Monday, August 28, 2006
Agricultores toman oficinas de CFE y carreteras federales en el Noroeste de Chih.
Lunes, 28 de agosto de 2006
Encabezados por Armando Villarreal Martha, dirigente de Agrodinámica Nacional A.C., Comisariados Ejidales, agricultores adheridos a esta organización y amas de casa tomaron las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad de Ascensión y Nuevo Casas Grandes, Chih. así como las carreteras federales: Cd. Juárez - Ascensión a la altura del Ejido 6 de Enero, el tramo federal Ascensión - Janos a la salida de el poblado de Ascensión y el tramo carretero Janos - Agua Prieta en el poblado de Janos. Éstas tomas son con tractores y maquinaria agrícola y se deben a que los agricultores se cansaron de las demandas judiciales y civiles que la CFE tiene en contra de los agricultores junto con la nula respuesta de que se reconozca que la mitad del adeudo que tienen los agricultores no debe de existir ya que no han aplicado las tarifas preferenciales iguales para todos los productores como lo marca la ley. Así mismo expresó Armando Villarreal “Estamos inconformes porque no tenemos la tarifa a 14 cts.”
El líder campesino afirmó, “Con este movimiento conjunto de agricultores y amas de casa principalmente inició la resistencia civil domiciliaria de los municipios de Ascensión, Janos, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, se reclama que se cambie de la tarifa 1A a la 1F para que se puedan tener 200 Kw. más subsidiados por cada servicio domiciliario. Prueba de ello es que el día de hoy el movimiento de resistencia civil domiciliaria adherido a Agrodinámica Nacional A.C. hizo su primer plantón y más de 130 mujeres tapizaron casi todas las ventanas y algunas paredes de las oficinas de CFE en Nuevo Casas Grandes, Chih. con copias fotostáticas de los recibos que llegaron exageradamente caros a cada uno de los hogares de las mujeres que allí protestaban, luego se solicitó hablar con el Superintendente y cuando se le planteó el cambio de tarifa solicitó a los líderes de Agrodinámica Nacional A.C. y amas de casa quienes le acompañaban que le presentaran esta petición por escrito.
Armando Villarreal afirmó que han sido invitados a reuniones donde Gobierno del Estado de Chihuahua quiere retomar las mesas de trabajo que fueron interrumpidas antes de las elecciones pero como la Comisión Federal de Electricidad se ha pasado por el arco del triunfo la petición del Gobernador Reyes Baeza de que fueran retiradas las denuncias penales y civiles en contra de los agricultores, así como también se ha pasado por el arco del triunfo los acuerdos de la CONAGO en ese mismo sentido. Entonces Villarreal expresó que “Sólo nos sentaremos en dichas mesas de trabajo con Gobierno del Estado hasta que la CFE haya decidido quitar las denuncias penales y civiles que enfrentamos los agricultores pues parece que en México vivimos un gobierno estilo Pinochet donde sólo la palabra de Vicente “Pinochet” Fox vale y no le importa las opiniones de la CONAGO ni de los Diputados Federales y mucho menos la opinión del Gobernador de Chihuahua que ha buscado afanosamente que este problema sea resuelto.
Seguiremos tomando más oficinas de CFE, carreteras y quizá hasta aduanas porque con promesas mal cumplidas y con políticas agropecuarias erróneas no podemos enfrentar ni la crisis que vivimos ni mucho menos la apertura total de el Tratado de Libre Comercio en el 2008.
A T E N T A M E N T E
AGRODINAMICA NACIONAL A.C.
____________________
Armando Villareal Martha
PRESIDENTE
Encabezados por Armando Villarreal Martha, dirigente de Agrodinámica Nacional A.C., Comisariados Ejidales, agricultores adheridos a esta organización y amas de casa tomaron las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad de Ascensión y Nuevo Casas Grandes, Chih. así como las carreteras federales: Cd. Juárez - Ascensión a la altura del Ejido 6 de Enero, el tramo federal Ascensión - Janos a la salida de el poblado de Ascensión y el tramo carretero Janos - Agua Prieta en el poblado de Janos. Éstas tomas son con tractores y maquinaria agrícola y se deben a que los agricultores se cansaron de las demandas judiciales y civiles que la CFE tiene en contra de los agricultores junto con la nula respuesta de que se reconozca que la mitad del adeudo que tienen los agricultores no debe de existir ya que no han aplicado las tarifas preferenciales iguales para todos los productores como lo marca la ley. Así mismo expresó Armando Villarreal “Estamos inconformes porque no tenemos la tarifa a 14 cts.”
El líder campesino afirmó, “Con este movimiento conjunto de agricultores y amas de casa principalmente inició la resistencia civil domiciliaria de los municipios de Ascensión, Janos, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, se reclama que se cambie de la tarifa 1A a la 1F para que se puedan tener 200 Kw. más subsidiados por cada servicio domiciliario. Prueba de ello es que el día de hoy el movimiento de resistencia civil domiciliaria adherido a Agrodinámica Nacional A.C. hizo su primer plantón y más de 130 mujeres tapizaron casi todas las ventanas y algunas paredes de las oficinas de CFE en Nuevo Casas Grandes, Chih. con copias fotostáticas de los recibos que llegaron exageradamente caros a cada uno de los hogares de las mujeres que allí protestaban, luego se solicitó hablar con el Superintendente y cuando se le planteó el cambio de tarifa solicitó a los líderes de Agrodinámica Nacional A.C. y amas de casa quienes le acompañaban que le presentaran esta petición por escrito.
Armando Villarreal afirmó que han sido invitados a reuniones donde Gobierno del Estado de Chihuahua quiere retomar las mesas de trabajo que fueron interrumpidas antes de las elecciones pero como la Comisión Federal de Electricidad se ha pasado por el arco del triunfo la petición del Gobernador Reyes Baeza de que fueran retiradas las denuncias penales y civiles en contra de los agricultores, así como también se ha pasado por el arco del triunfo los acuerdos de la CONAGO en ese mismo sentido. Entonces Villarreal expresó que “Sólo nos sentaremos en dichas mesas de trabajo con Gobierno del Estado hasta que la CFE haya decidido quitar las denuncias penales y civiles que enfrentamos los agricultores pues parece que en México vivimos un gobierno estilo Pinochet donde sólo la palabra de Vicente “Pinochet” Fox vale y no le importa las opiniones de la CONAGO ni de los Diputados Federales y mucho menos la opinión del Gobernador de Chihuahua que ha buscado afanosamente que este problema sea resuelto.
Seguiremos tomando más oficinas de CFE, carreteras y quizá hasta aduanas porque con promesas mal cumplidas y con políticas agropecuarias erróneas no podemos enfrentar ni la crisis que vivimos ni mucho menos la apertura total de el Tratado de Libre Comercio en el 2008.
A T E N T A M E N T E
AGRODINAMICA NACIONAL A.C.
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Armando Villareal Martha
PRESIDENTE
IMPORTANTE INFORMACION PARA LA CONVENCION
PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR AL PUEBLO DE MEXICO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y,
EN SU CASO, PARA SU APROBACIÓN EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA
México, Distrito Federal
Lunes, 28 de agosto de 2006
El día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió convalidar el fraude a la voluntad ciudadana expresada en las urnas el dos de julio y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial. Con esta decisión se rompe el orden constitucional y, en los hechos, se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un Golpe de Estado.
Los siete magistrados del supuesto Tribunal Electoral asumieron una actitud cómplice al desechar pruebas contundentes y pretender ignorar lo que es de dominio público. Durante todo el proceso electoral de 2006, desde su preparación hasta su calificación, el presidente Vicente Fox organizó y ejecutó un operativo de Estado para impedir a toda costa la llegada a la Presidencia de la República del candidato de la Coalición Por el Bien de Todos.
El fraude electoral no sólo le cerró el paso a un aspirante presidencial, sino que anuló de facto los derechos constitucionales del pueblo de México de escoger libre y democráticamente a quien gobierne los destinos de la Nación. Estamos ante un evidente retroceso en la vida democrática del país porque no hubo respeto al sufragio y se pretende cancelar el derecho de millones de mexicanos, en particular de los más pobres, de elegir un gobierno que verdaderamente los represente.
En una República democrática y representativa, el sufragio efectivo constituye la expresión de la soberanía popular. Pero una minoría rapaz que se ha apropiado ilícitamente del poder y de los recursos de la Nación, ha perpetrado este fraude electoral para imponer sus intereses por sobre las aspiraciones y necesidades del pueblo mexicano. Representa un atentado contra la soberanía nacional que, como establece el artículo 39 constitucional, reside esencial y originariamente en el pueblo.
La imposición y la usurpación comenzaron a fraguarse desde finales de 2003, cuando el gobierno de Vicente Fox y los grupos de poder más conservadores del país iniciaron una campaña para destruirnos políticamente. Primero intentaron involucrarme en presuntos actos de corrupción con los llamados videoescándalos. Ahora se sabe que fue una conspiración en mi contra, urdida por Carlos Salinas, Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox, en la que utilizaron a las instituciones del Estado y a los medios de comunicación. Quedó claro que se trató de una maniobra planeada desde el poder para desacreditarnos.
Posteriormente, recurrieron al desafuero. Torciendo la ley y utilizando instituciones del Estado como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados, trataron de destituirme como Jefe de Gobierno del Distrito Federal para despojarme de mis derechos políticos e inhabilitarme jurídicamente como candidato. Pero la movilización de cientos de miles de mexicanos detuvo esta injusticia y me sacó adelante.
Como fallaron todos los intentos ilegales por impedir mi participación en la elección presidencial, el gobierno y la derecha planearon el fraude en los comicios de este año para detener nuestro triunfo.
El verdadero motivo para obstaculizar nuestro arribo a la Presidencia de la República, es porque defendemos un Proyecto de Nación que representa una crítica de fondo al modelo económico neoliberal que sólo ha beneficiado a unos cuantos privilegiados y ha empobrecido a la mayoría de los mexicanos. Nuestra propuesta de gobierno constituye un peligro para los intereses de una minoría rapaz y poderosa.
