Tuesday, August 29, 2006
ASTILLERO
Martes 29 de agosto de 2006
Astillero
Julio Hernández López
Mc Trife
Cajita electoral feliz Hildebrando judicial Por una nimiedad Coartada jurídica
Los especialistas en gatopardismo electoral (magistrados lampedusos) arriesgadamente van perfeccionando sus numeritos circenses de mal suspenso: en veloz paquete (la cajita feliz de Mc Trife) aprobaron ayer malabarismos aritméticos y jurídicos para que electoralmente todo siguiera igual. Irregularidades por aquí y por allá, votos de más y de menos, boletas sobrantes y faltantes, listas nominales ausentes y paquetes electorales violados y manipulados, pero... ¡todo siguió igual! Incluso, en una electrizante demostración de virtuosismo extremo, los magistrados del Trife (trifásicos, de allí lo eléctrico de su comportamiento) desarrollaron una variante de la suerte charra del paso de la muerte al anular (¡oh, cuánta emoción!) 237 mil 736 votos (¡oh, doña Juanita la de la tienda no supo contar tan bien como los comerciales del IFE presumían!), es decir, casi los 243 mil 934 sufragios que originalmente eran la diferencia oficial entre Calderón y López Obrador, pero (¡oh a punto del infarto!) esos 237 mil 736 votos anulados fueron adecuadamente repartidos en pérdidas entre los participantes para que, a fin de cuentas, el gatopardismo por todos sabido sentenciara solemnemente que, aunque algunas cifras habían cambiado, en realidad... nada había cambiado.
Todo ha sido, en realidad, una trajeada versión remix de los éxitos cibernéticos del rey mexicano de la payola electoral, Míster Hildebrando. Los libretos de desasosiego colectivo que los genios de las computadoras impusieron a los mexicanos, en noches y madrugadas de inexplicables resultados preliminares y de cómputos distritales, ahora fueron reproducidos en términos de presunta jurispericia: los magistrados trifásicos (dícese de un sistema de tres corrientes eléctricas alternas iguales, procedentes del mismo generador) ni siquiera sabían exactamente cuáles votos habían anulado, aún horas después de que habían aprobado su dictamen Mc Trife, no por unanimidad sino por una nimiedad (el serio y respetado columnista de asuntos económicos de El Universal, Alberto Barranco, publicó datos de esa nimiedad el pasado 2 de agosto en su Empresa: "...corre, insistente, la versión de que algunos magnates se estarían cooperando para integrar una vaquita, cuyo monto se entregaría, a título de donativo secreto, a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los recursos garantizarían un retiro placentero. La intención, naturalmente, es reconocer como definitiva la ventaja de Felipe Calderón Hinojosa en los conteos del IFE, rechazando la posibilidad del conteo voto por voto, casilla por casilla").
El episodio contable-jurídico de ayer forma parte del gran libreto del fraude electoral y, como en las anteriores entregas, su aplicada ejecución fue precedida de campañas mediáticas que fueron fijando el discurso presuntamente justificador de los desenlaces programados. En esta ocasión, el casete insertado en las máquinas reproductoras de alquiler desplegó el menú que instruía instalar como coartada mil veces repetible el que la coalición Por el Bien de Todos tenía fallas jurídicas tan graves que hacían imposible la satisfacción de exigencias coreadas en mítines, pero no presentadas en correctos términos procesales. El argumento es de una precariedad jurídica lamentable, pero de una gran utilidad para quienes juegan política e intelectualmente entre dos aguas: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene facultades plenas para mantener el orden constitucional cuando éste es afectado por violaciones como las que fueron parcialmente denunciadas por una coalición de partidos y como las que sin duda surgieron (casi 240 mil irregularidades encontradas en un muestreo de 9 por ciento del total de los paquetes electorales) en el recuento ordenado por ese mismo órgano judicial electoral. Contra el espíritu letrista, pichicato, acomodaticio, que el citado Trife utilizó para cumplir con las instrucciones dictadas por los verdaderos poderes del país, debió prevalecer el criterio propio de un tribunal constitucional que, para decirlo en términos llanos, podría actuar casi sin límites para indagar presuntas violaciones al orden constitucional como serían las evidencias de fraude electoral. En cambio, el tribunal electoral del poder de la consigna prefirió comportarse como policía de esquina que sólo actúa en función de lo que en esos momentos sucede.
Aunque falta que el Trife declare validez o invalidez de los comicios presidenciales, el golpe electoral de ayer no por previsible fue menos doloroso. Quienes guardaban esperanza de que pudiera haber justicia electoral vivieron un día amargo. Pero la reacción de Andrés Manuel López Obrador no fue de conformismo o abatimiento. Por el contrario, en la reunión nocturna del Zócalo propuso, sin ambages, el desconocimiento del cómputo oficial trifásico y del presunto triunfador aritmético (IFE más Trife igual a Felife) y, con un discurso endurecido, planteó la posibilidad de que el Día de la Revolución tome protesta quien sería declarado el Día de la Independencia presidente de un gobierno alterno o jefe de una resistencia civil.
