Wednesday, July 19, 2006
PARA ENTENDER LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES
Por Raúl Ramírez Baena
Presidente de la Comisión Ciudadana de
Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
Existe un consenso mundial de que, como principio de acción, los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Los derechos políticos, como derechos individuales de Primera Generación, son el derecho de asociación, el derecho a votar y el derecho a ser votado para un puesto de elección popular. Contrario a lo que se establece en los derechos económicos, sociales y culturales, aquellos requieren de la MAXIMA ABSTENCION DEL ESTADO, es decir, que los gobiernos no intervengan ni obstruyan su libre ejercicio.
Hoy en día, ante el advenimiento del neoliberalismo, los gobiernos proclives a este paradigma privilegian las leyes del mercado por sobre el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas. Su acción antepone el interés del capital financiero por sobre el interés general, y en ello van de por medio los derechos humanos como patrimonio y tutela jurídica individual, social y colectiva. Por ello, muchas veces el pueblo reclama por si y para si el ejercicio de sus derechos a través de la desobediencia civil, la objeción de consciencia y la movilización social, que son también derechos humanos. Tan es así que el artículo 39 constitucional señala que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo (…) El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. A su vez, el artículo 9º garantiza la libertad de asociación y reunión pacífica y respetuosa aún para protestar por una ley o disposición oficial injusta. Por ello, para hacer valer los derechos políticos o sociales, es legal y legítimo recurrir a los derechos o libertades civiles.
Respecto a los derechos políticos, el artículo 35 constitucional dice: “Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular (…); III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país”.
Luego, el artículo 41 fracción III dice que: “La organización –ojo, sólo la organización- de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral –IFE- (…). En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores”. La fracción IV menciona que: “Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones anteriores, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señala esta Constitución”. Este derecho lo debe garantizar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que es también el que califica la elección.
Sobre estas bases, desde hace 2 años, el gobierno mexicano y los poderes fácticos de este país, mediante artimañas legales y extralegales antes, durante y después de la jornada electoral del 2 de julio, han hecho todo lo posible para impedir que un ciudadano, Andrés Manuel López Obrador, ejerza libremente su derecho político para acceder a la Presidencia de la República. Ello, independientemente de su filiación político-ideológica, de sus métodos y de nuestras simpatías o desafectos hacia él.
Los agravios, que son muchos (la exclusión del PRD en la elección de los consejeros del IFE; el intervencionismo del presidente Fox, de los obispos católicos, de las televisoras, de comentaristas y de la cúpula empresarial; la utilización electoral del Programa Oportunidades, etc.), evidencian que el Estado mexicano ha roto el principio de ABSTENCION e IMPARCIALIDAD en la materia, y ha violado, por acción y omisión el artículo 35 fracción II citado anteriormente, en perjuicio del candidato de la Coalición por el Bien de Todos y, por ende, en beneficio del candidato del Partido Acción Nacional (PAN).
Por si fuera poco, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en el artículo 21, que "toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país". Y que "la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto".
Pero además, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que los ciudadanos tenemos derecho a "votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores", y a "tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país". El Pacto de San José, aplicable al continente Americano, habla en los mismos términos.
La guerra sucio y/o la campaña negra emprendidas por el PAN y sus aliados bajo la complacencia del Estado (el IFE), negó en los hechos “la libre expresión de la voluntad” de los ciudadanos. Existen muchos testimonios de electores que votaron por el candidato del PAN por miedo a perder sus bienes y a la violencia; es decir, no ejercieron libremente su voto, sino que fueron ilegalmente inducidos por la campaña mediática con métodos de coacción, y eso, por si solo, es causal suficiente de nulidad de la elección. Testimonios que habría que documentar.
Decían que el candidato de la izquierda “es un PELIGRO para México”. Estoy seguro que es más peligroso alienar e inducir el voto a través de la campaña del miedo, que ejercer libremente los derechos y libertades. Esto nunca puede ser un peligro.
Querámoslo o no, el no tener un proceso electoral libre, limpio e imparcial es una violación a los derechos humanos que alimenta el abstencionismo, desacredita a instituciones como el IFE –no a los ciudadanos que contribuyeron como funcionarios electorales- y erosiona la convivencia pacífica de los ciudadanos.
Las condiciones que establecen los instrumentos jurídicos fundamentales de las Naciones Unidas y la propia Constitución en lo referente a los derechos políticos que antes señalamos, no se cumplieron en lo que respecta a su autenticidad, a su limpieza, a las condiciones de igualdad, a tener gobernantes libremente escogidos, a la libertad del voto y a que los resultados sean la libre voluntad de los electores.
Empero, no sólo es el resultado lo que se cuestiona, sino también el proceso de organización, la injerencia o control gubernamental del mismo, y la desigualdad financiera para la realización de las campañas que alienta la inequidad (la dinerocracia), así como el apoyo del gobierno federal y demás autoridades y poderes fácticos al PRI, antes, y al PAN, hoy. Atendiendo al principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, la violación a los derechos políticos es tan preocupante y lacerante como la pobreza y la marginación, la migración, el desempleo, el subempleo, la violencia rural, la discriminación de los indígenas, la tortura, la impunidad del crimen organizado, etc. Por ello, el libre ejercicio de los derechos político-electorales va más allá del sólo hecho de cruzar una boleta.
Es la hora del Trife. Si aún así no se subsanan las violaciones a los derechos políticos de los mexicanos y, en particular, del candidato de la Coalición Por el Bien de Todos, quedan los recursos que prevén el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de protección de los Derechos Humanos.
