Monday, August 28, 2006
Astillero
Julio Hernández López
Instituciones
Nueva etapa de lucha
Sistema agotado
El amigo Norberto
La etapa procesal electoral está terminando. Y ahora se entra en lo sustantivo. A partir de esta mañana, los magistrados del máximo tribunal especializado en comicios deberán determinar si la muy impugnada y manoseada aritmética judicial muestra un ganador presidencial y, enseguida, si esos precarios resultados contables surgieron de un proceso regido por los conceptos de equidad y limpieza como para así declarar válidas las elecciones y triunfador a uno de los contendientes. Ya no hay, pues, más tiempo para pruebas y alegatos partidistas: la Suprema Corte Electoral de la Nación tiene la última palabra, una palabra que es jurídicamente inatacable pero que, para una parte de los mexicanos, puede resultar ética y políticamente inacatable. Tan evidente es que ha terminado esa etapa del litigio jurídico que el impugnador central ha anunciado en el Zócalo que no le merece respeto el entramado institucional vigente y que trabajará para construir uno nuevo.
El discurso dominical de Andrés Manuel López Obrador es, por principio, una prevista sentencia política: luego de recorrer las múltiples instancias del laberinto electoral y judicial, el tabasqueño acepta con todas sus letras que la lucha a través de las instituciones actuales no tiene sentido, pero no llama a la insurrección armada para derribarlas, sino a la construcción -desde el flanco opositor- de nuevas formas de organización social y política. El llamado a la refundación nacional motivó de inmediato las reacciones burlonas que el propio AMLO había previsto (ironías de la historia: los panistas conocieron, luego de 1988, las mismas burlas, escepticismo y rechazo cuando constituyeron un gobierno alterno al de Carlos Salinas, con Manuel J. Clouthier como presidente y Vicente Fox como secretario de agricultura; en aquella ocasión, los presuntos insurrectos acabaron negociando con Salinas un proceso de "legitimación en los hechos" que ahora con Felipe Calderón -si tal fuera el resultado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- volvería a escenificarse, con los panistas como beneficiarios).
El planteamiento de ayer lleva al movimiento de resistencia civil a un más alto nivel de confrontación. Dejando de lado la rutina previsible que hoy ha comenzado el tribunal electoral, AMLO ha decidido preguntar a sus seguidores si, reunidos en convención nacional, quieren nombrar a un presidente legítimo o a un coordinador de lucha política. La denominación del cargo es muy importante: designar un presidente legítimo significaría para este movimiento comprometerse en una batalla de símbolos y contenidos que no podrá terminar más que con el derrocamiento, la inhabilitación o el término del periodo del otro presidente, el legal pero ilegítimo; un jefe de gobierno o coordinador de resistencia civil sería, en cambio, un jefe político de la oposición, que podrá moderar y graduar su beligerancia y oposición de acuerdo con circunstancias y valoraciones políticas de conveniencia.
El tablero de ajedrez tiene, sin embargo, evidentes peligros al frente. El principal de todos es la urgente necesidad que tienen los poderes coaligados contra López Obrador de frenar y, de preferencia, aplastar, el reto y el peligro que para sus intereses significa la salida pacífica de los carriles de lo institucional y la conversión de un movimiento social de resistencia en un instrumento de no permitida innovación. Vicente Fox, como rostro formal de esos poderes institucionales, decidido a cumplir con el libreto de los rituales informativos, pregoneros y desfilantes del primero, el 15 y el 16 del mes en puerta. Y, para cumplir con ese ceremonial, Fox -es decir, quienes tras él deciden y manejan- está dispuesto a usar la joya de esa institucionalidad en entredicho: la fuerza pública como garante de un estado de derecho (impugnado).
Así como en su momento hubo voces (legítimas unas, inducidas otras) que pegaron el grito en el cielo porque a la imposición de un histórico fraude electoral nacional se respondió con un plantón capitalino de consecuencias viales, ahora habrá quienes se estremecerán porque un candidato presidencial en vías de ser declarado judicialmente derrotado llame a hacer a un lado la institucionalidad vigente y a construir nuevas instituciones conforme a mandatos polémicos como los que podría instaurar la convención del próximo 16 de septiembre.