Emitida ya la primera definición judicial trifásica, los gobiernos virtuales (Fox y Calderón) creen llegado el momento de usar el presupuesto público para generar una falsa ola ciudadana de exigencias de que "ahora sí" se aplique "la ley" sin reparos. Vicente Nixon Plus y Felipiano Huerta y no Josa (josa: finca sin cerca, plantada de vides y árboles frutales, diferente de las huertas que sí se benefician de los cercos) preparan represiones: el primero habla de defender a la patria de quienes quieren estar por encima de las leyes (podría fundar las milicias Bribiesca) y el segundo habla ampulosamente de mano firme. En Bucareli, ahora que ya conviene usar mediáticamente el asunto, como una más de las muchas cortinas de humo que serán desplegadas en los días venideros, el secretario de El Yunque hace el milagro de atender la crisis oaxaqueña con una reunión cumbre en su despacho capitalino. Mientras tanto, los machetes de San Salvador Atenco entran a la Suprema Corte y llegan en pequeña e insólita muestra de protesta hasta los despachos fríos, formales, solemnes, institucionales de los ministros encargados de suministrar justicia a un pueblo cada vez más agraviado. ¡Hasta mañana!
Fax: 56 05 20 99 juliohdz@jornada.com.mx
-1?'https:':'http:';
if (!document.phpAds_used) document.phpAds_used = ',';
document.write ('');
//-->
Astillero
Julio Hernández López
Mc Trife
Cajita electoral feliz Hildebrando judicial Por una nimiedad Coartada jurídica
Los especialistas en gatopardismo electoral (magistrados lampedusos) arriesgadamente van perfeccionando sus numeritos circenses de mal suspenso: en veloz paquete (la cajita feliz de Mc Trife) aprobaron ayer malabarismos aritméticos y jurídicos para que electoralmente todo siguiera igual. Irregularidades por aquí y por allá, votos de más y de menos, boletas sobrantes y faltantes, listas nominales ausentes y paquetes electorales violados y manipulados, pero... ¡todo siguió igual! Incluso, en una electrizante demostración de virtuosismo extremo, los magistrados del Trife (trifásicos, de allí lo eléctrico de su comportamiento) desarrollaron una variante de la suerte charra del paso de la muerte al anular (¡oh, cuánta emoción!) 237 mil 736 votos (¡oh, doña Juanita la de la tienda no supo contar tan bien como los comerciales del IFE presumían!), es decir, casi los 243 mil 934 sufragios que originalmente eran la diferencia oficial entre Calderón y López Obrador, pero (¡oh a punto del infarto!) esos 237 mil 736 votos anulados fueron adecuadamente repartidos en pérdidas entre los participantes para que, a fin de cuentas, el gatopardismo por todos sabido sentenciara solemnemente que, aunque algunas cifras habían cambiado, en realidad... nada había cambiado.
Todo ha sido, en realidad, una trajeada versión remix de los éxitos cibernéticos del rey mexicano de la payola electoral, Míster Hildebrando. Los libretos de desasosiego colectivo que los genios de las computadoras impusieron a los mexicanos, en noches y madrugadas de inexplicables resultados preliminares y de cómputos distritales, ahora fueron reproducidos en términos de presunta jurispericia: los magistrados trifásicos (dícese de un sistema de tres corrientes eléctricas alternas iguales, procedentes del mismo generador) ni siquiera sabían exactamente cuáles votos habían anulado, aún horas después de que habían aprobado su dictamen Mc Trife, no por unanimidad sino por una nimiedad (el serio y respetado columnista de asuntos económicos de El Universal, Alberto Barranco, publicó datos de esa nimiedad el pasado 2 de agosto en su Empresa: "...corre, insistente, la versión de que algunos magnates se estarían cooperando para integrar una vaquita, cuyo monto se entregaría, a título de donativo secreto, a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los recursos garantizarían un retiro placentero. La intención, naturalmente, es reconocer como definitiva la ventaja de Felipe Calderón Hinojosa en los conteos del IFE, rechazando la posibilidad del conteo voto por voto, casilla por casilla").