Mexicali, B.C., julio del 2006
Presidente de la Comisión Ciudadana de
Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
Existe un consenso mundial de que, como principio de acción, los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Los derechos políticos, como derechos individuales de Primera Generación, son el derecho de asociación, el derecho a votar y el derecho a ser votado para un puesto de elección popular. Contrario a lo que se establece en los derechos económicos, sociales y culturales, aquellos requieren de la MAXIMA ABSTENCION DEL ESTADO, es decir, que los gobiernos no intervengan ni obstruyan su libre ejercicio.
Hoy en día, ante el advenimiento del neoliberalismo, los gobiernos proclives a este paradigma privilegian las leyes del mercado por sobre el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas. Su acción antepone el interés del capital financiero por sobre el interés general, y en ello van de por medio los derechos humanos como patrimonio y tutela jurídica individual, social y colectiva. Por ello, muchas veces el pueblo reclama por si y para si el ejercicio de sus derechos a través de la desobediencia civil, la objeción de consciencia y la movilización social, que son también derechos humanos. Tan es así que el artículo 39 constitucional señala que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo (…) El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. A su vez, el artículo 9º garantiza la libertad de asociación y reunión pacífica y respetuosa aún para protestar por una ley o disposición oficial injusta. Por ello, para hacer valer los derechos políticos o sociales, es legal y legítimo recurrir a los derechos o libertades civiles.
Respecto a los derechos políticos, el artículo 35 constitucional dice: “Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular (…); III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país”.
Luego, el artículo 41 fracción III dice que: “La organización –ojo, sólo la organización- de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral –IFE- (…). En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores”. La fracción IV menciona que: “Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones anteriores, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señala esta Constitución”. Este derecho lo debe garantizar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que es también el que califica la elección.
Sobre estas bases, desde hace 2 años, el gobierno mexicano y los poderes fácticos de este país, mediante artimañas legales y extralegales antes, durante y después de la jornada electoral del 2 de julio, han hecho todo lo posible para impedir que un ciudadano, Andrés Manuel López Obrador, ejerza libremente su derecho político para acceder a la Presidencia de la República. Ello, independientemente de su filiación político-ideológica, de sus métodos y de nuestras simpatías o desafectos hacia él.
Los agravios, que son muchos (la exclusión del PRD en la elección de los consejeros del IFE; el intervencionismo del presidente Fox, de los obispos católicos, de las televisoras, de comentaristas y de la cúpula empresarial; la utilización electoral del Programa Oportunidades, etc.), evidencian que el Estado mexicano ha roto el principio de ABSTENCION e IMPARCIALIDAD en la materia, y ha violado, por acción y omisión el artículo 35 fracción II citado anteriormente, en perjuicio del candidato de la Coalición por el Bien de Todos y, por ende, en beneficio del candidato del Partido Acción Nacional (PAN).
Por si fuera poco, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en el artículo 21, que "toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país". Y que "la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto".
Pero además, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que los ciudadanos tenemos derecho a "votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores", y a "tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país". El Pacto de San José, aplicable al continente Americano, habla en los mismos términos.
La guerra sucio y/o la campaña negra emprendidas por el PAN y sus aliados bajo la complacencia del Estado (el IFE), negó en los hechos “la libre expresión de la voluntad” de los ciudadanos. Existen muchos testimonios de electores que votaron por el candidato del PAN por miedo a perder sus bienes y a la violencia; es decir, no ejercieron libremente su voto, sino que fueron ilegalmente inducidos por la campaña mediática con métodos de coacción, y eso, por si solo, es causal suficiente de nulidad de la elección. Testimonios que habría que documentar.
Decían que el candidato de la izquierda “es un PELIGRO para México”. Estoy seguro que es más peligroso alienar e inducir el voto a través de la campaña del miedo, que ejercer libremente los derechos y libertades. Esto nunca puede ser un peligro.
Querámoslo o no, el no tener un proceso electoral libre, limpio e imparcial es una violación a los derechos humanos que alimenta el abstencionismo, desacredita a instituciones como el IFE –no a los ciudadanos que contribuyeron como funcionarios electorales- y erosiona la convivencia pacífica de los ciudadanos.
Las condiciones que establecen los instrumentos jurídicos fundamentales de las Naciones Unidas y la propia Constitución en lo referente a los derechos políticos que antes señalamos, no se cumplieron en lo que respecta a su autenticidad, a su limpieza, a las condiciones de igualdad, a tener gobernantes libremente escogidos, a la libertad del voto y a que los resultados sean la libre voluntad de los electores.
Empero, no sólo es el resultado lo que se cuestiona, sino también el proceso de organización, la injerencia o control gubernamental del mismo, y la desigualdad financiera para la realización de las campañas que alienta la inequidad (la dinerocracia), así como el apoyo del gobierno federal y demás autoridades y poderes fácticos al PRI, antes, y al PAN, hoy. Atendiendo al principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, la violación a los derechos políticos es tan preocupante y lacerante como la pobreza y la marginación, la migración, el desempleo, el subempleo, la violencia rural, la discriminación de los indígenas, la tortura, la impunidad del crimen organizado, etc. Por ello, el libre ejercicio de los derechos político-electorales va más allá del sólo hecho de cruzar una boleta.
Es la hora del Trife. Si aún así no se subsanan las violaciones a los derechos políticos de los mexicanos y, en particular, del candidato de la Coalición Por el Bien de Todos, quedan los recursos que prevén el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de protección de los Derechos Humanos.
Mexicali, B.C., julio del 2006
