
electoral confirma la percepción generalizada de que
se cometió un fraude y que témese que éste se
confirme.
6) En los personeros del gobierno federal, el uso de
la violencia descorre los velos de una realidad
subyacente: se sienten sitiados y están desesperados.
7) La gravedad de este asunto se acentúa si se toma en
cuenta que las acciones policiacas violentas y
abusivas fueron autorizadas por el propio Presidente
de la República.
Esta decisión del Presidente responde a un entorno
cultural del poder que mucho tiene de autoritario y
arbitrario y, por lo mismo, antidemocrático.
No en vano, Andrés Manuel López Obrador calificò estos
abusos violentos del poder como similares a los que se
cometieron durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Cabría señalar que no fue sólo ese Presidente de la
República quien reprimió con ferocidad a disidentes,
sino que sus predecesores y sus sucesores.
Entre estos últimos destacan por su triste celebridad
Luis Echeverría y Carlos Salinas, ambos represores sin
pudores y de la laya más brutal. Mataron a miles de
disidentes.
Echeverría logró notoriedad por haber dispuesto la
Matanza del Jueves de Corpus, además de haber
secuestrado, torturado y desaparecido a cientos de
jóvenes disidentes.
El señor Salinas asesinó durante su sexenio a unos 800
militantes del Frente Democrático Nacional y del PRD,
aunque hay indicios de que ese número de víctimas fue
de miles.
Esas instancias de represión fueron posibles por la
naturaleza secretiva del ejercicio del poder y porque
el pueblo de México no estaba organizado para la
resistencia.
Hoy es diferente. La represión desatada por el
gobierno que preside Vicente Fox podría encontrar
respuestas violentas, organizadas, del propio pueblo.
Son insoslayables los antecedentes de la represión
foxista, similares a las de sus antecesores del PRI:
Atenco, Michoacán, Guerrero, sindicalistas, indígenas,
etcétera.
La insensatez del Presidente Fox y su incontrolable
inclinación por el uso de la fuerza nos describen a un
autócrata enemigo de la democracia con delirios de
dictador.
Este mandatario le ha acercado el fuego a la yesca.
Esta puede arder en cualquier momento, empezando en la
capital misma de nuestro país. Ese es el verdadero peligro.
El Peligro Acecha
Gracias a nuestros amigos de Quintana Roo por enviarnos este articulo:
Fausto Fernández Ponte
Diario Libertad
a 16 de agosto de 2006
Editorial/Nacional
El Peligro Acecha
La movilización social --por su magnitud, sin
precedentes en la historia de México-- de resistencia
civil al fraude electoral ha sido pacífica. Es decir,
sin asomos de violencia.
Empero, el gobierno --y en un sentido más amplio, el
poder de las élites-- ha desatado la violencia contra
los manifestantes que, sin embargo, no opusieron
resistencia.
El gobierno ha actuado con violencia en desalojar a
manifestantes que en paz se habían instalado ante el
Palacio Legislativo. Varios legisladores fueron
golpeados.
Y en Veracruz y Guerrero el gobierno federal ha usado
la violencia para reprimir a manifestantes que habían
tomado pacíficamente casetas de peaje de autopistas.
Haber acudido al uso de la fuerza --el Estado
monopoliza legalmente el empleo de la violencia--
sitúa al gobierno que preside Vicente Fox en una
situación insostenible.
Esa precaridad es moral y política, además de
jurídica. Las fuerzas policiacas federales usadas en
esta represión actuaron sin la consulta previa con
autoridades locales.
Fue, pues, una actuación ilegal, a lo que se sumaría
su atributo de magra moralidad e insostenibilidad
política. El poco capital político del gobierno quedó
así dilapidado.
Para empezar, esa situación es de una colosal
irresponsabilidad histórica. Es el Estado el que está
obligado a ser prudente en el ejercicio y uso de su
poder.
Esa prudencia, empero, jamás fue provocada por los
manifestantes debido a que sus acciones eran
pacíficas, lo cual les garantiza la protección de la
Constitución.
En efecto. Nuestra Carta Magna garantiza la
manifestación pública pacífica, fuere ésta para
protestar o para expresar mensajes o para realizar una
resistencia civil.
La movilización social ha tenido muchas modalidades:
la ocupación de calles, avenidas y plazas emblemáticas
de la capital de nuestro país y ante sedes del Estado
mexicano.
