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La tormenta sobre el maíz
Rogelio Ramírez de la O
28 de agosto de 2006

P arte del privilegio de apoyar con la coordinación del programa económico de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue atestiguar la ceguera de numerosos círculos de poder y de opinión frente a problemas nacionales y su rechazo sin bases analíticas a propuestas constructivas de política pública.

Aun analistas con experiencia insisten que nuestro programa económico no es viable; o bien que siendo el diagnóstico correcto, sus propuestas representan un viraje al pasado en lugar de ver hacia el futuro y las oportunidades de la globalización. Esta postura puede estar bien en la teoría, pero en la práctica los lleva a la parálisis frente a problemas concretos. Un ejemplo que va a ilustrar lo anterior es la inminente desgravación del maíz siguiendo los términos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).


Los criterios que se han utilizado en México para la política agropecuaria basados en modelos de comercio internacional libre de primera generación han exigido una fe ciega en el ajuste automático de la economía a la realidad de los precios externos. Según esto, si el maíz importado es más barato que el nuestro, entonces no hay que producirlo aquí. Se debe producir sólo aquello en lo que se es globalmente competitivo.


En la realidad países como Estados Unidos subsidian y protegen con tarifas y cuotas a sus productores agrícolas sin que nadie los acuse de vivir en el pasado. Tampoco se ha comprobado ningún ajuste automático en el empleo cuando se reducen las tarifas a la importación. La experiencia de los productores agrícolas mexicanos de la última década ha sido la pérdida de empleo. Por eso es de esperarse que la desgravación por venir cause una pérdida adicional en las regiones que aún siguen produciendo. Otra parte de la experiencia es que los trabajadores desplazados de la agricultura no han encontrado empleo en otras actividades. Por el contrario, otras actividades, como las manufacturas, también registran desocupación desde el año 2001. Esta pérdida de empleo generalizada en la agricultura desde principios de los años noventa y en las manufacturas desde 2001 no fue prevista por los modelos de libre comercio ni por los arquitectos del TLCAN.


Pero esa es la evidencia: la población económicamente activa en el sector agropecuario ha caído en más de 2 millones desde 1993. El empleo manufacturero cayó 16% entre 2001 y 2006. Esto, al tiempo que nuestras exportaciones no petroleras aumentaron de 45 mil a 190 mil millones de dólares entre 1993 y 2006.

Aunque no toda la pérdida de empleo obedeció al libre comercio como efecto directo, sí es claro que dicha pérdida está ligada con una estrategia de crecimiento según la cual hemos cerrado líneas de producción al abrir la economía a lo importado.


Un argumento frecuente, pero inocente, es que esto ha beneficiado al consumidor. En realidad el consumidor para consumir debe ser ante todo un productor; por ello recibe un salario: si su empleo se acaba, su salario también. Por esas razones no debe dejar de considerarse la solución de frenar la última etapa de desgravación prevista en el TLCAN. El gobierno ya ha rechazado cualquier posibilidad de hacerlo así, pero no aporta otra solución. Su enfoque hasta ahora ha sido excesivamente rígido: la pérdida de empleo es inevitable o bien es temporal. Inevitable cuando al hacernos una economía más eficiente dejamos de producir cosas que tienen menores costos en algún otro país del mundo. Temporal porque si seguimos por el mismo camino algún día, cuando ya seamos eficientes, el empleo crecerá en otras actividades. Y también es rígido porque se argumenta que si ya firmamos el TLCAN ahora no queda más que cumplirlo, pues intentar cambiarlo llevaría a nuestros socios a revisar renglones en los que a ellos no les fue tan bien como esperaban.


El problema esencial con estos argumentos es que no se ajustan a la realidad del comercio internacional. Primero, porque el comercio agrícola en especial ha estado sujeto a prácticas proteccionistas. Países emergentes que tienen bajos costos agrícolas, como Argentina y Brasil, no logran que Estados Unidos y Europa reduzcan sus barreras o sus subsidios para competir con un comercio libre. Así, el argumento de que cada país debe comprar lo que es más barato no se aplica a la realidad. Tampoco nos hemos hecho notoriamente más eficientes en el conjunto de la economía, pues del lugar número nueve por el valor de la producción mundial que teníamos en el mundo en 2000, hoy estamos en el 14.


Entre los ocho países más grandes de América Latina, hemos sido los que menor tasa de crecimiento registramos entre 2001 y 2006. Y luego el flujo de emigración ha pasado de 295 mil a finales de los 90 a 500 mil actualmente. Es entonces grave que tengamos frente a nosotros la última etapa de desgravación de maíz según el TLCAN y carezcamos de una estrategia económicamente eficiente para enfrentarla. Si suponemos que los empleos que se perderán serán un poco más de lo que ya hemos sufrido en la última década y que por ello no es algo que nos debe quitar el sueño, estaremos minimizando el problema de la emigración a las ciudades y a la frontera norte. Si suponemos que los solucionamos con aumentos en los programas sociales, estaremos escogiendo una vía económicamente muy ineficiente para un asunto que se puede arreglar de entrada sólo manteniendo la tarifa de importación en donde hoy está.


En efecto, el ritmo de desgravación que comprometimos en el TLCAN implica que cada año debemos reducir la tarifa a la importación en 50%. Hoy la tarifa es de 36%, por lo que la desgravación a partir de enero de 2007 será a 18%. Si bien con una tarifa actual podíamos todavía mantener a un sector importante de productores mexicanos, con la tarifa de 18% ya no será posible hacerlo.


Hay que tomar en cuenta que EU nos vende alrededor de 6 millones de toneladas de maíz, pero hoy tienen inventarios altísimos de 32 millones. Siendo el más grande productor y exportador de maíz en el mundo, que nadie se sorprenda cuando inunden nuestro mercado.