El fraude electoral de 2006 ha sido a la vez el más burdo y el más sofisticado de la historia electoral de México. Se recurrió lo mismo a los métodos tradicionales como el acarreo de votantes, la sustitución de funcionarios de casilla, el relleno de urnas con votos ilegales, y la falsificación de actas de escrutinio de las casillas, que a medios más sofisticados como la manipulación de los sistemas de cómputo, todo lo cual configuró una serie interminable de ilícitos electorales.
Desde el inicio del proceso electoral, el aspirante del PAN se convirtió en el abanderado oficial al que Vicente Fox buscó imponer por todos los medios, violando las leyes y la Constitución. El Presidente de la República, en lugar de actuar como estadista, se comportó como jefe de grupo y utilizó ilegalmente la estructura del Estado y recursos materiales oficiales para apuntalar la candidatura panista. Se usaron recursos públicos para comprar votos y los beneficios de los programas sociales a cambio de sufragios para el partido de la derecha.
El Instituto Federal Electoral, lejos de actuar como juez y árbitro de la contienda, se subordinó a los intereses de una minoría y de su candidato, convirtiéndose en cómplice del fraude para legalizar la imposición. Las autoridades electorales actuaron de manera facciosa y permitieron que el gobierno y el PAN gastaran millones de pesos públicos y privados que rebasaron con mucho los límites legales establecidos; toleraron también que, contraviniendo la ley, el partido de la derecha lanzara una guerra sucia en nuestra contra a través de los medios masivos de comunicación, como nunca se había visto en nuestro país; y por si fuera poco, solaparon la campaña ilegal del Consejo Coordinador Empresarial y de algunos grupos económicos para calumniarnos y generar miedo en la población. Con todo ello, antes de la jornada electoral ya se había configurado y tipificado el fraude como un operativo de Estado.
En la elección presidencial, el IFE violó sistemáticamente los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deberían haber normado su actuación. Este organismo, en vez de cumplir con sus obligaciones legales, actuó abiertamente a favor del partido en el poder. En particular, fue notoria la complicidad con el gobierno federal de los consejeros electorales, quienes fueron designados en realidad por el PAN y por Elba Esther Gordillo Morales, símbolo del corporativismo sindical caduco y del antiguo sistema político priísta.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que conforme al artículo 99 constitucional es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, a pesar de las evidencias del fraude, se opuso a limpiar la elección y se negó a realizar el recuento "voto por voto" y "casilla por casilla", no obstante le fue demandado por millones de mexicanos y que tiene facultades de ley para ello.
Las irregularidades fueron muchas y en las cifras del IFE la diferencia entre los candidatos punteros fue mínima, pues el aspirante del PAN habría obtenidos 15' 000, 284 votos y el abanderado de la Coalición Por el Bien de Todos, 14' 756, 350 votos; es decir, una diferencia entre ambos de apenas 0.58 por ciento (243, 934 sufragios), pero los magistrados del Tribunal Electoral, en un acto de simulación, sólo ordenaron la apertura de 11,839 casillas –al final resultaron 11,720–, correspondientes al 9.07 por ciento de las 130,477 instaladas en todo el territorio nacional.
A pesar de ello, esta diligencia judicial practicada por el Tribunal demostró que las alteraciones de los resultados electorales no fueron producto de "errores aritméticos" de los ciudadanos, sino parte de un operativo de fraude electoral fraguado y organizado por el grupo en el poder. En este recuento parcial quedó de manifiesto que se violó de manera sistemática la ley para defraudar a los votantes, llegándose incluso a manipular el conteo de los votos:
1) En el operativo fraudulento se introdujeron y eliminaron de manera ilegal votos en las urnas, pues en 43 por ciento de las casillas revisadas por los jueces se encontraron votos de más; es decir, votos que no fueron emitidos por ciudadanos. Se introdujeron ilegalmente un promedio de seis sufragios por casilla y en 30 por ciento de las urnas se robaron un promedio de 10 votos emitidos a favor del candidato presidencial de la Coalición Por el Bien de Todos;
2) La falsificación dolosa de actas de escrutinio se hizo evidente al recontar los votos, en miles de ellas aparecen registrados sufragios que no corresponden a los depositados por los ciudadanos. En 81 por ciento de las actas de escrutinio revisadas existen variaciones respecto a los votos emitidos, lo que confirma la adulteración masiva y deliberada para favorecer al candidato de la derecha, al que se le agregaron de forma artificial un promedio de 1.14 votos por casilla;
3) Este recuento demostró también que los paquetes electorales fueron abiertos y manipulados después del cómputo distrital; en todos los distritos electorales revisados, se encontraron cientos de paquetes sin los sellos oficiales y sin las firmas de los representantes de los partidos y de los funcionarios de casilla, evidenciándose de tal manera un manejo ilegal de paquetes, sobres y boletas electorales, antes, durante y después del cómputo distrital;
4) El recuento parcial ordenado por los magistrados comprobó así, que el Consejo General del IFE y muchos de los Consejos Distritales actuaron con dolo, en complicidad con el gobierno federal, para beneficiar al PAN y robarnos la elección presidencial.
Si nos atenemos a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral para analizar las casillas que se recontaron, podemos asegurar que nosotros ganamos la elección. La sentencia del Tribunal Electoral para ordenar la apertura de los paquetes electorales establece que "el número de ciudadanos debe ser igual a las boletas depositadas en la urna y a la votación emitida". Y precisa: "En especial, las cifras correspondientes a las boletas depositadas en la urna y la votación total emitida deben coincidir, pues en este caso ya no se concibe la posibilidad de que en el paso de extraer las boletas y contabilizar los votos para los contendientes, merme o se incremente la suma de boletas extraídas de la urna, por lo cual, si alguna de esas cifras es mayor, se genera un indicio en el sentido de que en algún momento del escrutinio y cómputo, se sustrajeron indebidamente votos válidos o se incluyeron espurios, salvo que se demuestre lo contrario".
La Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral establece, en su artículo 75, como causales de nulidad de casillas, entre otras: "Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de las mismas".
Si los magistrados hubiesen respetado los términos de la sentencia para el recuento parcial de casillas que ellos mismos aprobaron, y acatado la legislación electoral, tendrían que reconocer que en las casillas recontadas hay 71 mil, 142 votos espurios, introducidos ilegalmente en las urnas, y 122 mil, 266 sufragios válidos que fueron sustraídos inexplicablemente. Si hubieran aplicado la ley y respetado sus propios criterios, deberían haber anulado las casillas donde se mantienen estas irregularidades aún después del recuento. Y si hubieran procedido de esa manera, habrían reconocido que la Coalición Por el Bien de Todos triunfó en la elección presidencial por 526 mil votos.
Es más, si se aplican los mismos criterios legales y se proyectan a la votación nacional, eliminando los votos espurios agregados de forma arbitraria y los que fueron sustraídos con dolo, los magistrados debieron reconocer que ganamos la Presidencia de la República por más de dos millones de votos. De esa dimensión ha sido el fraude electoral realizado en contra nuestra.
El gobierno federal a fin de imponer el fraude, después del dos de julio siguió violentando el orden legal del país y con un nuevo derroche de recursos públicos y privados, ha buscado, con una campaña en los medios de comunicación, convencer a los mexicanos de que ganó el candidato de la derecha, aunque en realidad perdió la elección presidencial. El presidente Fox llegó al colmo de presionar públicamente a los magistrados para que fallaran a favor de sus deseos y proclamó el triunfo del candidato oficial, lo que dejó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin la posibilidad de emitir libremente su resolución.
Al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica. La sumisión de estas personas, que no supieron actuar como jueces, a los designios de un grupo de privilegiados y de extremistas de derecha, que se han apoderado del aparato estatal haciendo a un lado los intereses de la República, representa no sólo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero Golpe de Estado.
Esta situación de violencia institucional y de trastocamiento de las instituciones es, para millones de mexicanos, ofensiva e inaceptable.
Por eso, desde el 15 de agosto, ya previendo esta confabulación contra la voluntad popular, convocamos a la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos que, con representantes de los pueblos, comunidades, barrios, municipios, organizaciones sociales, civiles, sindicales y políticas de todo el país, se reunirá el 16 de septiembre de 2006 para decidir en definitiva el papel que asumiremos en la vida pública de México.
El artículo 39 constitucional a la letra dice:
"La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".
En consecuencia, en el marco de la resistencia civil pacífica que estamos llevando a cabo y con fundamento en este artículo constitucional, propongo para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convención Nacional Democrática, el siguiente:
PLAN
1º. Se desconoce el cómputo oficial dado a conocer el día de hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pretende legalizar el fraude cometido el dos de julio de 2006.
2º. Se rechaza la usurpación y se desconoce al señor Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República, lo mismo que a los funcionarios que él designe, así como a todos los actos de su gobierno de facto, ya que todo poder público debe dimanar de la libre voluntad del pueblo.
3º. Propongo que la Convención Nacional Democrática resuelva, previa deliberación y con el voto libre de los delegados, si constituimos un Gobierno de la República o una Coordinación de la Resistencia Civil Pacífica. Esto implica también decidir, democráticamente, si habremos de reconocer y ratificar a un Presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos, o si la Convención elige a un Jefe de Gobierno en Resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo, o a un Coordinador Nacional de la Resistencia Civil Pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación.
4°. El órgano que aprobemos y quien lo represente deberá aplicar un programa básico con cinco objetivos fundamentales:
1) Llevar a cabo todas las acciones necesarias para defender y proteger a millones de mexicanos pobres, humillados y excluidos, que tienen hambre y sed de justicia, buscando combatir a fondo la pobreza y la creciente desigualdad que imperan en nuestro país.
2) Defender el patrimonio de la Nación, que es de todos los mexicanos, por lo que no se permitirá bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo ni de la industria eléctrica, como tampoco de la educación pública en todos sus niveles, ni de las instituciones de salud y de seguridad social; y se defenderán por todos los medios legales y mediante acciones de resistencia civil pacífica, los recursos naturales estratégicos para el bienestar de los mexicanos y la independencia y soberanía de la Nación.
3) Hacer valer el derecho público a la información a fin de que los medios de comunicación públicos y privados garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país, brinden una información veraz y objetiva, contribuyan al enriquecimiento cultural de los mexicanos y sirvan de base para que la población participe de manera consciente y libre en la toma de decisiones.