El episodio contable-jurídico de ayer forma parte del gran libreto del fraude electoral y, como en las anteriores entregas, su aplicada ejecución fue precedida de campañas mediáticas que fueron fijando el discurso presuntamente justificador de los desenlaces programados. En esta ocasión, el casete insertado en las máquinas reproductoras de alquiler desplegó el menú que instruía instalar como coartada mil veces repetible el que la coalición Por el Bien de Todos tenía fallas jurídicas tan graves que hacían imposible la satisfacción de exigencias coreadas en mítines, pero no presentadas en correctos términos procesales. El argumento es de una precariedad jurídica lamentable, pero de una gran utilidad para quienes juegan política e intelectualmente entre dos aguas: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene facultades plenas para mantener el orden constitucional cuando éste es afectado por violaciones como las que fueron parcialmente denunciadas por una coalición de partidos y como las que sin duda surgieron (casi 240 mil irregularidades encontradas en un muestreo de 9 por ciento del total de los paquetes electorales) en el recuento ordenado por ese mismo órgano judicial electoral. Contra el espíritu letrista, pichicato, acomodaticio, que el citado Trife utilizó para cumplir con las instrucciones dictadas por los verdaderos poderes del país, debió prevalecer el criterio propio de un tribunal constitucional que, para decirlo en términos llanos, podría actuar casi sin límites para indagar presuntas violaciones al orden constitucional como serían las evidencias de fraude electoral. En cambio, el tribunal electoral del poder de la consigna prefirió comportarse como policía de esquina que sólo actúa en función de lo que en esos momentos sucede.
Aunque falta que el Trife declare validez o invalidez de los comicios presidenciales, el golpe electoral de ayer no por previsible fue menos doloroso. Quienes guardaban esperanza de que pudiera haber justicia electoral vivieron un día amargo. Pero la reacción de Andrés Manuel López Obrador no fue de conformismo o abatimiento. Por el contrario, en la reunión nocturna del Zócalo propuso, sin ambages, el desconocimiento del cómputo oficial trifásico y del presunto triunfador aritmético (IFE más Trife igual a Felife) y, con un discurso endurecido, planteó la posibilidad de que el Día de la Revolución tome protesta quien sería declarado el Día de la Independencia presidente de un gobierno alterno o jefe de una resistencia civil.
Emitida ya la primera definición judicial trifásica, los gobiernos virtuales (Fox y Calderón) creen llegado el momento de usar el presupuesto público para generar una falsa ola ciudadana de exigencias de que "ahora sí" se aplique "la ley" sin reparos. Vicente Nixon Plus y Felipiano Huerta y no Josa (josa: finca sin cerca, plantada de vides y árboles frutales, diferente de las huertas que sí se benefician de los cercos) preparan represiones: el primero habla de defender a la patria de quienes quieren estar por encima de las leyes (podría fundar las milicias Bribiesca) y el segundo habla ampulosamente de mano firme. En Bucareli, ahora que ya conviene usar mediáticamente el asunto, como una más de las muchas cortinas de humo que serán desplegadas en los días venideros, el secretario de El Yunque hace el milagro de atender la crisis oaxaqueña con una reunión cumbre en su despacho capitalino. Mientras tanto, los machetes de San Salvador Atenco entran a la Suprema Corte y llegan en pequeña e insólita muestra de protesta hasta los despachos fríos, formales, solemnes, institucionales de los ministros encargados de suministrar justicia a un pueblo cada vez más agraviado. ¡Hasta mañana!
Fax: 56 05 20 99 juliohdz@jornada.com.mx
-1?'https:':'http:';
if (!document.phpAds_used) document.phpAds_used = ',';
document.write ('');
//-->
TEPJF- Traidores Electorales Perros Jijos de Fox
Tribunal ratifica ventaja de Felipe
Arturo Zárate Vite, El Universal Martes 29 de agosto de 2006
Presuntas anomalías no fueron acreditadas
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la ventaja del panista Felipe Calderón Hinojosa sobre el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.
Al resolver los 375 juicios de inconformidad presentados por los partidos políticos, los magistrados anularon 237 mil 736 votos del pasado proceso electoral, los cuales no representaron una modificación entre el primero y el segundo lugar.
El TEPJF restó 81 mil 80 votos a Calderón Hinojosa y 76 mil 897 sufragios a López Obrador.
Las impugnaciones de la coalición sobre el conteo de votos, prosperaron sólo de manera parcial.
El magistrado presidente, Leonel Castillo, señaló que se denunciaron múltiples irregularidades, pero no fueron demostradas "y el Tribunal en estos casos no puede resolver sólo con base en dichos".
La demanda de la coalición para que no se declare la validez de la elección se resolverá en el próximo dictamen del Tribunal, que podrá estar listo entre el 2 y el 4 de septiembre. El plazo legal termina el día 6.
Dos de los siete magistrados tendrán que elaborar el dictamen sobre la calificación del proceso, que incluirá la sumatoria final de los votos y, si procede, las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo.
Además, tendrán que verificar que el candidato que haya obtenido el mayor número de votos cumpla con los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución y notificar a la Cámara de Diputados la resolución que adopte para que realice la publicación del bando solemne.
