Thursday, August 17, 2006
El Peligro Acecha
Gracias a nuestros amigos de Quintana Roo por enviarnos este articulo:
Fausto Fernández Ponte
Diario Libertad
a 16 de agosto de 2006
Editorial/Nacional
El Peligro Acecha
La movilización social --por su magnitud, sin
precedentes en la historia de México-- de resistencia
civil al fraude electoral ha sido pacífica. Es decir,
sin asomos de violencia.
Empero, el gobierno --y en un sentido más amplio, el
poder de las élites-- ha desatado la violencia contra
los manifestantes que, sin embargo, no opusieron
resistencia.
El gobierno ha actuado con violencia en desalojar a
manifestantes que en paz se habían instalado ante el
Palacio Legislativo. Varios legisladores fueron
golpeados.
Y en Veracruz y Guerrero el gobierno federal ha usado
la violencia para reprimir a manifestantes que habían
tomado pacíficamente casetas de peaje de autopistas.
Haber acudido al uso de la fuerza --el Estado
monopoliza legalmente el empleo de la violencia--
sitúa al gobierno que preside Vicente Fox en una
situación insostenible.
Esa precaridad es moral y política, además de
jurídica. Las fuerzas policiacas federales usadas en
esta represión actuaron sin la consulta previa con
autoridades locales.
Fue, pues, una actuación ilegal, a lo que se sumaría
su atributo de magra moralidad e insostenibilidad
política. El poco capital político del gobierno quedó
así dilapidado.
Para empezar, esa situación es de una colosal
irresponsabilidad histórica. Es el Estado el que está
obligado a ser prudente en el ejercicio y uso de su
poder.
Esa prudencia, empero, jamás fue provocada por los
manifestantes debido a que sus acciones eran
pacíficas, lo cual les garantiza la protección de la
Constitución.
En efecto. Nuestra Carta Magna garantiza la
manifestación pública pacífica, fuere ésta para
protestar o para expresar mensajes o para realizar una
resistencia civil.
La movilización social ha tenido muchas modalidades:
la ocupación de calles, avenidas y plazas emblemáticas
de la capital de nuestro país y ante sedes del Estado
mexicano.
Inclusive, la toma de casetas de peaje en las
autopistas ha sido sólo testimonial y sin incidentes
de violencia, lo cual nos habla de lo siguiente:
1) Hay conciencia ciudadana de no provocar las iras de
los personeros del Estado y del gobierno, nerviosos y
proclives a apretar el gatillo y usar el garrote.
2) Existe una conciencia de organización en las
manifestaciones diversas de la movilización social de
resistencia civil.
3) Adviértese una determinación decidida a continuar
la movilización social de resistencia civil hasta
lograr su objetivo: que el Estado acceda a contar voto
por voto.
4) El Estado, empero, no parece dispuesto a que sus
instancias electorales --IFE y TFEPJF-- desactiven el
detonante de la crisis política.
5) Ese rechazo del Estado a transparentar el desenlace
electoral confirma la percepción generalizada de que
se cometió un fraude y que témese que éste se
confirme.
6) En los personeros del gobierno federal, el uso de
la violencia descorre los velos de una realidad
subyacente: se sienten sitiados y están desesperados.
7) La gravedad de este asunto se acentúa si se toma en
cuenta que las acciones policiacas violentas y
abusivas fueron autorizadas por el propio Presidente
de la República.
Esta decisión del Presidente responde a un entorno
cultural del poder que mucho tiene de autoritario y
arbitrario y, por lo mismo, antidemocrático.
No en vano, Andrés Manuel López Obrador calificò estos
abusos violentos del poder como similares a los que se
cometieron durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Cabría señalar que no fue sólo ese Presidente de la
República quien reprimió con ferocidad a disidentes,
sino que sus predecesores y sus sucesores.
Entre estos últimos destacan por su triste celebridad
Luis Echeverría y Carlos Salinas, ambos represores sin
pudores y de la laya más brutal. Mataron a miles de
disidentes.
Echeverría logró notoriedad por haber dispuesto la
Matanza del Jueves de Corpus, además de haber
secuestrado, torturado y desaparecido a cientos de
jóvenes disidentes.
El señor Salinas asesinó durante su sexenio a unos 800
militantes del Frente Democrático Nacional y del PRD,
aunque hay indicios de que ese número de víctimas fue
de miles.
Esas instancias de represión fueron posibles por la
naturaleza secretiva del ejercicio del poder y porque
el pueblo de México no estaba organizado para la
resistencia.
Hoy es diferente. La represión desatada por el
gobierno que preside Vicente Fox podría encontrar
respuestas violentas, organizadas, del propio pueblo.
Son insoslayables los antecedentes de la represión
foxista, similares a las de sus antecesores del PRI:
Atenco, Michoacán, Guerrero, sindicalistas, indígenas,
etcétera.
La insensatez del Presidente Fox y su incontrolable
inclinación por el uso de la fuerza nos describen a un
autócrata enemigo de la democracia con delirios de
dictador.
Este mandatario le ha acercado el fuego a la yesca.