Inclusive, la toma de casetas de peaje en las
autopistas ha sido sólo testimonial y sin incidentes
de violencia, lo cual nos habla de lo siguiente:
1) Hay conciencia ciudadana de no provocar las iras de
los personeros del Estado y del gobierno, nerviosos y
proclives a apretar el gatillo y usar el garrote.
2) Existe una conciencia de organización en las
manifestaciones diversas de la movilización social de
resistencia civil.
3) Adviértese una determinación decidida a continuar
la movilización social de resistencia civil hasta
lograr su objetivo: que el Estado acceda a contar voto
por voto.
4) El Estado, empero, no parece dispuesto a que sus
instancias electorales --IFE y TFEPJF-- desactiven el
detonante de la crisis política.
5) Ese rechazo del Estado a transparentar el desenlace
electoral confirma la percepción generalizada de que
se cometió un fraude y que témese que éste se
confirme.
6) En los personeros del gobierno federal, el uso de
la violencia descorre los velos de una realidad
subyacente: se sienten sitiados y están desesperados.
7) La gravedad de este asunto se acentúa si se toma en
cuenta que las acciones policiacas violentas y
abusivas fueron autorizadas por el propio Presidente
de la República.
Esta decisión del Presidente responde a un entorno
cultural del poder que mucho tiene de autoritario y
arbitrario y, por lo mismo, antidemocrático.
No en vano, Andrés Manuel López Obrador calificò estos
abusos violentos del poder como similares a los que se
cometieron durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Cabría señalar que no fue sólo ese Presidente de la
República quien reprimió con ferocidad a disidentes,
sino que sus predecesores y sus sucesores.
Entre estos últimos destacan por su triste celebridad
Luis Echeverría y Carlos Salinas, ambos represores sin
pudores y de la laya más brutal. Mataron a miles de
disidentes.
Echeverría logró notoriedad por haber dispuesto la
Matanza del Jueves de Corpus, además de haber
secuestrado, torturado y desaparecido a cientos de
jóvenes disidentes.
El señor Salinas asesinó durante su sexenio a unos 800
militantes del Frente Democrático Nacional y del PRD,
aunque hay indicios de que ese número de víctimas fue
de miles.
Esas instancias de represión fueron posibles por la
naturaleza secretiva del ejercicio del poder y porque
el pueblo de México no estaba organizado para la
resistencia.
Hoy es diferente. La represión desatada por el
gobierno que preside Vicente Fox podría encontrar
respuestas violentas, organizadas, del propio pueblo.
Son insoslayables los antecedentes de la represión
foxista, similares a las de sus antecesores del PRI:
Atenco, Michoacán, Guerrero, sindicalistas, indígenas,
etcétera.
La insensatez del Presidente Fox y su incontrolable
inclinación por el uso de la fuerza nos describen a un
autócrata enemigo de la democracia con delirios de
dictador.
Este mandatario le ha acercado el fuego a la yesca.
Esta puede arder en cualquier momento, empezando en la
capital misma de nuestro país. Ese es el verdadero peligro.
Fausto Fernández Ponte
Diario Libertad
a 16 de agosto de 2006
Editorial/Nacional
El Peligro Acecha
La movilización social --por su magnitud, sin
precedentes en la historia de México-- de resistencia
civil al fraude electoral ha sido pacífica. Es decir,
sin asomos de violencia.
Empero, el gobierno --y en un sentido más amplio, el
poder de las élites-- ha desatado la violencia contra
los manifestantes que, sin embargo, no opusieron
resistencia.
El gobierno ha actuado con violencia en desalojar a
manifestantes que en paz se habían instalado ante el
Palacio Legislativo. Varios legisladores fueron
golpeados.
Y en Veracruz y Guerrero el gobierno federal ha usado
la violencia para reprimir a manifestantes que habían
tomado pacíficamente casetas de peaje de autopistas.
Haber acudido al uso de la fuerza --el Estado
monopoliza legalmente el empleo de la violencia--
sitúa al gobierno que preside Vicente Fox en una
situación insostenible.
Esa precaridad es moral y política, además de
jurídica. Las fuerzas policiacas federales usadas en
esta represión actuaron sin la consulta previa con
autoridades locales.
Fue, pues, una actuación ilegal, a lo que se sumaría
su atributo de magra moralidad e insostenibilidad
política. El poco capital político del gobierno quedó
así dilapidado.