Con base en datos obtenidos en el Tribunal Electoral y en las cifras totales reportadas por el Instituto Federal Electoral el 5 de julio, Felipe Calderón se quedaría con 14 millones 919 mil 204 votos y López Obrador con 14 millones 679 mil 453 votos.
La diferencia entre ambos es de 239 mil 751 votos. El porcentaje de diferencia se mantendría en 0.58%.
Durante la sesión -que se esperaba mayor a ocho horas y terminó siendo de tres- se explicó que la anulación de casillas se debió a errores aritméticos determinantes y también a la sustitución irregular, en varios casos, de los funcionarios de casillas.
Castillo descartó que durante el conteo realizado en las juntas distritales se haya favorecido a candidato presidencial alguno.
Al resto de los candidatos también se les descontaron votos: a Roberto Madrazo, de la alianza PRI-PVEM,63 mil 114 votos; Patricia Mercado, de Alternativa, perdió 5 mil 962 sufragios, y Roberto Campa, del Panal, 2 mil 743 votos.
Entrevistan desde Londres a Camacho
Exigirá PRD anulación de las elecciones mexicanas
Manuel Camacho Solís, asesor estratégico de López Obrador, señaló que de no anularse el resultado electoral, "encabezaremos un movimiento que no reconoce a las instituciones del país”.
Londres.- El principal asesor estratégico del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Camacho, aseguró que la negativa de repetir el recuento electoral deja como única alternativa la anulación de las presidenciales mexicanas. En una entrevista publicada hoy por el diario británico Financial Times, Camacho, jefe de estrategia del líder del PRD, Andrés Manuel López Obrador, advirtió de que cualquier otra opción empeorará la atmósfera de tensión política del país.
"El tribunal tiene que anular las elecciones porque es el único camino para salir de la crisis política de México", sostuvo el estratega del PRD. De no anularse el resultado electoral, dijo, "encabezaremos un movimiento que no reconoce a las instituciones del país y que inevitablemente significará una escalada de la confrontación política".
Según subrayó el periódico de referencia británico, estas demandas se producen después de que el Tribunal Electoral Federal rechazara la víspera las solicitudes de un recuento total de los votos, como exigía el PRD. Una anulación del resultado, indicó el diario británico, supondría la entrada de un presidente interino elegido por el Congreso y nuevas elecciones, que podrían tener lugar entorno a mediados de 2008. Si esta posibilidad no es aceptada, López Obrador anunció que propondrá a los delegados de su movimiento el próximo 16 de septiembre, la formación de un "gobierno alternativo".
Existe también, según destacó Camacho, un grave riesgo de violencia callejera, aunque subrayó que el movimiento de "resistencia civil" impulsado por López Obrador contempla sólo acciones pacíficas. A pesar de esto, "la gente está muy enfadada y hay mucha confusión", por lo que "podría fácilmente haber choques con la policía federal", dijo. De acuerdo con Financial Times, no obstante, los expertos consideran que una anulación es "extremadamente improbable y dos de los siete magistrados que formaban el tribunal electoral parecen dar peso a este punto de vista".
El tribunal electoral deberá ahora ajustar los resultados oficiales de las elecciones tras el recuento parcial de votos, confirmar o no que las elecciones han sido justas y legales y nombrar presidente electo, tareas que deben completarse para el 6 de septiembre.
Confirmado- GOLPE DE ESTADO
La resolución del TEPJF constituye un "verdadero golpe de Estado": AMLO
ENRIQUE MENDEZ
El ánimo no decae en los seguidores de Andrés Manuel López Obrador
Ante sus simpatizantes que gritaron la nueva consigna de la resistencia civil: "¡sufragio efectivo, no imposición!", y repudiaron a los magistrados, Andrés Manuel López Obrador acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de "asumir una actitud cómplice, convalidar el fraude y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial", en lo que constituye "un verdadero golpe de Estado" y una "sumisión a los extremistas de la derecha".
También presentó un proyecto de siete puntos a discutirse en la Convención Nacional Democrática del 16 de septiembre, entre los que resaltan no aceptar el cómputo oficial, "rechazar la usurpación y desconocer a Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República", así como decidir si el presidente legítimo o el coordinador de la resistencia civil pacífica y el órgano de gobierno se instalen y tomen posesión el 20 de noviembre o el 1º de diciembre próximo.
Ayer, en la asamblea permanente en el Zócalo capitalino, el candidato de la coalición Por el Bien de Todos centró sus críticas en el fallo del tribunal que, aseguró, "con su decisión rompe el orden constitucional y en los hechos abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un golpe de Estado".
La respuesta de la gente, indignada por el fallo de los magistrados, y que a pesar de la lluvia se mantuvo firme en la Plaza de la Constitución, fue: "¡no pasará, no pasará!"
Al leer el documento, que firmó y será sometido a discusión en la convención, López Obrador aseguró que al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica.