El desconocimiento de las instituciones no proviene, sin embargo, solamente de las palabras pronunciadas ayer. El sistema político mexicano había entrado en crisis en 2000, y por ello una mayoría de votantes se manifestó a favor de una opción políticamente rijosa (Vicente Fox) que, sin embargo, no sólo no cambió y mejoró las instituciones impugnadas, sino que las consolidó en sus características más negativas. Las décadas de priísmo, más el trágico sexenio foxista, terminaron por arruinar el teatro de las instituciones, hasta llegar al momento cumbre del actual fraude electoral.
A partir de hoy, pues, el litigio electoral entra en una nueva fase largamente anunciada. El empecinamiento de los actuales ocupantes del poder en mantenerse en él a cualquier costa, frente a un movimiento que no arrea banderas sino que, al contrario, sube un escalón en la lucha y se plantea reformas y modificaciones sustanciales por una vía pacífica distinta a la electoral (claro, todo lo anterior a reserva de lo que los magistrados electorales vayan resolviendo en estos días históricos; decisiones que, según todos los indicios, acabarán convalidando el resultado impuesto desde antes de que comenzara el propio proceso electoral).
Astillas
Norberto Rivera es un político con sotana que ha apoyado invariablemente a los ocupantes del poder. En las elecciones de este año, el clero político trabajó activamente en favor de Felipe Calderón y contra López Obrador. El crónico entrometimiento de la elite eclesial en los asuntos partidistas y de gobierno ha hecho que en semanas anteriores se produjeran en la Catedral Metropolitana protestas que, siendo justas en su esencia, resultan contrarias al interés general del movimiento contra el fraude electoral. Tan contrarias que, ahora, Rivera se ha colocado como canonizable víctima de un "amigo"... ¡Hasta mañana (en esta columna que sigue esperando respuesta de Ciro Gómez Leyva al reto de veracidad periodística que aquí se le hizo la semana pasada) mientras en Chiapas cuatro partidos escriben La suerte del Mayor (en votos, aunque la diferencia sea chiquita) Sabines!
http://www.jornada.unam.mx/2006/08/28/004o1pol.php
Instituciones
Nueva etapa de lucha
Sistema agotado
El amigo Norberto
La etapa procesal electoral está terminando. Y ahora se entra en lo sustantivo. A partir de esta mañana, los magistrados del máximo tribunal especializado en comicios deberán determinar si la muy impugnada y manoseada aritmética judicial muestra un ganador presidencial y, enseguida, si esos precarios resultados contables surgieron de un proceso regido por los conceptos de equidad y limpieza como para así declarar válidas las elecciones y triunfador a uno de los contendientes. Ya no hay, pues, más tiempo para pruebas y alegatos partidistas: la Suprema Corte Electoral de la Nación tiene la última palabra, una palabra que es jurídicamente inatacable pero que, para una parte de los mexicanos, puede resultar ética y políticamente inacatable. Tan evidente es que ha terminado esa etapa del litigio jurídico que el impugnador central ha anunciado en el Zócalo que no le merece respeto el entramado institucional vigente y que trabajará para construir uno nuevo.
El discurso dominical de Andrés Manuel López Obrador es, por principio, una prevista sentencia política: luego de recorrer las múltiples instancias del laberinto electoral y judicial, el tabasqueño acepta con todas sus letras que la lucha a través de las instituciones actuales no tiene sentido, pero no llama a la insurrección armada para derribarlas, sino a la construcción -desde el flanco opositor- de nuevas formas de organización social y política. El llamado a la refundación nacional motivó de inmediato las reacciones burlonas que el propio AMLO había previsto (ironías de la historia: los panistas conocieron, luego de 1988, las mismas burlas, escepticismo y rechazo cuando constituyeron un gobierno alterno al de Carlos Salinas, con Manuel J. Clouthier como presidente y Vicente Fox como secretario de agricultura; en aquella ocasión, los presuntos insurrectos acabaron negociando con Salinas un proceso de "legitimación en los hechos" que ahora con Felipe Calderón -si tal fuera el resultado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- volvería a escenificarse, con los panistas como beneficiarios).