Para empezar, esa situación es de una colosal
irresponsabilidad histórica. Es el Estado el que está
obligado a ser prudente en el ejercicio y uso de su
poder.
Esa prudencia, empero, jamás fue provocada por los
manifestantes debido a que sus acciones eran
pacíficas, lo cual les garantiza la protección de la
Constitución.
En efecto. Nuestra Carta Magna garantiza la
manifestación pública pacífica, fuere ésta para
protestar o para expresar mensajes o para realizar una
resistencia civil.
La movilización social ha tenido muchas modalidades:
la ocupación de calles, avenidas y plazas emblemáticas
de la capital de nuestro país y ante sedes del Estado
mexicano.
Inclusive, la toma de casetas de peaje en las
autopistas ha sido sólo testimonial y sin incidentes
de violencia, lo cual nos habla de lo siguiente:
1) Hay conciencia ciudadana de no provocar las iras de
los personeros del Estado y del gobierno, nerviosos y
proclives a apretar el gatillo y usar el garrote.
2) Existe una conciencia de organización en las
manifestaciones diversas de la movilización social de
resistencia civil.
3) Adviértese una determinación decidida a continuar
la movilización social de resistencia civil hasta
lograr su objetivo: que el Estado acceda a contar voto
por voto.
4) El Estado, empero, no parece dispuesto a que sus
instancias electorales --IFE y TFEPJF-- desactiven el
detonante de la crisis política.
5) Ese rechazo del Estado a transparentar el desenlace
electoral confirma la percepción generalizada de que
se cometió un fraude y que témese que éste se
confirme.
6) En los personeros del gobierno federal, el uso de
la violencia descorre los velos de una realidad
subyacente: se sienten sitiados y están desesperados.
7) La gravedad de este asunto se acentúa si se toma en
cuenta que las acciones policiacas violentas y
abusivas fueron autorizadas por el propio Presidente
de la República.
Esta decisión del Presidente responde a un entorno
cultural del poder que mucho tiene de autoritario y
arbitrario y, por lo mismo, antidemocrático.
No en vano, Andrés Manuel López Obrador calificò estos
abusos violentos del poder como similares a los que se
cometieron durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Cabría señalar que no fue sólo ese Presidente de la
República quien reprimió con ferocidad a disidentes,
sino que sus predecesores y sus sucesores.
Entre estos últimos destacan por su triste celebridad
Luis Echeverría y Carlos Salinas, ambos represores sin
pudores y de la laya más brutal. Mataron a miles de
disidentes.
Echeverría logró notoriedad por haber dispuesto la
Matanza del Jueves de Corpus, además de haber
secuestrado, torturado y desaparecido a cientos de
jóvenes disidentes.
El señor Salinas asesinó durante su sexenio a unos 800
militantes del Frente Democrático Nacional y del PRD,
aunque hay indicios de que ese número de víctimas fue
de miles.
Esas instancias de represión fueron posibles por la
naturaleza secretiva del ejercicio del poder y porque
el pueblo de México no estaba organizado para la
resistencia.
Hoy es diferente. La represión desatada por el
gobierno que preside Vicente Fox podría encontrar
respuestas violentas, organizadas, del propio pueblo.
Son insoslayables los antecedentes de la represión
foxista, similares a las de sus antecesores del PRI:
Atenco, Michoacán, Guerrero, sindicalistas, indígenas,
etcétera.
La insensatez del Presidente Fox y su incontrolable
inclinación por el uso de la fuerza nos describen a un
autócrata enemigo de la democracia con delirios de
dictador.
Este mandatario le ha acercado el fuego a la yesca.
Esta puede arder en cualquier momento, empezando en la
capital misma de nuestro país. Ese es el verdadero peligro.
PFP: se aplicará "el uso legítimo de la fuerza"
YA ESTAN LISTOS LOS TANQUETES, Y LOS DEMAS INSTRUMENTOS DE DIALOGO Y CONCILIACION
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Jueves 17 de agosto de 2006
El operativo, para garantizar los trabajos legislativos
PFP: se aplicará "el uso legítimo de la fuerza"
Utilizará equipos antimotines si hay disturbios, advierte
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
Policías federales preventivos están listos para aplicar "el uso legítimo de la fuerza" con el propósito de contener manifestaciones, cerca de la Cámara de Diputados Foto María Meléndrez Parada
La Policía Federal Preventiva (PFP) advirtió que, "en su caso, y bajo un procedimiento sistemático de operaciones", las unidades antimotines que están en el Palacio Legislativo de San Lázaro servirán para aplicar "el uso legítimo de la fuerza" en caso de disturbios en las inmediaciones de ese recinto.