"La sumisión de estas personas que no supieron actuar como jueces, a los designios de un grupo de privilegiados y extremistas de derecha que se han apoderado del aparato estatal haciendo a un lado los intereses de la República, representa no sólo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero golpe de Estado", sostuvo.
Agregó que esta situación de violencia institucional y de trastrocamiento de las instituciones es para millones de mexicanos ofensiva e inaceptable.
La actitud de los magistrados, dijo, se reflejó desde el momento en que se negaron a limpiar los comicios y a realizar el recuento voto por voto y casilla por casilla. A pesar de ello, explicó, la diligencia judicial practicada en sólo 9.07 por ciento de los paquetes "demostró que las alteraciones de los resultados electorales no fueron producto de errores aritméticos de los ciudadanos, sino parte de un operativo de fraude electoral fraguado y organizado por el grupo en el poder.
Porque, expuso, los siete magistrados ignoraron lo que es del dominio público: que durante todo el proceso electoral de 2006, desde su preparación hasta su calificación, el presidente Vicente Fox organizó y ejecutó un operativo de Estado para impedir a toda costa la llegada del candidato de la coalición a la Presidencia.
Afirmó que este fraude no sólo le cerró el paso a un aspirante electoral, sino que anuló de facto los derechos constitucionales de los ciudadanos para elegir libre y democráticamente a quien gobierne el país.
Esto constituye un evidente retroceso en la vida democrática del país, porque no se respetó el sufragio que, en una República representativa, constituye la expresión de la soberanía popular, pero en México "una minoría rapaz, que se apropió ilícitamente del poder y de los recursos de la nación, consumó este fraude electoral para imponer sus intereses por sobre las aspiraciones y necesidades del pueblo mexicano".
El candidato de la coalición definió que la imposición y la usurpación comenzaron a fraguarse desde 2003, cuando el gobierno foxista y los grupos conservadores del país iniciaron una campaña en su contra, que incluyó los videoescándalos, el uso de las instituciones del Estado y los medios de comunicación, como parte de una maniobra planeada desde el poder para desacreditarlo.
Después se recurrió al desafuero para inhabilitarlo políticamente, y aseguró que el verdadero motivo para cerrarle el paso a la Presidencia estriba en su proyecto de nación, que "constituye, eso sí, un peligro para los intereses de una minoría rapaz y poderosa".
Explicó que el fraude electoral fue, a la vez, el más burdo y el más sofisticado de la historia del país, no sólo porque se recurrió a los métodos tradicionales como el acarreo de votantes, la sustitución de funcionarios de casilla, el relleno de urnas con votos ilegales y la falsificación de las actas de escrutinio, sino a la manipulación de los sistemas de cómputo, todo lo cual configuró una serie interminable de ilícitos electorales.
Además, dijo, desde el inicio del proceso Calderón se convirtió en el candidato oficial al que Fox buscó imponer por todos los medios, y en vez de actuar como estadista se comportó como jefe de grupo y utilizó ilegalmente la estructura del Estado y recursos materiales oficiales para apuntalar la candidatura panista.
En complicidad con él, el Instituto Federal Electoral actuó de manera facciosa, dejó que el gobierno y el PAN destinaran recursos públicos y privados a la campaña de Acción Nacional, toleró la guerra sucia y la intromisión del Consejo Coordinador Empresarial, y violó sistemáticamente los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
La actuación del IFE se comprobó con el recuento del tribunal, que dejó en evidencia que "el Consejo General y muchos consejeros distritales actuaron con dolo, en complicidad con el gobierno federal para beneficiar al PAN, y nos robaron la elección presidencial. En pocas palabras, con los criterios establecidos por el tribunal para analizar las casillas que se recontaron quedó de manifiesto, aunque traten de ocultarlo, que nosotros ganamos la elección".
Enseguida presentó los siete puntos del proyecto a debatir en la convención: desconocer el cómputo oficial; rechazar la usurpación y desconocer a Calderón como presidente, lo mismo que a los funcionarios que designe, así como a todos los actos de su gobierno de facto; si se constituye un gobierno de la República o una coordinación de la resistencia civil pacífica, que reconozca y ratifique a un presidente legítimo, a un jefe de gobierno en resistencia, a un encargado del poder Ejecutivo o a un coordinador nacional de la resistencia.
También, que el órgano creado y quien lo represente apruebe el programa básico de cinco puntos presentado por él; que dicho órgano se instale y tome posesión el 20 de noviembre o el 1º de diciembre; que los acuerdos tomados por la convención se asuman de manera voluntaria, y que el nuevo gobierno surgido de la convención no pida el apoyo corporativo e incondicional a nadie y respete las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país.
