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Integrantes del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal Preventiva resguardan el Congreso horas antes del último Informe de gobierno de Vicente Fox. Nadie puede caminar sin autorización en el perímetro del recinto ni en las calles que lo circundan, pues están cerradas por vallas metálicas. El titular del GDF, Alejandro Encinas; el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, y el constitucionalista Clemente Valdez coincidieron en afirmar que el cerco vulnera las garantías ciudadanas de tránsito
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Jueves 31 de agosto de 2006


Violenta el derecho al libre tránsito, coinciden Encinas, Alvarez Icaza y Clemente Valdez
El cerco en San Lázaro, virtual estado de sitio que cancela garantías ciudadanas
La decisión no se ha sustentado en ninguna base legal y vulnera garantías vecinales, dicen

ANGEL BOLAÑOS, AGUSTIN SALGADO Y JESUS ARANDA

El cerco establecido por el Estado Mayor Presidencial (EMP) y la Policía Federal Preventiva (PFP) en las inmediaciones del Congreso de la Unión, con motivo del sexto Informe presidencial, cancela las garantías de los ciudadanos, violenta el derecho al libre tránsito de los vecinos del recinto legislativo y aplica en aquella zona ''algo muy parecido a un estado de sitio''.

En esto coinciden el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, y el constitucionalista Clemente Valdez, quienes señalan que el cerco policiaco-militar alrededor de San Lázaro vulnera las garantías de los habitantes de esa zona con el solo hecho de pedir a las personas que se identifiquen y comprueben que son vecinos del lugar para permitirles el paso.

Encinas consideró que las autoridades federales deben atender el reclamo de los vecinos para flexibilizar el paso a sus domicilios, sobre todo cuando ha habido quejas de estos mismos en las que refieren inclusive enfrentamientos con efectivos de ambas corporaciones.

La visión del presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, no es diferente, pues asegura que se violenta el derecho al libre tránsito de los vecinos del recinto legislativo. ''Este cerco ha generado ya afectaciones; no es de mi competencia, pero sí es de mi preocupación''.

El ombudsman capitalino, quien en diversas ocasiones se ha pronunciado para que los simpatizantes de la coalición Por el Bien de Todos liberen el corredor Reforma-Zócalo, por primera vez reconoció que la presencia de elementos de la Policía Federal Preventiva y del Estado Mayor Presidencial violenta el derecho al libre tránsito y la calificó de poco positiva.
''Me parece que no es pertinente, no es conveniente que una democracia se blinde, que las instituciones legislativas se blinden. Que den un mensaje de sitio, un mensaje de tanquetas. Yo francamente no lo veo positivo, no me da tranquilidad y no me gusta'', sentenció.

Entrevistado al término del foro Balance y prospectiva: relación de la CDHDF y organizaciones de la sociedad civil, el ex integrante de Alianza Cívica estableció que si bien la actuación tanto de la PFP como del EMP no es de su competencia, por tratarse de autoridades federales, sí es necesario hacer un exhorto a la administración de Vicente Fox para que mande una señal que ayude a distender el conflicto poselectoral.

Para el constitucionalista Clemente Valdez, en la zona que rodea el Palacio Legislativo de San Lázaro ocurre una ''evidente violación a la libertad de tránsito'' por parte de policías y militares encargados de la seguridad en ese lugar.

Es indispensable, apuntó, que las autoridades federales expliquen oficialmente las razones por las que están aplicando en aquella zona ''algo muy parecido a un estado de sitio''.

En entrevista con este diario, Valdez agregó que no hay tampoco justificación para que el presidente de la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Jorge Zermeño, haya confirmado la petición al gobierno federal de que resguarde el inmueble; en todo caso, subrayó, es el pleno de legisladores el que tendría que adoptar una decisión al respecto.

Habría que plantear la exigencia ''a los empleados federales, a los que les pagamos para que aseguren nuestros derechos fundamentales'', para que nos explicaran las razones para aplicar un operativo que injustificadamente genera molestias a quienes desean transitar por la zona, dijo.

''No se ha sustentado en ninguna base legal esa decisión tomada supuestamente para impedir que alguien se acerque al Palacio Legislativo''.

La ciudadanía exige una ''mínima explicación'' de las razones por las cuales se ordenó el operativo y sobre la forma como éste se lleva a cabo, insistió.

En todo caso, apuntó, cuando se pidió en primera instancia el apoyo de las fuerzas federales para evitar que simpatizantes de López Obrador se instalaran a las afueras de la Cámara, ello fue motivado por una supuesta emergencia. Sin embargo, pasaron los días y el cerco policiaco y militar continúa sin que el pleno se pronuncie sobre ese tema.
http://www.jornada.unam.mx/2006/08/31/index.php#