En un comunicado de prensa, la PFP aseguró que las medidas de seguridad aplicadas en San Lázaro se llevan a cabo "a petición expresa del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados", y que el operativo desarrollado tiene "el propósito de garantizar el funcionamiento de las actividades legislativas".
El texto señala que "desde el inicio del operativo implementado en respuesta a esa petición (la del presidente de la Cámara de Diputados, el panista José Elías Loredo), la PFP estructuró las estrategias de protección y seguridad correspondientes con un concepto general de operaciones, mismo que sistematiza la actuación de la corporación en el propósito de garantizar el funcionamiento de las actividades legislativas".
Agrega que "ninguno de los elementos destacamentados a la Cámara de Diputados está armado, ya que únicamente cuentan con equipo antimotín -escudo, tolete, reactivos químicos y equipo de protección"-, similares a los utilizados en otros operativos contra globalifóbicos en Cancún, Quintana Roo, durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio o en la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, realizada en Guadalajara, Jalisco, en 2004, en las cuales hubo decenas de detenidos y lesionados a consecuencia de los enfrentamientos entre policías y manifestantes.
Asimismo, reconoció: "la PFP también cuenta con el apoyo de unidades móviles antimotín", pero puntualizó que esos vehículos, que ya están en el interior del Palacio Legislativo, "no cuentan con armamento, sino con dispositivos especiales para arrojar agua a presión" y "no lanzan reactivos químicos".
Justificó la presencia y empleo de esas unidades al señalar que "este tipo de vehículos se usa en países como Alemania, España, Estados Unidos, Italia, Francia y Chile, entre otros, y tienen como finalidad garantizar el restablecimiento del orden sin que los manifestantes sufran lesiones, además de evitar el contacto físico con los elementos de la fuerza pública".
Ante ese panorama y la posibilidad de que simpatizantes de la coalición Por el Bien de Todos decidan manifestarse en los próximos días o durante el sexto Informe de gobierno del presidente Vicente Fox, la PFP aseguró que "actuará, en el marco de su competencia, para garantizar el orden y la paz públicos, privilegiando en todo momento el diálogo con las partes".
Sin embargo, también dejó en claro que "en su caso, y bajo un procedimiento sistemático de operaciones", procederá a "aplicar el uso legítimo de la fuerza pública" para contener las manifestaciones.
Cabe recordar que el pasado lunes integrantes de la PFP y el Estado Mayor Presidencial desmantelaron un campamento que pretendían instalar seguidores del candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, en las inmediaciones del recinto legislativo, y durante ese operativo, policías y militares golpearon a ciudadanos y legisladores, lo que motivó que integrantes del PRD presentaran una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra varios funcionarios, entre ellos el presidente Fox y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora.
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Jueves 17 de agosto de 2006
El operativo, para garantizar los trabajos legislativos
PFP: se aplicará "el uso legítimo de la fuerza"
Utilizará equipos antimotines si hay disturbios, advierte
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
Policías federales preventivos están listos para aplicar "el uso legítimo de la fuerza" con el propósito de contener manifestaciones, cerca de la Cámara de Diputados Foto María Meléndrez Parada
La Policía Federal Preventiva (PFP) advirtió que, "en su caso, y bajo un procedimiento sistemático de operaciones", las unidades antimotines que están en el Palacio Legislativo de San Lázaro servirán para aplicar "el uso legítimo de la fuerza" en caso de disturbios en las inmediaciones de ese recinto.
En un comunicado de prensa, la PFP aseguró que las medidas de seguridad aplicadas en San Lázaro se llevan a cabo "a petición expresa del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados", y que el operativo desarrollado tiene "el propósito de garantizar el funcionamiento de las actividades legislativas".
El texto señala que "desde el inicio del operativo implementado en respuesta a esa petición (la del presidente de la Cámara de Diputados, el panista José Elías Loredo), la PFP estructuró las estrategias de protección y seguridad correspondientes con un concepto general de operaciones, mismo que sistematiza la actuación de la corporación en el propósito de garantizar el funcionamiento de las actividades legislativas".