También envió un mensaje a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a quienes les pidió retirar de su salón de sesiones el retrato del presidente Juárez, porque "no merece estar en ese recinto, y que cuelguen mejor el retrato de Diego Fernández de Cevallos, quien es a final de cuentas y hablando en plata, el santo patrono de (Mariano) Azuela y otros más".
Al final, López Obrador firmó el documento y lo mostró a sus simpatizantes.
Ahora quieren meter a una ultraderechista al Instituto Nacional de las Mujeres
Esta notas y mas en el Trascendio- del Milenio
Que Héctor Larios, coordinador de los diputados del PAN, estuvo dispuesto a entregarle la Junta de Coordinación Política de la Cámara a un legislador del PRD, siempre y cuando, desde luego, la Mesa Directiva fuera blanquiazul.
Pero no contó con la férrea negativa del PRI, que exigió una de las dos posiciones. Hoy se sabrá cómo se acomoda la primera negociación nodal de la 60 Legislatura.
Que otro roce en San Lázaro surgió con la propuesta de la diputada priista Laura Martínez Rivera de iniciar una controversia constitucional para que el estado de Coahuila reciba los recursos asignados para el programa carretero del 2006. El problema fue que el panista Jorge Zermeño, quien hoy asumirá como presidente de la Mesa Directiva, votó en contra en la Comisión Permanente, donde era senador.
En el círculo del gobernador coahuilense Humberto Moreira están convencidos de que la decisión de Zermeño responde a una vieja herida: perdió la elección con Moreira hace dos años.
Que los dos magistrados del Tribunal Electoral que elaborarán el dictamen de calificación de la elección presidencial serán Leonel Castillo y Mauro Miguel Reyes Zapata.
Que en la Secretaría de Gobernación saben perfectamente que el primer punto que planteará la APPO en las negociaciones de hoy será la renuncia del gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz.
Por eso, en Bucareli han tenido que desempolvar los viejos manuales de “relevo urgente de mandatarios estatales”. Sin embargo, nadie se hace ilusiones de que la eventual caída de Ulises Ruiz resolvería los problemas con los radicales de la APPO.
Que se integró la terna para sustituir al doctor Diego Valadés al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los candidatos son José María Serna, secretario académico del Instituto, y los investigadores Héctor Fix-Fierro y Édgar Corzo Sosa.
Por Investigaciones Jurídicas pasaron tres ombudsman nacionales: Jorge Carpizo, Jorge Madrazo y José Luis Soberanes.
Que las consejeras del Instituto Nacional de las Mujeres, Magdalena García, Roxana Cuevas, Candelaria Ochoa y Aída González denunciaron que esa dependencia quiere imponer a militantes de la ultraderecha en su consejo.
Una de las candidatas es María Eugenia Díaz Gastine, quien fue presidenta de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas y pertenece a los Consejos Pontificios.
EL Porque los campesinos del Norte inician su resistencia
La tormenta sobre el maíz
Rogelio Ramírez de la O
28 de agosto de 2006
P arte del privilegio de apoyar con la coordinación del programa económico de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue atestiguar la ceguera de numerosos círculos de poder y de opinión frente a problemas nacionales y su rechazo sin bases analíticas a propuestas constructivas de política pública.
Aun analistas con experiencia insisten que nuestro programa económico no es viable; o bien que siendo el diagnóstico correcto, sus propuestas representan un viraje al pasado en lugar de ver hacia el futuro y las oportunidades de la globalización. Esta postura puede estar bien en la teoría, pero en la práctica los lleva a la parálisis frente a problemas concretos. Un ejemplo que va a ilustrar lo anterior es la inminente desgravación del maíz siguiendo los términos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).
Los criterios que se han utilizado en México para la política agropecuaria basados en modelos de comercio internacional libre de primera generación han exigido una fe ciega en el ajuste automático de la economía a la realidad de los precios externos. Según esto, si el maíz importado es más barato que el nuestro, entonces no hay que producirlo aquí. Se debe producir sólo aquello en lo que se es globalmente competitivo.
En la realidad países como Estados Unidos subsidian y protegen con tarifas y cuotas a sus productores agrícolas sin que nadie los acuse de vivir en el pasado. Tampoco se ha comprobado ningún ajuste automático en el empleo cuando se reducen las tarifas a la importación. La experiencia de los productores agrícolas mexicanos de la última década ha sido la pérdida de empleo. Por eso es de esperarse que la desgravación por venir cause una pérdida adicional en las regiones que aún siguen produciendo. Otra parte de la experiencia es que los trabajadores desplazados de la agricultura no han encontrado empleo en otras actividades. Por el contrario, otras actividades, como las manufacturas, también registran desocupación desde el año 2001. Esta pérdida de empleo generalizada en la agricultura desde principios de los años noventa y en las manufacturas desde 2001 no fue prevista por los modelos de libre comercio ni por los arquitectos del TLCAN.