4) Trabajar para hacer desaparecer el Estado patrimonialista ya que el gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría, por lo que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe enfrentarse como una prioridad, a fin de que se castigue a quienes desde el poder lo utilizan para beneficio propio, cometen abusos transgrediendo impunemente las leyes y despojan a los mexicanos de su patrimonio. El poder público y el ejercicio del gobierno no pueden significar la protección de privilegios ni de la corrupción.
5) Luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda, en particular las instituciones políticas, que lejos de atender el interés público se encuentran secuestradas por unos cuantos grupos de poder y sólo actúan en su beneficio. La política económica y hacendaria se aplica sólo en beneficio de algunos potentados y traficantes de influencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de proteger al débil, actúa para legalizar los despojos que comete el fuerte y proteger a los delincuentes de cuello blanco.
5°. Propongo que la Convención Nacional Democrática decida si el órgano de gobierno y quien lo represente, se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el primero de diciembre de 2006.
6°. Los acuerdos tomados por la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos deberán asumirse de manera voluntaria por ciudadanos libres de todas las condiciones sociales, pueblos, religiones e ideologías.
7°. El nuevo gobierno surgido de la Convención Nacional Democrática no pedirá apoyo corporativo e incondicionalidad a nadie y respetará las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país.
Mexicanas y mexicanos:
Hoy vivimos momentos de definición histórica. Ante la gravedad de los acontecimientos, muchos ciudadanos, hombres y mujeres libres, pensamos que es tiempo de reafirmar los derechos individuales y sociales, y los ideales de libertad, democracia y justicia que han marcado las luchas más nobles de los mexicanos.
Con la imposición del gobierno de la usurpación se violó la soberanía popular y se transgredió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A este agravio, que representa en los hechos reducir la democracia a una mera farsa, hay que agregar la decadencia y el descrédito de las instituciones públicas que han dejado de representar el interés general del pueblo.
No solo está en cuestión la estructura jurídica del Estado y su régimen político. En un país como el nuestro, donde existen tantos privilegios y tanta desigualdad, la democracia adquiere una dimensión social fundamental: se convierte en un asunto de sobrevivencia. La democracia es la única opción, la única esperanza para millones de pobres; representa para la mayoría de la gente la vía para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por todo eso, hacemos el compromiso de defender la democracia y hacerla valer.
A fin de mantener sus privilegios y por capricho de los poderosos, se anuló la voluntad popular y, en consecuencia, se hace imprescindible reivindicar y luchar por la justicia, la democracia y la renovación radical de las instituciones de la República.
¡Nunca más una República simulada¡ ¡Nunca más la violación a los principios constitucionales que garantizan los derechos del pueblo! ¡Nunca más instituciones dominadas por el poder y el dinero! ¡Nunca más el engaño y la mentira como forma de gobierno! ¡Nunca más aceptaremos un gobierno ilegal e ilegítimo en nuestro país!
Convoco hoy al pueblo de México a iniciar juntos una etapa nueva de la vida pública del país. Con los principios por delante, con la dignidad moral y con el apoyo de la gente, haremos los cambios y las transformaciones que necesita la República.
Esta propuesta está inspirada en lo más profundo de la historia de nuestro país y en pensamientos como los del presidente Benito Juárez, que en su tiempo escribió: "El pueblo que quiere ser libre lo será. Hidalgo enseñó que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos".
Andrés Manuel López Obrador
En la Plaza de la Constitución,
Zócalo de la ciudad de México,
a 28 de agosto de 2006.
NOTA: Para mayor información sobre la Convención Nacional Democrática (convocatoria, reglamentos, formatos, proyectos de resolución, etc.) visite la página: www.cnd.org.mx
EN SU CASO, PARA SU APROBACIÓN EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA
México, Distrito Federal
Lunes, 28 de agosto de 2006
El día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió convalidar el fraude a la voluntad ciudadana expresada en las urnas el dos de julio y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial. Con esta decisión se rompe el orden constitucional y, en los hechos, se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un Golpe de Estado.
Los siete magistrados del supuesto Tribunal Electoral asumieron una actitud cómplice al desechar pruebas contundentes y pretender ignorar lo que es de dominio público. Durante todo el proceso electoral de 2006, desde su preparación hasta su calificación, el presidente Vicente Fox organizó y ejecutó un operativo de Estado para impedir a toda costa la llegada a la Presidencia de la República del candidato de la Coalición Por el Bien de Todos.
El fraude electoral no sólo le cerró el paso a un aspirante presidencial, sino que anuló de facto los derechos constitucionales del pueblo de México de escoger libre y democráticamente a quien gobierne los destinos de la Nación. Estamos ante un evidente retroceso en la vida democrática del país porque no hubo respeto al sufragio y se pretende cancelar el derecho de millones de mexicanos, en particular de los más pobres, de elegir un gobierno que verdaderamente los represente.
En una República democrática y representativa, el sufragio efectivo constituye la expresión de la soberanía popular. Pero una minoría rapaz que se ha apropiado ilícitamente del poder y de los recursos de la Nación, ha perpetrado este fraude electoral para imponer sus intereses por sobre las aspiraciones y necesidades del pueblo mexicano. Representa un atentado contra la soberanía nacional que, como establece el artículo 39 constitucional, reside esencial y originariamente en el pueblo.
La imposición y la usurpación comenzaron a fraguarse desde finales de 2003, cuando el gobierno de Vicente Fox y los grupos de poder más conservadores del país iniciaron una campaña para destruirnos políticamente. Primero intentaron involucrarme en presuntos actos de corrupción con los llamados videoescándalos. Ahora se sabe que fue una conspiración en mi contra, urdida por Carlos Salinas, Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox, en la que utilizaron a las instituciones del Estado y a los medios de comunicación. Quedó claro que se trató de una maniobra planeada desde el poder para desacreditarnos.
Posteriormente, recurrieron al desafuero. Torciendo la ley y utilizando instituciones del Estado como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados, trataron de destituirme como Jefe de Gobierno del Distrito Federal para despojarme de mis derechos políticos e inhabilitarme jurídicamente como candidato. Pero la movilización de cientos de miles de mexicanos detuvo esta injusticia y me sacó adelante.
Como fallaron todos los intentos ilegales por impedir mi participación en la elección presidencial, el gobierno y la derecha planearon el fraude en los comicios de este año para detener nuestro triunfo.
El verdadero motivo para obstaculizar nuestro arribo a la Presidencia de la República, es porque defendemos un Proyecto de Nación que representa una crítica de fondo al modelo económico neoliberal que sólo ha beneficiado a unos cuantos privilegiados y ha empobrecido a la mayoría de los mexicanos. Nuestra propuesta de gobierno constituye un peligro para los intereses de una minoría rapaz y poderosa.
El fraude electoral de 2006 ha sido a la vez el más burdo y el más sofisticado de la historia electoral de México. Se recurrió lo mismo a los métodos tradicionales como el acarreo de votantes, la sustitución de funcionarios de casilla, el relleno de urnas con votos ilegales, y la falsificación de actas de escrutinio de las casillas, que a medios más sofisticados como la manipulación de los sistemas de cómputo, todo lo cual configuró una serie interminable de ilícitos electorales.
Desde el inicio del proceso electoral, el aspirante del PAN se convirtió en el abanderado oficial al que Vicente Fox buscó imponer por todos los medios, violando las leyes y la Constitución. El Presidente de la República, en lugar de actuar como estadista, se comportó como jefe de grupo y utilizó ilegalmente la estructura del Estado y recursos materiales oficiales para apuntalar la candidatura panista. Se usaron recursos públicos para comprar votos y los beneficios de los programas sociales a cambio de sufragios para el partido de la derecha.
El Instituto Federal Electoral, lejos de actuar como juez y árbitro de la contienda, se subordinó a los intereses de una minoría y de su candidato, convirtiéndose en cómplice del fraude para legalizar la imposición. Las autoridades electorales actuaron de manera facciosa y permitieron que el gobierno y el PAN gastaran millones de pesos públicos y privados que rebasaron con mucho los límites legales establecidos; toleraron también que, contraviniendo la ley, el partido de la derecha lanzara una guerra sucia en nuestra contra a través de los medios masivos de comunicación, como nunca se había visto en nuestro país; y por si fuera poco, solaparon la campaña ilegal del Consejo Coordinador Empresarial y de algunos grupos económicos para calumniarnos y generar miedo en la población. Con todo ello, antes de la jornada electoral ya se había configurado y tipificado el fraude como un operativo de Estado.
En la elección presidencial, el IFE violó sistemáticamente los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deberían haber normado su actuación. Este organismo, en vez de cumplir con sus obligaciones legales, actuó abiertamente a favor del partido en el poder. En particular, fue notoria la complicidad con el gobierno federal de los consejeros electorales, quienes fueron designados en realidad por el PAN y por Elba Esther Gordillo Morales, símbolo del corporativismo sindical caduco y del antiguo sistema político priísta.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que conforme al artículo 99 constitucional es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, a pesar de las evidencias del fraude, se opuso a limpiar la elección y se negó a realizar el recuento "voto por voto" y "casilla por casilla", no obstante le fue demandado por millones de mexicanos y que tiene facultades de ley para ello.
Las irregularidades fueron muchas y en las cifras del IFE la diferencia entre los candidatos punteros fue mínima, pues el aspirante del PAN habría obtenidos 15' 000, 284 votos y el abanderado de la Coalición Por el Bien de Todos, 14' 756, 350 votos; es decir, una diferencia entre ambos de apenas 0.58 por ciento (243, 934 sufragios), pero los magistrados del Tribunal Electoral, en un acto de simulación, sólo ordenaron la apertura de 11,839 casillas –al final resultaron 11,720–, correspondientes al 9.07 por ciento de las 130,477 instaladas en todo el territorio nacional.