Agrega que "ninguno de los elementos destacamentados a la Cámara de Diputados está armado, ya que únicamente cuentan con equipo antimotín -escudo, tolete, reactivos químicos y equipo de protección"-, similares a los utilizados en otros operativos contra globalifóbicos en Cancún, Quintana Roo, durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio o en la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, realizada en Guadalajara, Jalisco, en 2004, en las cuales hubo decenas de detenidos y lesionados a consecuencia de los enfrentamientos entre policías y manifestantes.
Asimismo, reconoció: "la PFP también cuenta con el apoyo de unidades móviles antimotín", pero puntualizó que esos vehículos, que ya están en el interior del Palacio Legislativo, "no cuentan con armamento, sino con dispositivos especiales para arrojar agua a presión" y "no lanzan reactivos químicos".
Justificó la presencia y empleo de esas unidades al señalar que "este tipo de vehículos se usa en países como Alemania, España, Estados Unidos, Italia, Francia y Chile, entre otros, y tienen como finalidad garantizar el restablecimiento del orden sin que los manifestantes sufran lesiones, además de evitar el contacto físico con los elementos de la fuerza pública".
Ante ese panorama y la posibilidad de que simpatizantes de la coalición Por el Bien de Todos decidan manifestarse en los próximos días o durante el sexto Informe de gobierno del presidente Vicente Fox, la PFP aseguró que "actuará, en el marco de su competencia, para garantizar el orden y la paz públicos, privilegiando en todo momento el diálogo con las partes".
Sin embargo, también dejó en claro que "en su caso, y bajo un procedimiento sistemático de operaciones", procederá a "aplicar el uso legítimo de la fuerza pública" para contener las manifestaciones.
Cabe recordar que el pasado lunes integrantes de la PFP y el Estado Mayor Presidencial desmantelaron un campamento que pretendían instalar seguidores del candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, en las inmediaciones del recinto legislativo, y durante ese operativo, policías y militares golpearon a ciudadanos y legisladores, lo que motivó que integrantes del PRD presentaran una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra varios funcionarios, entre ellos el presidente Fox y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora.
Que diga quiénes han sido interlocutores, plantea
Jueves 17 de agosto de 2006
Que diga quiénes han sido interlocutores, plantea
Jesús Ortega: miente el vocero presidencial; no hay diálogo
GEORGINA SALDIERNA
El senador Jesús Ortega rechazó ayer que haya dialogo formal entre integrantes de la coalición Por el Bien de Todos y el gobierno federal, como señaló el vocero presidencial, Rubén Aguilar.
El coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador manifestó que con esas declaraciones el gobierno foxista pretende crear incertidumbre en el seno de la coalición.
Indicó que el vocero presidencial miente al señalar que hay diálogo y lo retó a que diga quiénes son los dirigentes con los que está platicando constantemente.
"Rubén Aguilar no puede ser tan irresponsable como para dar versiones de esa naturaleza. Si tiene información precisa y se atreve a darla a la opinión pública, tiene que demostrarla y probarla, para certificar su dicho", enfatizó. Ortega insistió en que no hay "diálogo formal o institucional con ningún agente del gobierno, pero si se encuentran a alguien y platican no es una relación formal y tampoco de trascendencia política".
Subrayó que la Secretaría de Gobernación no ha convocado a ningún encuentro, pero tampoco hay necesidad de que lo haga, porque "no vamos a establecer ninguna relacional institucional o formal" con la administración foxista.
"Cómo hacerlo ante su actitud; cómo confiar en ella cuando el Estado Mayor Presidencial golpea a los legisladores; cómo confiar en un llamado del gobierno si tiene sitiado con tanquetas y la Policía Federal Preventiva la sede del Congreso; cómo tener expectativas en un llamado al dialogo del Presidente si ha sido parte de un escandaloso fraude", concluyó.
Que diga quiénes han sido interlocutores, plantea
Jesús Ortega: miente el vocero presidencial; no hay diálogo
GEORGINA SALDIERNA
El senador Jesús Ortega rechazó ayer que haya dialogo formal entre integrantes de la coalición Por el Bien de Todos y el gobierno federal, como señaló el vocero presidencial, Rubén Aguilar.
El coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador manifestó que con esas declaraciones el gobierno foxista pretende crear incertidumbre en el seno de la coalición.
Indicó que el vocero presidencial miente al señalar que hay diálogo y lo retó a que diga quiénes son los dirigentes con los que está platicando constantemente.
"Rubén Aguilar no puede ser tan irresponsable como para dar versiones de esa naturaleza. Si tiene información precisa y se atreve a darla a la opinión pública, tiene que demostrarla y probarla, para certificar su dicho", enfatizó. Ortega insistió en que no hay "diálogo formal o institucional con ningún agente del gobierno, pero si se encuentran a alguien y platican no es una relación formal y tampoco de trascendencia política".
Subrayó que la Secretaría de Gobernación no ha convocado a ningún encuentro, pero tampoco hay necesidad de que lo haga, porque "no vamos a establecer ninguna relacional institucional o formal" con la administración foxista.
"Cómo hacerlo ante su actitud; cómo confiar en ella cuando el Estado Mayor Presidencial golpea a los legisladores; cómo confiar en un llamado del gobierno si tiene sitiado con tanquetas y la Policía Federal Preventiva la sede del Congreso; cómo tener expectativas en un llamado al dialogo del Presidente si ha sido parte de un escandaloso fraude", concluyó.
Azules y tricolores ''revientan'' sesión de la Permanente
Ya me me imagino como va lo demas, punto de acuerdo aprobar el dictamen de la responsabilidad de los hijos de martita (con minuscula), reventada por el PRI y el PAN. Aprobar el dictamen de la comision de agriculrua para renegociar las condiciones de entrada de maiz extranjero, reventada por el PRI y el PAN. Quien dude que las condiciones estan peor que el 88, que recuerden que el amasiato se encubria antes, ahora se festeja gozoso en la impunidad de los ataques de sus companeros.
No hay lealtad, con ellos , se imaginan con los demas pobres mexicanos que no les significamos nada?
Jueves 17 de agosto de 2006
Azules y tricolores ''revientan'' sesión de la Permanente
Bloquean PAN y PRI condenar la represión a diputados del PRD
JOSE GALAN
En la Comisión Permanente, el debate sobre la represión a diputados federales perredistas derivó ayer en una agria polémica sobre el conflicto poselectoral. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió aprobar un punto de acuerdo para condenar los hechos del pasado lunes en San Lázaro, así como un exhorto al presidente Vicente Fox para que respete y garantice el pleno ejercicio de las facultades constitucionales de los legisladores, además de que se finquen responsabilidades a quienes ordenaron la acción represiva.
Pero el Partido Acción Nacional (PAN) respondió que las autoridades tienen que tomar previsiones frente al movimiento de resistencia civil pacífica, ''los borlotes'', según calificó el diputado del blanquiazul José Antonio de la Vega Asmitia, quien sostuvo que ''los actos violentos y agresivos'' son responsabilidad del PRD.
Desde el inicio de la penúltima sesión de la Comisión Permanente de la 59 Legislatura, que la semana entrante se despedirá, el presidente de la mesa directiva del Senado, y de la propia comisión, el priísta Enrique Jackson, a título personal condenó la violencia utilizada contra legisladores federales; subrayó su responsabilidad en garantizar el pleno respeto al fuero constitucional y llamó a las autoridades a que atiendan, a la brevedad y con toda seriedad las denuncias presentadas.
Poco antes de finalizar la sesión el diputado perredista Inti Muñoz propuso el punto de acuerdo y retó al PAN a no permitir que la represión en San Lázaro vuelva a ocurrir porque, añadió, no se puede permitir que los toletes y los gases lacrimógenos se transformen en la idea de diálogo del Ejecutivo con los legisladores.
El también diputado del sol azteca Pablo Gómez Alvarez expuso que lo ocurrido el pasado lunes, de acuerdo con la Constitución, fue un delito que debe ser perseguido por las autoridades y reconoció el pronunciamiento de Jackson. ''Por cada legislador golpeado por una autoridad en forma impune es la invitación a que golpeen a todos los demás'', sentenció.
Subrayó que si los perredistas ''hubiéramos querido tomar el Palacio Legislativo, lo haríamos como la fábula de Troya, porque allí trabajamos todos los días''.
De la Vega Asmitia acusó al PRD de configurar escenarios adecuados para la violencia porque, dijo, ''fueron ellos los que se abalanzaron contra los policías".