El planteamiento de ayer lleva al movimiento de resistencia civil a un más alto nivel de confrontación. Dejando de lado la rutina previsible que hoy ha comenzado el tribunal electoral, AMLO ha decidido preguntar a sus seguidores si, reunidos en convención nacional, quieren nombrar a un presidente legítimo o a un coordinador de lucha política. La denominación del cargo es muy importante: designar un presidente legítimo significaría para este movimiento comprometerse en una batalla de símbolos y contenidos que no podrá terminar más que con el derrocamiento, la inhabilitación o el término del periodo del otro presidente, el legal pero ilegítimo; un jefe de gobierno o coordinador de resistencia civil sería, en cambio, un jefe político de la oposición, que podrá moderar y graduar su beligerancia y oposición de acuerdo con circunstancias y valoraciones políticas de conveniencia.
El tablero de ajedrez tiene, sin embargo, evidentes peligros al frente. El principal de todos es la urgente necesidad que tienen los poderes coaligados contra López Obrador de frenar y, de preferencia, aplastar, el reto y el peligro que para sus intereses significa la salida pacífica de los carriles de lo institucional y la conversión de un movimiento social de resistencia en un instrumento de no permitida innovación. Vicente Fox, como rostro formal de esos poderes institucionales, decidido a cumplir con el libreto de los rituales informativos, pregoneros y desfilantes del primero, el 15 y el 16 del mes en puerta. Y, para cumplir con ese ceremonial, Fox -es decir, quienes tras él deciden y manejan- está dispuesto a usar la joya de esa institucionalidad en entredicho: la fuerza pública como garante de un estado de derecho (impugnado).
Así como en su momento hubo voces (legítimas unas, inducidas otras) que pegaron el grito en el cielo porque a la imposición de un histórico fraude electoral nacional se respondió con un plantón capitalino de consecuencias viales, ahora habrá quienes se estremecerán porque un candidato presidencial en vías de ser declarado judicialmente derrotado llame a hacer a un lado la institucionalidad vigente y a construir nuevas instituciones conforme a mandatos polémicos como los que podría instaurar la convención del próximo 16 de septiembre.
El desconocimiento de las instituciones no proviene, sin embargo, solamente de las palabras pronunciadas ayer. El sistema político mexicano había entrado en crisis en 2000, y por ello una mayoría de votantes se manifestó a favor de una opción políticamente rijosa (Vicente Fox) que, sin embargo, no sólo no cambió y mejoró las instituciones impugnadas, sino que las consolidó en sus características más negativas. Las décadas de priísmo, más el trágico sexenio foxista, terminaron por arruinar el teatro de las instituciones, hasta llegar al momento cumbre del actual fraude electoral.
A partir de hoy, pues, el litigio electoral entra en una nueva fase largamente anunciada. El empecinamiento de los actuales ocupantes del poder en mantenerse en él a cualquier costa, frente a un movimiento que no arrea banderas sino que, al contrario, sube un escalón en la lucha y se plantea reformas y modificaciones sustanciales por una vía pacífica distinta a la electoral (claro, todo lo anterior a reserva de lo que los magistrados electorales vayan resolviendo en estos días históricos; decisiones que, según todos los indicios, acabarán convalidando el resultado impuesto desde antes de que comenzara el propio proceso electoral).
Astillas
Norberto Rivera es un político con sotana que ha apoyado invariablemente a los ocupantes del poder. En las elecciones de este año, el clero político trabajó activamente en favor de Felipe Calderón y contra López Obrador. El crónico entrometimiento de la elite eclesial en los asuntos partidistas y de gobierno ha hecho que en semanas anteriores se produjeran en la Catedral Metropolitana protestas que, siendo justas en su esencia, resultan contrarias al interés general del movimiento contra el fraude electoral. Tan contrarias que, ahora, Rivera se ha colocado como canonizable víctima de un "amigo"... ¡Hasta mañana (en esta columna que sigue esperando respuesta de Ciro Gómez Leyva al reto de veracidad periodística que aquí se le hizo la semana pasada) mientras en Chiapas cuatro partidos escriben La suerte del Mayor (en votos, aunque la diferencia sea chiquita) Sabines!
http://www.jornada.unam.mx/2006/08/28/004o1pol.php