A pesar de ello, esta diligencia judicial practicada por el Tribunal demostró que las alteraciones de los resultados electorales no fueron producto de "errores aritméticos" de los ciudadanos, sino parte de un operativo de fraude electoral fraguado y organizado por el grupo en el poder. En este recuento parcial quedó de manifiesto que se violó de manera sistemática la ley para defraudar a los votantes, llegándose incluso a manipular el conteo de los votos:
1) En el operativo fraudulento se introdujeron y eliminaron de manera ilegal votos en las urnas, pues en 43 por ciento de las casillas revisadas por los jueces se encontraron votos de más; es decir, votos que no fueron emitidos por ciudadanos. Se introdujeron ilegalmente un promedio de seis sufragios por casilla y en 30 por ciento de las urnas se robaron un promedio de 10 votos emitidos a favor del candidato presidencial de la Coalición Por el Bien de Todos;
2) La falsificación dolosa de actas de escrutinio se hizo evidente al recontar los votos, en miles de ellas aparecen registrados sufragios que no corresponden a los depositados por los ciudadanos. En 81 por ciento de las actas de escrutinio revisadas existen variaciones respecto a los votos emitidos, lo que confirma la adulteración masiva y deliberada para favorecer al candidato de la derecha, al que se le agregaron de forma artificial un promedio de 1.14 votos por casilla;
3) Este recuento demostró también que los paquetes electorales fueron abiertos y manipulados después del cómputo distrital; en todos los distritos electorales revisados, se encontraron cientos de paquetes sin los sellos oficiales y sin las firmas de los representantes de los partidos y de los funcionarios de casilla, evidenciándose de tal manera un manejo ilegal de paquetes, sobres y boletas electorales, antes, durante y después del cómputo distrital;
4) El recuento parcial ordenado por los magistrados comprobó así, que el Consejo General del IFE y muchos de los Consejos Distritales actuaron con dolo, en complicidad con el gobierno federal, para beneficiar al PAN y robarnos la elección presidencial.
Si nos atenemos a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral para analizar las casillas que se recontaron, podemos asegurar que nosotros ganamos la elección. La sentencia del Tribunal Electoral para ordenar la apertura de los paquetes electorales establece que "el número de ciudadanos debe ser igual a las boletas depositadas en la urna y a la votación emitida". Y precisa: "En especial, las cifras correspondientes a las boletas depositadas en la urna y la votación total emitida deben coincidir, pues en este caso ya no se concibe la posibilidad de que en el paso de extraer las boletas y contabilizar los votos para los contendientes, merme o se incremente la suma de boletas extraídas de la urna, por lo cual, si alguna de esas cifras es mayor, se genera un indicio en el sentido de que en algún momento del escrutinio y cómputo, se sustrajeron indebidamente votos válidos o se incluyeron espurios, salvo que se demuestre lo contrario".
La Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral establece, en su artículo 75, como causales de nulidad de casillas, entre otras: "Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de las mismas".
Si los magistrados hubiesen respetado los términos de la sentencia para el recuento parcial de casillas que ellos mismos aprobaron, y acatado la legislación electoral, tendrían que reconocer que en las casillas recontadas hay 71 mil, 142 votos espurios, introducidos ilegalmente en las urnas, y 122 mil, 266 sufragios válidos que fueron sustraídos inexplicablemente. Si hubieran aplicado la ley y respetado sus propios criterios, deberían haber anulado las casillas donde se mantienen estas irregularidades aún después del recuento. Y si hubieran procedido de esa manera, habrían reconocido que la Coalición Por el Bien de Todos triunfó en la elección presidencial por 526 mil votos.
Es más, si se aplican los mismos criterios legales y se proyectan a la votación nacional, eliminando los votos espurios agregados de forma arbitraria y los que fueron sustraídos con dolo, los magistrados debieron reconocer que ganamos la Presidencia de la República por más de dos millones de votos. De esa dimensión ha sido el fraude electoral realizado en contra nuestra.
El gobierno federal a fin de imponer el fraude, después del dos de julio siguió violentando el orden legal del país y con un nuevo derroche de recursos públicos y privados, ha buscado, con una campaña en los medios de comunicación, convencer a los mexicanos de que ganó el candidato de la derecha, aunque en realidad perdió la elección presidencial. El presidente Fox llegó al colmo de presionar públicamente a los magistrados para que fallaran a favor de sus deseos y proclamó el triunfo del candidato oficial, lo que dejó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin la posibilidad de emitir libremente su resolución.
Al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica. La sumisión de estas personas, que no supieron actuar como jueces, a los designios de un grupo de privilegiados y de extremistas de derecha, que se han apoderado del aparato estatal haciendo a un lado los intereses de la República, representa no sólo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero Golpe de Estado.
Esta situación de violencia institucional y de trastocamiento de las instituciones es, para millones de mexicanos, ofensiva e inaceptable.
Por eso, desde el 15 de agosto, ya previendo esta confabulación contra la voluntad popular, convocamos a la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos que, con representantes de los pueblos, comunidades, barrios, municipios, organizaciones sociales, civiles, sindicales y políticas de todo el país, se reunirá el 16 de septiembre de 2006 para decidir en definitiva el papel que asumiremos en la vida pública de México.
El artículo 39 constitucional a la letra dice:
"La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".
En consecuencia, en el marco de la resistencia civil pacífica que estamos llevando a cabo y con fundamento en este artículo constitucional, propongo para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convención Nacional Democrática, el siguiente:
PLAN
1º. Se desconoce el cómputo oficial dado a conocer el día de hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pretende legalizar el fraude cometido el dos de julio de 2006.
2º. Se rechaza la usurpación y se desconoce al señor Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República, lo mismo que a los funcionarios que él designe, así como a todos los actos de su gobierno de facto, ya que todo poder público debe dimanar de la libre voluntad del pueblo.
3º. Propongo que la Convención Nacional Democrática resuelva, previa deliberación y con el voto libre de los delegados, si constituimos un Gobierno de la República o una Coordinación de la Resistencia Civil Pacífica. Esto implica también decidir, democráticamente, si habremos de reconocer y ratificar a un Presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos, o si la Convención elige a un Jefe de Gobierno en Resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo, o a un Coordinador Nacional de la Resistencia Civil Pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación.
4°. El órgano que aprobemos y quien lo represente deberá aplicar un programa básico con cinco objetivos fundamentales:
1) Llevar a cabo todas las acciones necesarias para defender y proteger a millones de mexicanos pobres, humillados y excluidos, que tienen hambre y sed de justicia, buscando combatir a fondo la pobreza y la creciente desigualdad que imperan en nuestro país.
2) Defender el patrimonio de la Nación, que es de todos los mexicanos, por lo que no se permitirá bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo ni de la industria eléctrica, como tampoco de la educación pública en todos sus niveles, ni de las instituciones de salud y de seguridad social; y se defenderán por todos los medios legales y mediante acciones de resistencia civil pacífica, los recursos naturales estratégicos para el bienestar de los mexicanos y la independencia y soberanía de la Nación.
3) Hacer valer el derecho público a la información a fin de que los medios de comunicación públicos y privados garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país, brinden una información veraz y objetiva, contribuyan al enriquecimiento cultural de los mexicanos y sirvan de base para que la población participe de manera consciente y libre en la toma de decisiones.
4) Trabajar para hacer desaparecer el Estado patrimonialista ya que el gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría, por lo que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe enfrentarse como una prioridad, a fin de que se castigue a quienes desde el poder lo utilizan para beneficio propio, cometen abusos transgrediendo impunemente las leyes y despojan a los mexicanos de su patrimonio. El poder público y el ejercicio del gobierno no pueden significar la protección de privilegios ni de la corrupción.
5) Luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda, en particular las instituciones políticas, que lejos de atender el interés público se encuentran secuestradas por unos cuantos grupos de poder y sólo actúan en su beneficio. La política económica y hacendaria se aplica sólo en beneficio de algunos potentados y traficantes de influencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de proteger al débil, actúa para legalizar los despojos que comete el fuerte y proteger a los delincuentes de cuello blanco.
5°. Propongo que la Convención Nacional Democrática decida si el órgano de gobierno y quien lo represente, se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el primero de diciembre de 2006.
6°. Los acuerdos tomados por la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos deberán asumirse de manera voluntaria por ciudadanos libres de todas las condiciones sociales, pueblos, religiones e ideologías.
7°. El nuevo gobierno surgido de la Convención Nacional Democrática no pedirá apoyo corporativo e incondicionalidad a nadie y respetará las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país.
Mexicanas y mexicanos:
Hoy vivimos momentos de definición histórica. Ante la gravedad de los acontecimientos, muchos ciudadanos, hombres y mujeres libres, pensamos que es tiempo de reafirmar los derechos individuales y sociales, y los ideales de libertad, democracia y justicia que han marcado las luchas más nobles de los mexicanos.
Con la imposición del gobierno de la usurpación se violó la soberanía popular y se transgredió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A este agravio, que representa en los hechos reducir la democracia a una mera farsa, hay que agregar la decadencia y el descrédito de las instituciones públicas que han dejado de representar el interés general del pueblo.
No solo está en cuestión la estructura jurídica del Estado y su régimen político. En un país como el nuestro, donde existen tantos privilegios y tanta desigualdad, la democracia adquiere una dimensión social fundamental: se convierte en un asunto de sobrevivencia. La democracia es la única opción, la única esperanza para millones de pobres; representa para la mayoría de la gente la vía para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por todo eso, hacemos el compromiso de defender la democracia y hacerla valer.
A fin de mantener sus privilegios y por capricho de los poderosos, se anuló la voluntad popular y, en consecuencia, se hace imprescindible reivindicar y luchar por la justicia, la democracia y la renovación radical de las instituciones de la República.
¡Nunca más una República simulada¡ ¡Nunca más la violación a los principios constitucionales que garantizan los derechos del pueblo! ¡Nunca más instituciones dominadas por el poder y el dinero! ¡Nunca más el engaño y la mentira como forma de gobierno! ¡Nunca más aceptaremos un gobierno ilegal e ilegítimo en nuestro país!
Convoco hoy al pueblo de México a iniciar juntos una etapa nueva de la vida pública del país. Con los principios por delante, con la dignidad moral y con el apoyo de la gente, haremos los cambios y las transformaciones que necesita la República.
Esta propuesta está inspirada en lo más profundo de la historia de nuestro país y en pensamientos como los del presidente Benito Juárez, que en su tiempo escribió: "El pueblo que quiere ser libre lo será. Hidalgo enseñó que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos".
Andrés Manuel López Obrador
En la Plaza de la Constitución,
Zócalo de la ciudad de México,
a 28 de agosto de 2006.
NOTA: Para mayor información sobre la Convención Nacional Democrática (convocatoria, reglamentos, formatos, proyectos de resolución, etc.) visite la página: www.cnd.org.mx
Ahora tambien nos van a decir...
quienes pueden portar a la virgen. Que solo los perfumados, Abascal en su toma de protesta, los panistas, los empresarios buenos, todos a excepcion de los renegados.
