Tuesday, August 15, 2006
Proceso, por la legitimidad
Daniel Lizárraga y Jesús Esquivel
La solicitud de Proceso tramitada ante el Instituto Federal Electoral (IFE) para tener acceso a los votos para presidente de la República podría implicar que las boletas no puedan quemarse hasta dentro de dos años, según se desprende de los Lineamientos Generales para la Organización y Clasificación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, emitidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Y aunque las resoluciones del IFE en materia de rendición de cuentas no pueden impugnarse ante el IFAI, el Consejo General, encabezado por Luis Carlos Ugalde, sí está obligado a acatar la Ley Federal de Transparencia y comprometido a incorporar a su reglamento interno las disposiciones emanadas del IFAI.
En decenas de amparos tramitados por diversas instancias del gobierno del presidente Fox contra la apertura de archivos ordenada por el IFAI, los magistrados y los jueces federales han fortalecido a los comisionados -ahora encabezados por Alonso Lujambio- como la máxima autoridad sobre la materia.
Ante el tenso clima poselectoral, el pasado viernes 28 de julio este semanario solicitó formalmente al IFE copias de la documentación elaborada por sus funcionarios y acceso a todas las boletas.
Con base en la Ley Federal de Transparencia, Proceso presentó tres escritos firmados por su director, Rafael Rodríguez Castañeda, en los cuales subrayó que la entrega de los sobres que contienen todos los sufragios -válidos y nulos- sería a partir del momento en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desahogue la última de las impugnaciones y emita su dictamen.
Durante esta semana, Proceso solicitó una entrevista con cualquiera de los comisionados del IFAI para que fijara una postura sobre esta inédita petición de acceso a información pública, en este caso a documentos oficiales como las boletas electorales utilizadas para elegir al presidente de la República.
Ninguno de los comisionados aceptó la entrevista. Sin embargo, el comisionado presidente, Alonso Lujambio, sí expresó algunos comentarios al respecto durante una charla con la periodista Carmen Aristegui, en el noticiario radiofónico transmitido por W Radio.
En esa entrevista, Lujambio dijo que el IFAI será muy respetuoso de las decisiones que pudieran tomar el IFE y, en caso de una apelación, el Tribunal Electoral, respetando siempre la autonomía constitucional de la que gozan.
"Y lo que sin duda tendrán que hacer estas dos instancias será armonizar las disposiciones contenidas en el Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) y las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia. De modo que me mantendré, nos mantendremos los comisionados, respetuosos de esa autonomía, y esperamos que la decisión sea la mejor para México", enfatizó.
Sin embargo, Lujambio no especificó que el Cofipe regula el proceso electoral y la Ley Federal de Transparencia establece las reglas para el acceso a documentos en posesión del Estado, como serían en este caso las boletas electorales.
Desde la perspectiva de Proceso, no hay contradicción entre el procedimiento de calificación de la elección presidencial y el acceso público a las boletas correspondientes.
El nuevo responsable del IFAI tampoco habló en dicha entrevista de los lineamientos en materia de archivos, en los cuales se especifica que todo documento solicitado por los ciudadanos al Estado debe conservarse por dos años más a la conclusión de su utilidad; lo que impediría quemar las boletas como tradicionalmente sucede después de todos los comicios.
El numeral 18 de dichos lineamientos dice que "aquellos documentos que hayan sido objeto de solicitudes de acceso a la información se conservarán por dos años más a la conclusión de su vigencia documental".
Como primer punto de contacto, Proceso puso a disposición de los ciudadanos mexicanos que deseen colaborar en este proyecto de recuento de boletas un espacio en su página de internet (www.proceso.com.mx), donde pueden dejar sus datos personales para, posteriormente, organizar las tareas. Hasta la media noche del viernes 11 de agosto, había ya 9 mil 600 personas registradas.
El caso Florida
En Washington, Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia declaró al republicano George W. Bush ganador de la elección presidencial del 7 de noviembre de 2000 sobre el demócrata Albert Gore, por una diferencia de tan sólo 567 votos.
La sombra de ilegitimidad que fallo sobre la presidencia de Estados Unidos provocó que un consorcio de ocho medios de comunicación solicitara el recuento de los votos emitidos en el estado de Florida, entidad donde se registraron irregularidades.
Para hacer el recuento, dichos medios contrataron los servicios del Centro Nacional de Investigaciones de Opinión (NORC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Chicago, que con 153 personas -abogados, investigadores, especialistas en materia electoral y técnicos- revisaron 99% de los 6 millones 139 mil 120 votos emitidos en los 67 condados de la entidad.