Inti Muñoz tachó de mentira que la coalición Por el Bien de Todos hubiera querido cerrar las calles que fueron bloqueadas ''por los propios policías'', y acusó a Acción Nacional y a al gobierno federal de sólo encontrar salidas a través del uso de la fuerza. Añadió que todo ello es originado por la ''gran ilegalidad'' cometida por el gobierno en las pasadas elecciones.
Pablo Alejo López, del PAN, se atuvo al argumento de su bancada y acusó al PRD de ser ''verdugo haciéndose pasar por víctima'', y acusó a Andrés Manuel López Obrador de cometer ''el único fraude que ha habido''.
Y en esas estaban los oradores cuando, de repente, los legisladores del PRI y del PAN abandonaron al unísono el salón de sesiones y ya no hubo quórum para votar el punto de acuerdo en contra del uso de la violencia por parte de las autoridades.
No hay lealtad, con ellos , se imaginan con los demas pobres mexicanos que no les significamos nada?
Jueves 17 de agosto de 2006
Azules y tricolores ''revientan'' sesión de la Permanente
Bloquean PAN y PRI condenar la represión a diputados del PRD
JOSE GALAN
En la Comisión Permanente, el debate sobre la represión a diputados federales perredistas derivó ayer en una agria polémica sobre el conflicto poselectoral. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió aprobar un punto de acuerdo para condenar los hechos del pasado lunes en San Lázaro, así como un exhorto al presidente Vicente Fox para que respete y garantice el pleno ejercicio de las facultades constitucionales de los legisladores, además de que se finquen responsabilidades a quienes ordenaron la acción represiva.
Pero el Partido Acción Nacional (PAN) respondió que las autoridades tienen que tomar previsiones frente al movimiento de resistencia civil pacífica, ''los borlotes'', según calificó el diputado del blanquiazul José Antonio de la Vega Asmitia, quien sostuvo que ''los actos violentos y agresivos'' son responsabilidad del PRD.
Desde el inicio de la penúltima sesión de la Comisión Permanente de la 59 Legislatura, que la semana entrante se despedirá, el presidente de la mesa directiva del Senado, y de la propia comisión, el priísta Enrique Jackson, a título personal condenó la violencia utilizada contra legisladores federales; subrayó su responsabilidad en garantizar el pleno respeto al fuero constitucional y llamó a las autoridades a que atiendan, a la brevedad y con toda seriedad las denuncias presentadas.
Poco antes de finalizar la sesión el diputado perredista Inti Muñoz propuso el punto de acuerdo y retó al PAN a no permitir que la represión en San Lázaro vuelva a ocurrir porque, añadió, no se puede permitir que los toletes y los gases lacrimógenos se transformen en la idea de diálogo del Ejecutivo con los legisladores.
El también diputado del sol azteca Pablo Gómez Alvarez expuso que lo ocurrido el pasado lunes, de acuerdo con la Constitución, fue un delito que debe ser perseguido por las autoridades y reconoció el pronunciamiento de Jackson. ''Por cada legislador golpeado por una autoridad en forma impune es la invitación a que golpeen a todos los demás'', sentenció.
Subrayó que si los perredistas ''hubiéramos querido tomar el Palacio Legislativo, lo haríamos como la fábula de Troya, porque allí trabajamos todos los días''.
De la Vega Asmitia acusó al PRD de configurar escenarios adecuados para la violencia porque, dijo, ''fueron ellos los que se abalanzaron contra los policías".
Inti Muñoz tachó de mentira que la coalición Por el Bien de Todos hubiera querido cerrar las calles que fueron bloqueadas ''por los propios policías'', y acusó a Acción Nacional y a al gobierno federal de sólo encontrar salidas a través del uso de la fuerza. Añadió que todo ello es originado por la ''gran ilegalidad'' cometida por el gobierno en las pasadas elecciones.
Pablo Alejo López, del PAN, se atuvo al argumento de su bancada y acusó al PRD de ser ''verdugo haciéndose pasar por víctima'', y acusó a Andrés Manuel López Obrador de cometer ''el único fraude que ha habido''.
Y en esas estaban los oradores cuando, de repente, los legisladores del PRI y del PAN abandonaron al unísono el salón de sesiones y ya no hubo quórum para votar el punto de acuerdo en contra del uso de la violencia por parte de las autoridades.