Si no quieren perder mas fieles, no actuen como mafiosos y elitistas. Las imagenes religiosas no son de su propiedad, son de la propiedad de quienes creen en ellas con la sinceridad y fe mas profunda. De los que creen que la virgen es de los pobres, de los amolados, no traten de intervenir en eso, o tambien la virgen es solo para ustedes? .
Presentará cardenal denuncia por "mal uso" de la imagen de la Virgen
Alberto Morales
El Universal
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2006
Señala Lauro López Sánchez, subsecretario de Asuntos Religiosos de Gobernación, que Norberto Rivera tiene la intención de presentar tal queja ante la dependencia
20:59 El cardenal Norberto Rivera Carrera manifestó al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, su intención de presentar una denuncia por el “mal uso” de la imagen de la Virgen de Guadalupe, informó el subsecretario de Migración, Población y Asuntos Religiosos de la dependencia, Lauro López Sánchez.
“El cardenal manifestó su intención de presentar una denuncia por el mal uso o uso indebido de imágenes religiosas para fines políticos”, dijo.
Esta noche jerarcas católicos entre ellos el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) José Guadalupe Martín Rábago y el nuncio apostólico en México, Giuseppe Bertello, se reunieron con Abascal Carranza en la Secretaría de Gobernación.
Lauro López señaló que la reunión con los jerarcas se dio en el marco de los encuentros que el secretario de Gobernación ha sostenido con diferentes asociaciones religiosas.
El funcionario federal explicó que la denuncia tendría que ser presentada ante autoridades penales o electorales.
rcr
© Copyright El Universal-El Universal Online
Si no quieren perder mas fieles, no actuen como mafiosos y elitistas. Las imagenes religiosas no son de su propiedad, son de la propiedad de quienes creen en ellas con la sinceridad y fe mas profunda. De los que creen que la virgen es de los pobres, de los amolados, no traten de intervenir en eso, o tambien la virgen es solo para ustedes? .
Presentará cardenal denuncia por "mal uso" de la imagen de la Virgen
Alberto Morales
El Universal
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2006
Señala Lauro López Sánchez, subsecretario de Asuntos Religiosos de Gobernación, que Norberto Rivera tiene la intención de presentar tal queja ante la dependencia
20:59 El cardenal Norberto Rivera Carrera manifestó al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, su intención de presentar una denuncia por el “mal uso” de la imagen de la Virgen de Guadalupe, informó el subsecretario de Migración, Población y Asuntos Religiosos de la dependencia, Lauro López Sánchez.
“El cardenal manifestó su intención de presentar una denuncia por el mal uso o uso indebido de imágenes religiosas para fines políticos”, dijo.
Esta noche jerarcas católicos entre ellos el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) José Guadalupe Martín Rábago y el nuncio apostólico en México, Giuseppe Bertello, se reunieron con Abascal Carranza en la Secretaría de Gobernación.
Lauro López señaló que la reunión con los jerarcas se dio en el marco de los encuentros que el secretario de Gobernación ha sostenido con diferentes asociaciones religiosas.
El funcionario federal explicó que la denuncia tendría que ser presentada ante autoridades penales o electorales.
rcr
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Resolución de TEPJF confirma imposición de Calderón: Cota
Jorge Ramos
El Universal
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2006
El líder nacional del PRD señala que "este tipo de resoluciones están dadas en esos términos: Mover lo que sea, menos el resultado final"
13:32 La coalición Por el Bien de Todos lamentó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y consideró que sólo está pavimentando el camino para confirmar “la imposición” de Felipe Calderón como Presidente de la República.
En conferencia de prensa, Leonel Cota Montaño, líder nacional del PRD; Horacio Duarte, representante de la coalición ante el IFE; Jesús Ortega, coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y Guadalupe Acosta, secretario general del PRD, fijaron su posición .
Cota Montaño sostuvo que “todo indica que lo van a imponer (a Felipe Calderón), todo indica que este tipo de resoluciones están dadas en esos términos: Mover lo que sea, menos el resultado final; se mueven los resultados en el proceso de recuento de 11 mil 722 casillas, lo que no se mueve es el resultado final que impone a Calderón”.
Horacio Duarte criticó que los magistrados del tribunal hayan expuesto sus puntos de vista en un tiempo menor a lo que dura el despertador de la mañana.
Dijo que sin mayor discusión jurídica tomaron sus decisiones pero no se informó cómo quedó el recuento de las 11 mil 722 casillas.
El representante perredista ante el IFE dijo que esta falta de información por lo menos genera suspicacias y representa “un nuevo golpe de credibilidad a esta institución electoral”.
Expuso que sólo la magistrada Berta Alfonsina Navarro señaló que de los distritos que le correspondió revisar, de los impugnados por el PAN ( que fueron 453) anulo en 30, mientras que del lado de la coalición ( 6 mil 645) anuló 103.
Sin embargo, añadió Duarte, no se tiene el número de casillas para saber con precisión el impacto en votos.
Según Duarte ellos podrán conocer estos datos cuando sean notificados lo por el tribunal, lo cual podría ser alrededor de las 16:00 horas.
Al preguntarle a duarte si cometieron el error de impugnar casilla por casilla y no todos los distritos, el perredista respondió que desde el llamado “juicio madre” se solicitó la anulación de las 130 mil casillas.
ADEMÁS, Duarte admitió que es cierto que no presentaron escritos de protesta para las 130 mil casillas instaladas el dos de julio, sino sólo en 42 mil; a pesar de ello, añadió, el tribunal sí tenía la posibilidad del recuento total, bajo estas premisas.
Gerardo Fernández, portavoz del PRD, puntualizó: “Están preparando las condiciones para convalidar la imposición, en una sesión fast track del tribunal”.
El Universal
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2006
El líder nacional del PRD señala que "este tipo de resoluciones están dadas en esos términos: Mover lo que sea, menos el resultado final"
13:32 La coalición Por el Bien de Todos lamentó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y consideró que sólo está pavimentando el camino para confirmar “la imposición” de Felipe Calderón como Presidente de la República.
En conferencia de prensa, Leonel Cota Montaño, líder nacional del PRD; Horacio Duarte, representante de la coalición ante el IFE; Jesús Ortega, coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y Guadalupe Acosta, secretario general del PRD, fijaron su posición .
Cota Montaño sostuvo que “todo indica que lo van a imponer (a Felipe Calderón), todo indica que este tipo de resoluciones están dadas en esos términos: Mover lo que sea, menos el resultado final; se mueven los resultados en el proceso de recuento de 11 mil 722 casillas, lo que no se mueve es el resultado final que impone a Calderón”.
Horacio Duarte criticó que los magistrados del tribunal hayan expuesto sus puntos de vista en un tiempo menor a lo que dura el despertador de la mañana.
Dijo que sin mayor discusión jurídica tomaron sus decisiones pero no se informó cómo quedó el recuento de las 11 mil 722 casillas.
El representante perredista ante el IFE dijo que esta falta de información por lo menos genera suspicacias y representa “un nuevo golpe de credibilidad a esta institución electoral”.
Expuso que sólo la magistrada Berta Alfonsina Navarro señaló que de los distritos que le correspondió revisar, de los impugnados por el PAN ( que fueron 453) anulo en 30, mientras que del lado de la coalición ( 6 mil 645) anuló 103.
Sin embargo, añadió Duarte, no se tiene el número de casillas para saber con precisión el impacto en votos.
Según Duarte ellos podrán conocer estos datos cuando sean notificados lo por el tribunal, lo cual podría ser alrededor de las 16:00 horas.
Al preguntarle a duarte si cometieron el error de impugnar casilla por casilla y no todos los distritos, el perredista respondió que desde el llamado “juicio madre” se solicitó la anulación de las 130 mil casillas.
ADEMÁS, Duarte admitió que es cierto que no presentaron escritos de protesta para las 130 mil casillas instaladas el dos de julio, sino sólo en 42 mil; a pesar de ello, añadió, el tribunal sí tenía la posibilidad del recuento total, bajo estas premisas.
Gerardo Fernández, portavoz del PRD, puntualizó: “Están preparando las condiciones para convalidar la imposición, en una sesión fast track del tribunal”.
Pero no dicen de cuantas casillas, y tampoco cifras exactas, a desinformar, a malograr los datos, a confundir mas.
Anula TEPJF 81 mil 80 votos a Calderón y 76 mil 897 a AMLO
Arturo Zárate Vite
El Universal
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2006
Divulga tribunal el resultado del recuento de votos de 11 mil 839 casillas que realizaron magistrados y jueces del 9 al 12 de agosto
14:40 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló al candidato panista Felipe Calderón 81 mil 80 votos y al candiato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Por el Bien de Todos, 76 mil 897 votos.
Una diferencia de 4 mil 183 sufragios.
Este es el resultado del recuento de votos de 11 mil 839 casillas que realizaron magistrados y jueces (del 9 al 12 de agosto) y que se desprende de los 375 juicios de inconformidad que este día resolvió la sala superior del tribunal.
Por eso es que no cambian los lugares de los candidatos en la elección de presidente del 2 de julio.
Se mantuvo en primer lugar Felipe Calderón y en segundo López Obrador.
De acuerdo con cifras oficiales, el pasado 2 de julio el panista Calderón logró 15 millones 284 mil votos y López Obrador sumó 14 millones 756 mil 350.
Una diferencia de 243 mil 934 votos (.58 %).
En el recuento resultado de las diligencias judiciales, también perdieron votos los demás candidatos.
A Roberto Madrazo, de la Alianza por México, le anularon 63 mil 114 votos, a Patricia Mercado, de Alternativa, 5 mil 962, y a Roberto Campa, de Nueva Alianza, 2 mil 743.
mvc/grg
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Arturo Zárate Vite
El Universal
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2006
Divulga tribunal el resultado del recuento de votos de 11 mil 839 casillas que realizaron magistrados y jueces del 9 al 12 de agosto
14:40 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló al candidato panista Felipe Calderón 81 mil 80 votos y al candiato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Por el Bien de Todos, 76 mil 897 votos.
Una diferencia de 4 mil 183 sufragios.