Pero esa es la evidencia: la población económicamente activa en el sector agropecuario ha caído en más de 2 millones desde 1993. El empleo manufacturero cayó 16% entre 2001 y 2006. Esto, al tiempo que nuestras exportaciones no petroleras aumentaron de 45 mil a 190 mil millones de dólares entre 1993 y 2006.
Aunque no toda la pérdida de empleo obedeció al libre comercio como efecto directo, sí es claro que dicha pérdida está ligada con una estrategia de crecimiento según la cual hemos cerrado líneas de producción al abrir la economía a lo importado.
Un argumento frecuente, pero inocente, es que esto ha beneficiado al consumidor. En realidad el consumidor para consumir debe ser ante todo un productor; por ello recibe un salario: si su empleo se acaba, su salario también. Por esas razones no debe dejar de considerarse la solución de frenar la última etapa de desgravación prevista en el TLCAN. El gobierno ya ha rechazado cualquier posibilidad de hacerlo así, pero no aporta otra solución. Su enfoque hasta ahora ha sido excesivamente rígido: la pérdida de empleo es inevitable o bien es temporal. Inevitable cuando al hacernos una economía más eficiente dejamos de producir cosas que tienen menores costos en algún otro país del mundo. Temporal porque si seguimos por el mismo camino algún día, cuando ya seamos eficientes, el empleo crecerá en otras actividades. Y también es rígido porque se argumenta que si ya firmamos el TLCAN ahora no queda más que cumplirlo, pues intentar cambiarlo llevaría a nuestros socios a revisar renglones en los que a ellos no les fue tan bien como esperaban.
El problema esencial con estos argumentos es que no se ajustan a la realidad del comercio internacional. Primero, porque el comercio agrícola en especial ha estado sujeto a prácticas proteccionistas. Países emergentes que tienen bajos costos agrícolas, como Argentina y Brasil, no logran que Estados Unidos y Europa reduzcan sus barreras o sus subsidios para competir con un comercio libre. Así, el argumento de que cada país debe comprar lo que es más barato no se aplica a la realidad. Tampoco nos hemos hecho notoriamente más eficientes en el conjunto de la economía, pues del lugar número nueve por el valor de la producción mundial que teníamos en el mundo en 2000, hoy estamos en el 14.
Entre los ocho países más grandes de América Latina, hemos sido los que menor tasa de crecimiento registramos entre 2001 y 2006. Y luego el flujo de emigración ha pasado de 295 mil a finales de los 90 a 500 mil actualmente. Es entonces grave que tengamos frente a nosotros la última etapa de desgravación de maíz según el TLCAN y carezcamos de una estrategia económicamente eficiente para enfrentarla. Si suponemos que los empleos que se perderán serán un poco más de lo que ya hemos sufrido en la última década y que por ello no es algo que nos debe quitar el sueño, estaremos minimizando el problema de la emigración a las ciudades y a la frontera norte. Si suponemos que los solucionamos con aumentos en los programas sociales, estaremos escogiendo una vía económicamente muy ineficiente para un asunto que se puede arreglar de entrada sólo manteniendo la tarifa de importación en donde hoy está.
En efecto, el ritmo de desgravación que comprometimos en el TLCAN implica que cada año debemos reducir la tarifa a la importación en 50%. Hoy la tarifa es de 36%, por lo que la desgravación a partir de enero de 2007 será a 18%. Si bien con una tarifa actual podíamos todavía mantener a un sector importante de productores mexicanos, con la tarifa de 18% ya no será posible hacerlo.
Hay que tomar en cuenta que EU nos vende alrededor de 6 millones de toneladas de maíz, pero hoy tienen inventarios altísimos de 32 millones. Siendo el más grande productor y exportador de maíz en el mundo, que nadie se sorprenda cuando inunden nuestro mercado.
Rogelio Ramírez de la O
28 de agosto de 2006
P arte del privilegio de apoyar con la coordinación del programa económico de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue atestiguar la ceguera de numerosos círculos de poder y de opinión frente a problemas nacionales y su rechazo sin bases analíticas a propuestas constructivas de política pública.
Aun analistas con experiencia insisten que nuestro programa económico no es viable; o bien que siendo el diagnóstico correcto, sus propuestas representan un viraje al pasado en lugar de ver hacia el futuro y las oportunidades de la globalización. Esta postura puede estar bien en la teoría, pero en la práctica los lleva a la parálisis frente a problemas concretos. Un ejemplo que va a ilustrar lo anterior es la inminente desgravación del maíz siguiendo los términos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).
Los criterios que se han utilizado en México para la política agropecuaria basados en modelos de comercio internacional libre de primera generación han exigido una fe ciega en el ajuste automático de la economía a la realidad de los precios externos. Según esto, si el maíz importado es más barato que el nuestro, entonces no hay que producirlo aquí. Se debe producir sólo aquello en lo que se es globalmente competitivo.