Esta puede arder en cualquier momento, empezando en la
capital misma de nuestro país. Ese es el verdadero peligro.
Fausto Fernández Ponte
Diario Libertad
a 16 de agosto de 2006
Editorial/Nacional
El Peligro Acecha
La movilización social --por su magnitud, sin
precedentes en la historia de México-- de resistencia
civil al fraude electoral ha sido pacífica. Es decir,
sin asomos de violencia.
Empero, el gobierno --y en un sentido más amplio, el
poder de las élites-- ha desatado la violencia contra
los manifestantes que, sin embargo, no opusieron
resistencia.
El gobierno ha actuado con violencia en desalojar a
manifestantes que en paz se habían instalado ante el
Palacio Legislativo. Varios legisladores fueron
golpeados.
Y en Veracruz y Guerrero el gobierno federal ha usado
la violencia para reprimir a manifestantes que habían
tomado pacíficamente casetas de peaje de autopistas.
Haber acudido al uso de la fuerza --el Estado
monopoliza legalmente el empleo de la violencia--
sitúa al gobierno que preside Vicente Fox en una
situación insostenible.
Esa precaridad es moral y política, además de
jurídica. Las fuerzas policiacas federales usadas en
esta represión actuaron sin la consulta previa con
autoridades locales.
Fue, pues, una actuación ilegal, a lo que se sumaría
su atributo de magra moralidad e insostenibilidad
política. El poco capital político del gobierno quedó
así dilapidado.
Para empezar, esa situación es de una colosal
irresponsabilidad histórica. Es el Estado el que está
obligado a ser prudente en el ejercicio y uso de su
poder.
Esa prudencia, empero, jamás fue provocada por los
manifestantes debido a que sus acciones eran
pacíficas, lo cual les garantiza la protección de la
Constitución.
En efecto. Nuestra Carta Magna garantiza la
manifestación pública pacífica, fuere ésta para
protestar o para expresar mensajes o para realizar una
resistencia civil.
La movilización social ha tenido muchas modalidades:
la ocupación de calles, avenidas y plazas emblemáticas
de la capital de nuestro país y ante sedes del Estado
mexicano.
Inclusive, la toma de casetas de peaje en las
autopistas ha sido sólo testimonial y sin incidentes
de violencia, lo cual nos habla de lo siguiente:
1) Hay conciencia ciudadana de no provocar las iras de
los personeros del Estado y del gobierno, nerviosos y
proclives a apretar el gatillo y usar el garrote.
2) Existe una conciencia de organización en las
manifestaciones diversas de la movilización social de
resistencia civil.
3) Adviértese una determinación decidida a continuar
la movilización social de resistencia civil hasta
lograr su objetivo: que el Estado acceda a contar voto
por voto.
4) El Estado, empero, no parece dispuesto a que sus
instancias electorales --IFE y TFEPJF-- desactiven el
detonante de la crisis política.
5) Ese rechazo del Estado a transparentar el desenlace
electoral confirma la percepción generalizada de que
se cometió un fraude y que témese que éste se
confirme.
6) En los personeros del gobierno federal, el uso de
la violencia descorre los velos de una realidad
subyacente: se sienten sitiados y están desesperados.
7) La gravedad de este asunto se acentúa si se toma en
cuenta que las acciones policiacas violentas y
abusivas fueron autorizadas por el propio Presidente
de la República.
Esta decisión del Presidente responde a un entorno
cultural del poder que mucho tiene de autoritario y
arbitrario y, por lo mismo, antidemocrático.
No en vano, Andrés Manuel López Obrador calificò estos
abusos violentos del poder como similares a los que se
cometieron durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Cabría señalar que no fue sólo ese Presidente de la
República quien reprimió con ferocidad a disidentes,
sino que sus predecesores y sus sucesores.
Entre estos últimos destacan por su triste celebridad
Luis Echeverría y Carlos Salinas, ambos represores sin
pudores y de la laya más brutal. Mataron a miles de
disidentes.
Echeverría logró notoriedad por haber dispuesto la
Matanza del Jueves de Corpus, además de haber
secuestrado, torturado y desaparecido a cientos de
jóvenes disidentes.
El señor Salinas asesinó durante su sexenio a unos 800
militantes del Frente Democrático Nacional y del PRD,
aunque hay indicios de que ese número de víctimas fue
de miles.
Esas instancias de represión fueron posibles por la
naturaleza secretiva del ejercicio del poder y porque
el pueblo de México no estaba organizado para la
resistencia.
Hoy es diferente. La represión desatada por el
gobierno que preside Vicente Fox podría encontrar
respuestas violentas, organizadas, del propio pueblo.
Son insoslayables los antecedentes de la represión
foxista, similares a las de sus antecesores del PRI:
Atenco, Michoacán, Guerrero, sindicalistas, indígenas,
etcétera.
La insensatez del Presidente Fox y su incontrolable
inclinación por el uso de la fuerza nos describen a un
autócrata enemigo de la democracia con delirios de
dictador.
Este mandatario le ha acercado el fuego a la yesca.
Esta puede arder en cualquier momento, empezando en la
capital misma de nuestro país. Ese es el verdadero peligro.