Este es el resultado del recuento de votos de 11 mil 839 casillas que realizaron magistrados y jueces (del 9 al 12 de agosto) y que se desprende de los 375 juicios de inconformidad que este día resolvió la sala superior del tribunal.
Por eso es que no cambian los lugares de los candidatos en la elección de presidente del 2 de julio.
Se mantuvo en primer lugar Felipe Calderón y en segundo López Obrador.
De acuerdo con cifras oficiales, el pasado 2 de julio el panista Calderón logró 15 millones 284 mil votos y López Obrador sumó 14 millones 756 mil 350.
Una diferencia de 243 mil 934 votos (.58 %).
En el recuento resultado de las diligencias judiciales, también perdieron votos los demás candidatos.
A Roberto Madrazo, de la Alianza por México, le anularon 63 mil 114 votos, a Patricia Mercado, de Alternativa, 5 mil 962, y a Roberto Campa, de Nueva Alianza, 2 mil 743.
mvc/grg
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y NO ESTAS SOLO, TRIFE VENDIDO, TAMBIEN NOSOTROS DESCONOCEMOS A ESOS TRAIDORES.
En sus manos quedo el dar el ultimo golpe a esta fragil democracia, de cuanto fue el arreglo magistrados, de cuanto fue para mancharse en la historia como mercenarios del poder!!!
México, D.F. - Lunes 28 de Agosto de 2006 (20:04)
Versión para imprimir
Desconoce López Obrador el cómputo oficial que “pretende legalizar el fraude”
En su “asamblea informativa”, el candidato de la coalición Por el Bien de Todos advierte que no reconocerá a Calderón como Presidente.
El candidato de la coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador aseguró que desconoce a Felipe Calderón como Presidente de la República, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió convalidar el fraude electoral “al respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial”.
La decisión del TEPJF respecto a la elección del 2 de julio pasado “rompe el orden constitucional y en los hechos se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia mediante un golpe de Estado”, señaló López Obrador.
Reunido en el Zócalo, luego de una fuerte lluvia que lo obligó a retrasar su mensaje por media hora, el tabasqueño dijo que el cómputo oficial dado a conocer por el TEPJF “pretende legalizar el fraude” y advirtió que no reconocerá a Felipe Calderón como Presidente electo así como a los funcionarios que designe.
En medio de gritos de “¡No pasarán!” el candidato de la coalición Por el Bien de Todos señaló que el Tribunal “decidió convalidar el fraude a la voluntad ciudadana” e indicó que los magistrados del “supuesto” TEPJF asumieron una actitud cómplice al desechar “pruebas contundentes”.
Acusó a Vicente Fox de organizar y ejecutar un operativo de Estado para impedir a toda costa que llegará a la Presidencia el candidato de la Coalición Por el Bien de Todos.
“Estamos ante un evidente retroceso en la vida democrática del país porque no hubo respeto al sufragio y se pretende cancelar el voto de millones de mexicanos, que verdaderamente los represente, en una Republica democrática donde el sufragio constituye la expresión de la soberanía nacional”.
López Obrador propuso con fundamento en el artículo 30 Constitucional para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Convención Nacional Democrática el siguiente plan:
“Se desconoce del cómputo oficial dado a conocer el día de hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pretende legalizar el fraude cometido el 2 de julio del 2006”.
Como segundo punto, señaló que “rechaza la usurpación y se desconoce al señor Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de la República, lo mismo la de funcionarios que él designe, así como a todos los actos de su gobierno de facto, ya que todo poder Público debe emanar de la libre voluntad del pueblo”.
En el tercero propuso que la Convención Nacional Democrática resuelva, previa deliberación y con el voto libre de los delegados si construyen un gobierno de la República o una coordinación de la Resistencia Civil Pacífica. “Esto implica también decidir si habremos de reconocer y ratificar a un Presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos o si la Convención elige a un Jefe de Gobierno en resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo o a un Coordinador Nacional de la Resistencia Civil Pacífica, todo ello en tanto dure la usurpación”.
En el cuarto, apuntó que “el órgano que aprobemos y que nos represente deberá aplicar un programa básico en cinco objetivos fundamentales: I.- llevar a cabo todas las acciones necesarias para defender y proteger millones de mexicanos pobres, humillados y excluidos que tienen hambre y sed de justicia, buscando combatir a fondo la pobreza y la creciente desigualdad que impera en nuestro país”.
II.- Defender el patrimonio de la nación que es de todos los mexicanos en el que no se permitirá bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo ni de la industria eléctrica, como tampoco de la educación pública en todos sus niveles, ni de las instituciones de salud y seguridad social y se defenderá por todos los medios legales y mediante acciones de resistencia civil pacifica y recursos naturales estratégicos para el bienestar de los mexicanos e independencia y soberanía de la nación.
III.- Hacer valer el derecho público a la información a fin de que los medios de comunicación públicos y privados garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país, brinden una información veraz y objetiva.
Contribuyan al enriquecimiento cultural de los mexicanos y sirva el debate para que la población participe de manera conciente y libre en al toma de decisiones.
IV:- trabajar para hacer desaparecer el Estado patrimonialista, ya que el gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría, por lo que la lucha contra la corrupción e impunidad deben enfrentarse como una probidad a fin de que se castigue a quienes desde el poder lo utilizan para beneficio propio. Cometen abusos transgrediendo impunemente las leyes y despojan a los mexicanos de su patrimonio.
El Poder Público y el ejercicio de gobierno no pueden significar la protección de privilegios ni la corrupción.
V.- luchan para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda, en particular las instituciones políticas que lejos de atender el interés público se encuentran secuestradas por unos cuantos grupos de poder y sólo actúan en su beneficio.
Como último punto propuso que "la Convención Nacional Democrática decida sin órgano de gobierno y que lo represente, se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el 1 de diciembre del 2006".
México, D.F. - Lunes 28 de Agosto de 2006 (20:04)
Versión para imprimir
Desconoce López Obrador el cómputo oficial que “pretende legalizar el fraude”
En su “asamblea informativa”, el candidato de la coalición Por el Bien de Todos advierte que no reconocerá a Calderón como Presidente.
El candidato de la coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador aseguró que desconoce a Felipe Calderón como Presidente de la República, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió convalidar el fraude electoral “al respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial”.
La decisión del TEPJF respecto a la elección del 2 de julio pasado “rompe el orden constitucional y en los hechos se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia mediante un golpe de Estado”, señaló López Obrador.
Reunido en el Zócalo, luego de una fuerte lluvia que lo obligó a retrasar su mensaje por media hora, el tabasqueño dijo que el cómputo oficial dado a conocer por el TEPJF “pretende legalizar el fraude” y advirtió que no reconocerá a Felipe Calderón como Presidente electo así como a los funcionarios que designe.
En medio de gritos de “¡No pasarán!” el candidato de la coalición Por el Bien de Todos señaló que el Tribunal “decidió convalidar el fraude a la voluntad ciudadana” e indicó que los magistrados del “supuesto” TEPJF asumieron una actitud cómplice al desechar “pruebas contundentes”.
Acusó a Vicente Fox de organizar y ejecutar un operativo de Estado para impedir a toda costa que llegará a la Presidencia el candidato de la Coalición Por el Bien de Todos.
“Estamos ante un evidente retroceso en la vida democrática del país porque no hubo respeto al sufragio y se pretende cancelar el voto de millones de mexicanos, que verdaderamente los represente, en una Republica democrática donde el sufragio constituye la expresión de la soberanía nacional”.
López Obrador propuso con fundamento en el artículo 30 Constitucional para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Convención Nacional Democrática el siguiente plan:
“Se desconoce del cómputo oficial dado a conocer el día de hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pretende legalizar el fraude cometido el 2 de julio del 2006”.
Como segundo punto, señaló que “rechaza la usurpación y se desconoce al señor Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de la República, lo mismo la de funcionarios que él designe, así como a todos los actos de su gobierno de facto, ya que todo poder Público debe emanar de la libre voluntad del pueblo”.
En el tercero propuso que la Convención Nacional Democrática resuelva, previa deliberación y con el voto libre de los delegados si construyen un gobierno de la República o una coordinación de la Resistencia Civil Pacífica. “Esto implica también decidir si habremos de reconocer y ratificar a un Presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos o si la Convención elige a un Jefe de Gobierno en resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo o a un Coordinador Nacional de la Resistencia Civil Pacífica, todo ello en tanto dure la usurpación”.
En el cuarto, apuntó que “el órgano que aprobemos y que nos represente deberá aplicar un programa básico en cinco objetivos fundamentales: I.- llevar a cabo todas las acciones necesarias para defender y proteger millones de mexicanos pobres, humillados y excluidos que tienen hambre y sed de justicia, buscando combatir a fondo la pobreza y la creciente desigualdad que impera en nuestro país”.
II.- Defender el patrimonio de la nación que es de todos los mexicanos en el que no se permitirá bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo ni de la industria eléctrica, como tampoco de la educación pública en todos sus niveles, ni de las instituciones de salud y seguridad social y se defenderá por todos los medios legales y mediante acciones de resistencia civil pacifica y recursos naturales estratégicos para el bienestar de los mexicanos e independencia y soberanía de la nación.
III.- Hacer valer el derecho público a la información a fin de que los medios de comunicación públicos y privados garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país, brinden una información veraz y objetiva.
Contribuyan al enriquecimiento cultural de los mexicanos y sirva el debate para que la población participe de manera conciente y libre en al toma de decisiones.
IV:- trabajar para hacer desaparecer el Estado patrimonialista, ya que el gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría, por lo que la lucha contra la corrupción e impunidad deben enfrentarse como una probidad a fin de que se castigue a quienes desde el poder lo utilizan para beneficio propio. Cometen abusos transgrediendo impunemente las leyes y despojan a los mexicanos de su patrimonio.
El Poder Público y el ejercicio de gobierno no pueden significar la protección de privilegios ni la corrupción.
V.- luchan para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda, en particular las instituciones políticas que lejos de atender el interés público se encuentran secuestradas por unos cuantos grupos de poder y sólo actúan en su beneficio.
Como último punto propuso que "la Convención Nacional Democrática decida sin órgano de gobierno y que lo represente, se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el 1 de diciembre del 2006".