En la realidad países como Estados Unidos subsidian y protegen con tarifas y cuotas a sus productores agrícolas sin que nadie los acuse de vivir en el pasado. Tampoco se ha comprobado ningún ajuste automático en el empleo cuando se reducen las tarifas a la importación. La experiencia de los productores agrícolas mexicanos de la última década ha sido la pérdida de empleo. Por eso es de esperarse que la desgravación por venir cause una pérdida adicional en las regiones que aún siguen produciendo. Otra parte de la experiencia es que los trabajadores desplazados de la agricultura no han encontrado empleo en otras actividades. Por el contrario, otras actividades, como las manufacturas, también registran desocupación desde el año 2001. Esta pérdida de empleo generalizada en la agricultura desde principios de los años noventa y en las manufacturas desde 2001 no fue prevista por los modelos de libre comercio ni por los arquitectos del TLCAN.
Pero esa es la evidencia: la población económicamente activa en el sector agropecuario ha caído en más de 2 millones desde 1993. El empleo manufacturero cayó 16% entre 2001 y 2006. Esto, al tiempo que nuestras exportaciones no petroleras aumentaron de 45 mil a 190 mil millones de dólares entre 1993 y 2006.
Aunque no toda la pérdida de empleo obedeció al libre comercio como efecto directo, sí es claro que dicha pérdida está ligada con una estrategia de crecimiento según la cual hemos cerrado líneas de producción al abrir la economía a lo importado.
Un argumento frecuente, pero inocente, es que esto ha beneficiado al consumidor. En realidad el consumidor para consumir debe ser ante todo un productor; por ello recibe un salario: si su empleo se acaba, su salario también. Por esas razones no debe dejar de considerarse la solución de frenar la última etapa de desgravación prevista en el TLCAN. El gobierno ya ha rechazado cualquier posibilidad de hacerlo así, pero no aporta otra solución. Su enfoque hasta ahora ha sido excesivamente rígido: la pérdida de empleo es inevitable o bien es temporal. Inevitable cuando al hacernos una economía más eficiente dejamos de producir cosas que tienen menores costos en algún otro país del mundo. Temporal porque si seguimos por el mismo camino algún día, cuando ya seamos eficientes, el empleo crecerá en otras actividades. Y también es rígido porque se argumenta que si ya firmamos el TLCAN ahora no queda más que cumplirlo, pues intentar cambiarlo llevaría a nuestros socios a revisar renglones en los que a ellos no les fue tan bien como esperaban.
El problema esencial con estos argumentos es que no se ajustan a la realidad del comercio internacional. Primero, porque el comercio agrícola en especial ha estado sujeto a prácticas proteccionistas. Países emergentes que tienen bajos costos agrícolas, como Argentina y Brasil, no logran que Estados Unidos y Europa reduzcan sus barreras o sus subsidios para competir con un comercio libre. Así, el argumento de que cada país debe comprar lo que es más barato no se aplica a la realidad. Tampoco nos hemos hecho notoriamente más eficientes en el conjunto de la economía, pues del lugar número nueve por el valor de la producción mundial que teníamos en el mundo en 2000, hoy estamos en el 14.
Entre los ocho países más grandes de América Latina, hemos sido los que menor tasa de crecimiento registramos entre 2001 y 2006. Y luego el flujo de emigración ha pasado de 295 mil a finales de los 90 a 500 mil actualmente. Es entonces grave que tengamos frente a nosotros la última etapa de desgravación de maíz según el TLCAN y carezcamos de una estrategia económicamente eficiente para enfrentarla. Si suponemos que los empleos que se perderán serán un poco más de lo que ya hemos sufrido en la última década y que por ello no es algo que nos debe quitar el sueño, estaremos minimizando el problema de la emigración a las ciudades y a la frontera norte. Si suponemos que los solucionamos con aumentos en los programas sociales, estaremos escogiendo una vía económicamente muy ineficiente para un asunto que se puede arreglar de entrada sólo manteniendo la tarifa de importación en donde hoy está.
En efecto, el ritmo de desgravación que comprometimos en el TLCAN implica que cada año debemos reducir la tarifa a la importación en 50%. Hoy la tarifa es de 36%, por lo que la desgravación a partir de enero de 2007 será a 18%. Si bien con una tarifa actual podíamos todavía mantener a un sector importante de productores mexicanos, con la tarifa de 18% ya no será posible hacerlo.
Hay que tomar en cuenta que EU nos vende alrededor de 6 millones de toneladas de maíz, pero hoy tienen inventarios altísimos de 32 millones. Siendo el más grande productor y exportador de maíz en el mundo, que nadie se sorprenda cuando inunden nuestro mercado.