Que suave no? El Pan le contesta al PAN, que bueno eres, que maravillosas obras, que guapa Martita...
México, D.F. - Lunes 28 de Agosto de 2006 (22:04)
Versión para imprimir
Contestará el panista Jorge Zermeño el VI Informe del presidente Fox
Presidirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el legislador de Acción Nacional.
El diputado federal electo Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional (PAN), será el encargado de presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y, por ende, quien contestará el 6 Informe de Gobierno del presidente Fox.
Derechos Reservados © Grupo Editorial Milenio 2006
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Contestará el panista Jorge Zermeño el VI Informe del presidente Fox
Presidirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el legislador de Acción Nacional.
El diputado federal electo Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional (PAN), será el encargado de presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y, por ende, quien contestará el 6 Informe de Gobierno del presidente Fox.
Derechos Reservados © Grupo Editorial Milenio 2006
Astillero
Julio Hernández López
Instituciones
Nueva etapa de lucha
Sistema agotado
El amigo Norberto
La etapa procesal electoral está terminando. Y ahora se entra en lo sustantivo. A partir de esta mañana, los magistrados del máximo tribunal especializado en comicios deberán determinar si la muy impugnada y manoseada aritmética judicial muestra un ganador presidencial y, enseguida, si esos precarios resultados contables surgieron de un proceso regido por los conceptos de equidad y limpieza como para así declarar válidas las elecciones y triunfador a uno de los contendientes. Ya no hay, pues, más tiempo para pruebas y alegatos partidistas: la Suprema Corte Electoral de la Nación tiene la última palabra, una palabra que es jurídicamente inatacable pero que, para una parte de los mexicanos, puede resultar ética y políticamente inacatable. Tan evidente es que ha terminado esa etapa del litigio jurídico que el impugnador central ha anunciado en el Zócalo que no le merece respeto el entramado institucional vigente y que trabajará para construir uno nuevo.
El discurso dominical de Andrés Manuel López Obrador es, por principio, una prevista sentencia política: luego de recorrer las múltiples instancias del laberinto electoral y judicial, el tabasqueño acepta con todas sus letras que la lucha a través de las instituciones actuales no tiene sentido, pero no llama a la insurrección armada para derribarlas, sino a la construcción -desde el flanco opositor- de nuevas formas de organización social y política. El llamado a la refundación nacional motivó de inmediato las reacciones burlonas que el propio AMLO había previsto (ironías de la historia: los panistas conocieron, luego de 1988, las mismas burlas, escepticismo y rechazo cuando constituyeron un gobierno alterno al de Carlos Salinas, con Manuel J. Clouthier como presidente y Vicente Fox como secretario de agricultura; en aquella ocasión, los presuntos insurrectos acabaron negociando con Salinas un proceso de "legitimación en los hechos" que ahora con Felipe Calderón -si tal fuera el resultado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- volvería a escenificarse, con los panistas como beneficiarios).
El planteamiento de ayer lleva al movimiento de resistencia civil a un más alto nivel de confrontación. Dejando de lado la rutina previsible que hoy ha comenzado el tribunal electoral, AMLO ha decidido preguntar a sus seguidores si, reunidos en convención nacional, quieren nombrar a un presidente legítimo o a un coordinador de lucha política. La denominación del cargo es muy importante: designar un presidente legítimo significaría para este movimiento comprometerse en una batalla de símbolos y contenidos que no podrá terminar más que con el derrocamiento, la inhabilitación o el término del periodo del otro presidente, el legal pero ilegítimo; un jefe de gobierno o coordinador de resistencia civil sería, en cambio, un jefe político de la oposición, que podrá moderar y graduar su beligerancia y oposición de acuerdo con circunstancias y valoraciones políticas de conveniencia.
El tablero de ajedrez tiene, sin embargo, evidentes peligros al frente. El principal de todos es la urgente necesidad que tienen los poderes coaligados contra López Obrador de frenar y, de preferencia, aplastar, el reto y el peligro que para sus intereses significa la salida pacífica de los carriles de lo institucional y la conversión de un movimiento social de resistencia en un instrumento de no permitida innovación. Vicente Fox, como rostro formal de esos poderes institucionales, decidido a cumplir con el libreto de los rituales informativos, pregoneros y desfilantes del primero, el 15 y el 16 del mes en puerta. Y, para cumplir con ese ceremonial, Fox -es decir, quienes tras él deciden y manejan- está dispuesto a usar la joya de esa institucionalidad en entredicho: la fuerza pública como garante de un estado de derecho (impugnado).
Así como en su momento hubo voces (legítimas unas, inducidas otras) que pegaron el grito en el cielo porque a la imposición de un histórico fraude electoral nacional se respondió con un plantón capitalino de consecuencias viales, ahora habrá quienes se estremecerán porque un candidato presidencial en vías de ser declarado judicialmente derrotado llame a hacer a un lado la institucionalidad vigente y a construir nuevas instituciones conforme a mandatos polémicos como los que podría instaurar la convención del próximo 16 de septiembre.
El desconocimiento de las instituciones no proviene, sin embargo, solamente de las palabras pronunciadas ayer. El sistema político mexicano había entrado en crisis en 2000, y por ello una mayoría de votantes se manifestó a favor de una opción políticamente rijosa (Vicente Fox) que, sin embargo, no sólo no cambió y mejoró las instituciones impugnadas, sino que las consolidó en sus características más negativas. Las décadas de priísmo, más el trágico sexenio foxista, terminaron por arruinar el teatro de las instituciones, hasta llegar al momento cumbre del actual fraude electoral.
A partir de hoy, pues, el litigio electoral entra en una nueva fase largamente anunciada. El empecinamiento de los actuales ocupantes del poder en mantenerse en él a cualquier costa, frente a un movimiento que no arrea banderas sino que, al contrario, sube un escalón en la lucha y se plantea reformas y modificaciones sustanciales por una vía pacífica distinta a la electoral (claro, todo lo anterior a reserva de lo que los magistrados electorales vayan resolviendo en estos días históricos; decisiones que, según todos los indicios, acabarán convalidando el resultado impuesto desde antes de que comenzara el propio proceso electoral).
Astillas
Norberto Rivera es un político con sotana que ha apoyado invariablemente a los ocupantes del poder. En las elecciones de este año, el clero político trabajó activamente en favor de Felipe Calderón y contra López Obrador. El crónico entrometimiento de la elite eclesial en los asuntos partidistas y de gobierno ha hecho que en semanas anteriores se produjeran en la Catedral Metropolitana protestas que, siendo justas en su esencia, resultan contrarias al interés general del movimiento contra el fraude electoral. Tan contrarias que, ahora, Rivera se ha colocado como canonizable víctima de un "amigo"... ¡Hasta mañana (en esta columna que sigue esperando respuesta de Ciro Gómez Leyva al reto de veracidad periodística que aquí se le hizo la semana pasada) mientras en Chiapas cuatro partidos escriben La suerte del Mayor (en votos, aunque la diferencia sea chiquita) Sabines!
http://www.jornada.unam.mx/2006/08/28/004o1pol.php
Instituciones
Nueva etapa de lucha
Sistema agotado
El amigo Norberto
La etapa procesal electoral está terminando. Y ahora se entra en lo sustantivo. A partir de esta mañana, los magistrados del máximo tribunal especializado en comicios deberán determinar si la muy impugnada y manoseada aritmética judicial muestra un ganador presidencial y, enseguida, si esos precarios resultados contables surgieron de un proceso regido por los conceptos de equidad y limpieza como para así declarar válidas las elecciones y triunfador a uno de los contendientes. Ya no hay, pues, más tiempo para pruebas y alegatos partidistas: la Suprema Corte Electoral de la Nación tiene la última palabra, una palabra que es jurídicamente inatacable pero que, para una parte de los mexicanos, puede resultar ética y políticamente inacatable. Tan evidente es que ha terminado esa etapa del litigio jurídico que el impugnador central ha anunciado en el Zócalo que no le merece respeto el entramado institucional vigente y que trabajará para construir uno nuevo.
El discurso dominical de Andrés Manuel López Obrador es, por principio, una prevista sentencia política: luego de recorrer las múltiples instancias del laberinto electoral y judicial, el tabasqueño acepta con todas sus letras que la lucha a través de las instituciones actuales no tiene sentido, pero no llama a la insurrección armada para derribarlas, sino a la construcción -desde el flanco opositor- de nuevas formas de organización social y política. El llamado a la refundación nacional motivó de inmediato las reacciones burlonas que el propio AMLO había previsto (ironías de la historia: los panistas conocieron, luego de 1988, las mismas burlas, escepticismo y rechazo cuando constituyeron un gobierno alterno al de Carlos Salinas, con Manuel J. Clouthier como presidente y Vicente Fox como secretario de agricultura; en aquella ocasión, los presuntos insurrectos acabaron negociando con Salinas un proceso de "legitimación en los hechos" que ahora con Felipe Calderón -si tal fuera el resultado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- volvería a escenificarse, con los panistas como beneficiarios).
El planteamiento de ayer lleva al movimiento de resistencia civil a un más alto nivel de confrontación. Dejando de lado la rutina previsible que hoy ha comenzado el tribunal electoral, AMLO ha decidido preguntar a sus seguidores si, reunidos en convención nacional, quieren nombrar a un presidente legítimo o a un coordinador de lucha política. La denominación del cargo es muy importante: designar un presidente legítimo significaría para este movimiento comprometerse en una batalla de símbolos y contenidos que no podrá terminar más que con el derrocamiento, la inhabilitación o el término del periodo del otro presidente, el legal pero ilegítimo; un jefe de gobierno o coordinador de resistencia civil sería, en cambio, un jefe político de la oposición, que podrá moderar y graduar su beligerancia y oposición de acuerdo con circunstancias y valoraciones políticas de conveniencia.
El tablero de ajedrez tiene, sin embargo, evidentes peligros al frente. El principal de todos es la urgente necesidad que tienen los poderes coaligados contra López Obrador de frenar y, de preferencia, aplastar, el reto y el peligro que para sus intereses significa la salida pacífica de los carriles de lo institucional y la conversión de un movimiento social de resistencia en un instrumento de no permitida innovación. Vicente Fox, como rostro formal de esos poderes institucionales, decidido a cumplir con el libreto de los rituales informativos, pregoneros y desfilantes del primero, el 15 y el 16 del mes en puerta. Y, para cumplir con ese ceremonial, Fox -es decir, quienes tras él deciden y manejan- está dispuesto a usar la joya de esa institucionalidad en entredicho: la fuerza pública como garante de un estado de derecho (impugnado).
Así como en su momento hubo voces (legítimas unas, inducidas otras) que pegaron el grito en el cielo porque a la imposición de un histórico fraude electoral nacional se respondió con un plantón capitalino de consecuencias viales, ahora habrá quienes se estremecerán porque un candidato presidencial en vías de ser declarado judicialmente derrotado llame a hacer a un lado la institucionalidad vigente y a construir nuevas instituciones conforme a mandatos polémicos como los que podría instaurar la convención del próximo 16 de septiembre.
El desconocimiento de las instituciones no proviene, sin embargo, solamente de las palabras pronunciadas ayer. El sistema político mexicano había entrado en crisis en 2000, y por ello una mayoría de votantes se manifestó a favor de una opción políticamente rijosa (Vicente Fox) que, sin embargo, no sólo no cambió y mejoró las instituciones impugnadas, sino que las consolidó en sus características más negativas. Las décadas de priísmo, más el trágico sexenio foxista, terminaron por arruinar el teatro de las instituciones, hasta llegar al momento cumbre del actual fraude electoral.
A partir de hoy, pues, el litigio electoral entra en una nueva fase largamente anunciada. El empecinamiento de los actuales ocupantes del poder en mantenerse en él a cualquier costa, frente a un movimiento que no arrea banderas sino que, al contrario, sube un escalón en la lucha y se plantea reformas y modificaciones sustanciales por una vía pacífica distinta a la electoral (claro, todo lo anterior a reserva de lo que los magistrados electorales vayan resolviendo en estos días históricos; decisiones que, según todos los indicios, acabarán convalidando el resultado impuesto desde antes de que comenzara el propio proceso electoral).
Astillas
Norberto Rivera es un político con sotana que ha apoyado invariablemente a los ocupantes del poder. En las elecciones de este año, el clero político trabajó activamente en favor de Felipe Calderón y contra López Obrador. El crónico entrometimiento de la elite eclesial en los asuntos partidistas y de gobierno ha hecho que en semanas anteriores se produjeran en la Catedral Metropolitana protestas que, siendo justas en su esencia, resultan contrarias al interés general del movimiento contra el fraude electoral. Tan contrarias que, ahora, Rivera se ha colocado como canonizable víctima de un "amigo"... ¡Hasta mañana (en esta columna que sigue esperando respuesta de Ciro Gómez Leyva al reto de veracidad periodística que aquí se le hizo la semana pasada) mientras en Chiapas cuatro partidos escriben La suerte del Mayor (en votos, aunque la diferencia sea chiquita) Sabines!
http://www.jornada.unam.mx/2006/08/28/004o1pol.php
Se plantea en expediente rechazar un recuento total
Se plantea en expediente rechazar un recuento total
Aún debe hacer la suma total de votos y definir si emite las declaratorias de validez de comicios y de presidente electo
Arturo Zárate
El Universal
Lunes 28 de agosto de 2006
En las resoluciones sobre los 375 juicios de inconformidad relacionados con la elección presidencial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defenderá la actuación de los ciudadanos en el conteo de votos y desechará recursos que hayan carecido de la presentación de escritos de protesta en casillas o en los consejos distritales, de acuerdo al contenido de los expedientes.
Con sus resolutivos evidenciará que no procede un recuento generalizado, porque la coalición Por el Bien de Todos no impugnó todos los distritos ni todas las casillas instaladas en la elección presidencial del 2 de julio, según los documentos judiciales consultados por EL UNIVERSAL.
Hoy, a partir de las 8 de la mañana, los siete magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal resolverán los 375 juicios de inconformidad (240 de la coalición Por el Bien de Todos, 133 del PAN y dos de ciudadanos) por la elección presidencial.
Pero ningún recurso tendrá éxito total. No se descarta que como resultado de las audiencias judiciales que, del 9 al 12 de agosto, recontaron los votos de 11 mil 839 casillas, haya ajustes en las sumatorias distritales.
Sobre la negativa al recuento total de las casillas, el tribunal argumenta: "La circunstancia de que se justificara que en algunas o varias mesas de votación se cometieron irregularidades o que éstas aparezcan en las respectivas actas de escrutinio y cómputo, no constituiría base para nuevo escrutinio y cómputo, en el universo de casillas, bajo el argumento de que es factible que en todas se encuentra la misma irregularidad o inconsistencia", precisa el expediente SUPJIN -212/2006.
Según el registro oficial de escritos de protesta, la coalición sólo presentó en 45 mil 656 (34.9 %) casillas de las 130 mil 477 instaladas ese día.
El Tribunal, en el expediente SUP-REC-3/2006, ratificó el criterio de que se desecha el juicio de inconformidad cuando no se presentan en su oportunidad los escritos de protesta, ni en las casillas ni en los consejos distritales, como lo establecen las leyes electorales.
Una vez resueltos los recursos de inconformidad, el siguiente paso de la Sala Superior será elaborar el dictamen que incluirá la suma nacional y total de los votos, y determinará si se emiten las declaratorias de validez de la elección y de presidente electo.
Para esta fase el Tribunal tiene de plazo hasta el 6 de septiembre.
Desde que empezó el proceso de calificación de la elección presidencial, los magistrados garantizaron que habría plena congruencia en el establecimiento de los criterios para evaluar las impugnaciones.
En el expediente de la elección presidencial se reconoce la imparcialidad en el trabajo realizado por los ciudadanos para contar, como funcionarios de casilla, los votos.
"El hecho de que los funcionarios de las mesas directivas de casilla sean ciudadanos, escogidos al azar, vecinos de la sección en donde van a intervenir designados a través de un procedimiento con elementos importantes de azar, que además es vigilado por los partidos políticos, genera una gran certeza sobre su imparcialidad", dice el SUP-JIN-212/2006.
Además, recuerda, "el día de la jornada electoral su función es vigilada por todos los ciudadanos que acuden a votar, por observadores nacionales y por visitantes extranjeros".
Por eso, si hay imprecisiones en los cómputos de los votos, no advierte que haya existido dolo de los ciudadanos para cometerlos.
La coalición presentó el 9 de julio el "recurso madre", en el que se queja de inconsistencias en el cómputo y de diversas acciones del gobierno federal, empresarios y organizaciones civiles para desacreditar a AMLO.
El PAN, en 133 juicios de inconformidad, impugnó inconsistencias en las actas de cómputo y sustitución de funcionarios de casillas.
Aún debe hacer la suma total de votos y definir si emite las declaratorias de validez de comicios y de presidente electo
Arturo Zárate
El Universal
Lunes 28 de agosto de 2006
En las resoluciones sobre los 375 juicios de inconformidad relacionados con la elección presidencial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defenderá la actuación de los ciudadanos en el conteo de votos y desechará recursos que hayan carecido de la presentación de escritos de protesta en casillas o en los consejos distritales, de acuerdo al contenido de los expedientes.
Con sus resolutivos evidenciará que no procede un recuento generalizado, porque la coalición Por el Bien de Todos no impugnó todos los distritos ni todas las casillas instaladas en la elección presidencial del 2 de julio, según los documentos judiciales consultados por EL UNIVERSAL.
Hoy, a partir de las 8 de la mañana, los siete magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal resolverán los 375 juicios de inconformidad (240 de la coalición Por el Bien de Todos, 133 del PAN y dos de ciudadanos) por la elección presidencial.
Pero ningún recurso tendrá éxito total. No se descarta que como resultado de las audiencias judiciales que, del 9 al 12 de agosto, recontaron los votos de 11 mil 839 casillas, haya ajustes en las sumatorias distritales.
Sobre la negativa al recuento total de las casillas, el tribunal argumenta: "La circunstancia de que se justificara que en algunas o varias mesas de votación se cometieron irregularidades o que éstas aparezcan en las respectivas actas de escrutinio y cómputo, no constituiría base para nuevo escrutinio y cómputo, en el universo de casillas, bajo el argumento de que es factible que en todas se encuentra la misma irregularidad o inconsistencia", precisa el expediente SUPJIN -212/2006.
Según el registro oficial de escritos de protesta, la coalición sólo presentó en 45 mil 656 (34.9 %) casillas de las 130 mil 477 instaladas ese día.
El Tribunal, en el expediente SUP-REC-3/2006, ratificó el criterio de que se desecha el juicio de inconformidad cuando no se presentan en su oportunidad los escritos de protesta, ni en las casillas ni en los consejos distritales, como lo establecen las leyes electorales.
Una vez resueltos los recursos de inconformidad, el siguiente paso de la Sala Superior será elaborar el dictamen que incluirá la suma nacional y total de los votos, y determinará si se emiten las declaratorias de validez de la elección y de presidente electo.
Para esta fase el Tribunal tiene de plazo hasta el 6 de septiembre.
Desde que empezó el proceso de calificación de la elección presidencial, los magistrados garantizaron que habría plena congruencia en el establecimiento de los criterios para evaluar las impugnaciones.
En el expediente de la elección presidencial se reconoce la imparcialidad en el trabajo realizado por los ciudadanos para contar, como funcionarios de casilla, los votos.
"El hecho de que los funcionarios de las mesas directivas de casilla sean ciudadanos, escogidos al azar, vecinos de la sección en donde van a intervenir designados a través de un procedimiento con elementos importantes de azar, que además es vigilado por los partidos políticos, genera una gran certeza sobre su imparcialidad", dice el SUP-JIN-212/2006.
Además, recuerda, "el día de la jornada electoral su función es vigilada por todos los ciudadanos que acuden a votar, por observadores nacionales y por visitantes extranjeros".
Por eso, si hay imprecisiones en los cómputos de los votos, no advierte que haya existido dolo de los ciudadanos para cometerlos.
La coalición presentó el 9 de julio el "recurso madre", en el que se queja de inconsistencias en el cómputo y de diversas acciones del gobierno federal, empresarios y organizaciones civiles para desacreditar a AMLO.
El PAN, en 133 juicios de inconformidad, impugnó inconsistencias en las actas de cómputo y sustitución de funcionarios de casillas.