La revisión, permitida y autorizada a los medios de comunicación por el Colegio Electoral y el Sistema Electoral, determinó que por una diferencia de 493 votos Bush ganó los 25 votos del Colegio Electoral de Florida y, por lo tanto, era legítimamente presidente constitucional de Estados Unidos.
Este recuento se inició el 5 de febrero y concluyó el 30 de mayo de 2001, según el informe de NORC y el que los ocho medios de comunicación involucrados difundieron el miércoles 12 de noviembre de ese año, un día después de los ataques terroristas a Nueva York, Washington y Pensilvania.
"Fue un proceso muy delicado, difícil, pero muy ilustrativo; básicamente lo que descubrimos fue que no se habían contado 7 mil 811 votos, que no fueron suficientes para hacer una diferencia sobre el resultado oficial del ganador de las elecciones", dijo a Proceso un funcionario del NORC que solicitó el anonimato por razones legales, debido al acuerdo firmado con los ocho medios de comunicación que contrataron a la institución.
El consorcio, que estuvo integrado por la agencia noticiosa Associated Press, la cadena de televisión CNN; los diarios The New York Times, The Wall Street Journal, St. Petersburg Times, The Palm Beach Post, The Washington Post y la empresa Chicago Company (dueña de los periódicos Los Angeles Times, Chicago Tribune, Orlando Sentinel y Baltimore Sun), quería demostrar al publico estadunidense que su labor no es sólo informar, sino también defender la democracia mediante la comprobación de la legitimidad de un gobierno más allá de los resultados oficiales determinados por las instituciones y autoridades electorales. ?
La solicitud de Proceso tramitada ante el Instituto Federal Electoral (IFE) para tener acceso a los votos para presidente de la República podría implicar que las boletas no puedan quemarse hasta dentro de dos años, según se desprende de los Lineamientos Generales para la Organización y Clasificación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, emitidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Y aunque las resoluciones del IFE en materia de rendición de cuentas no pueden impugnarse ante el IFAI, el Consejo General, encabezado por Luis Carlos Ugalde, sí está obligado a acatar la Ley Federal de Transparencia y comprometido a incorporar a su reglamento interno las disposiciones emanadas del IFAI.
En decenas de amparos tramitados por diversas instancias del gobierno del presidente Fox contra la apertura de archivos ordenada por el IFAI, los magistrados y los jueces federales han fortalecido a los comisionados -ahora encabezados por Alonso Lujambio- como la máxima autoridad sobre la materia.
Ante el tenso clima poselectoral, el pasado viernes 28 de julio este semanario solicitó formalmente al IFE copias de la documentación elaborada por sus funcionarios y acceso a todas las boletas.
Con base en la Ley Federal de Transparencia, Proceso presentó tres escritos firmados por su director, Rafael Rodríguez Castañeda, en los cuales subrayó que la entrega de los sobres que contienen todos los sufragios -válidos y nulos- sería a partir del momento en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desahogue la última de las impugnaciones y emita su dictamen.
Durante esta semana, Proceso solicitó una entrevista con cualquiera de los comisionados del IFAI para que fijara una postura sobre esta inédita petición de acceso a información pública, en este caso a documentos oficiales como las boletas electorales utilizadas para elegir al presidente de la República.
Ninguno de los comisionados aceptó la entrevista. Sin embargo, el comisionado presidente, Alonso Lujambio, sí expresó algunos comentarios al respecto durante una charla con la periodista Carmen Aristegui, en el noticiario radiofónico transmitido por W Radio.
En esa entrevista, Lujambio dijo que el IFAI será muy respetuoso de las decisiones que pudieran tomar el IFE y, en caso de una apelación, el Tribunal Electoral, respetando siempre la autonomía constitucional de la que gozan.
"Y lo que sin duda tendrán que hacer estas dos instancias será armonizar las disposiciones contenidas en el Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) y las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia. De modo que me mantendré, nos mantendremos los comisionados, respetuosos de esa autonomía, y esperamos que la decisión sea la mejor para México", enfatizó.
Sin embargo, Lujambio no especificó que el Cofipe regula el proceso electoral y la Ley Federal de Transparencia establece las reglas para el acceso a documentos en posesión del Estado, como serían en este caso las boletas electorales.
Desde la perspectiva de Proceso, no hay contradicción entre el procedimiento de calificación de la elección presidencial y el acceso público a las boletas correspondientes.
El nuevo responsable del IFAI tampoco habló en dicha entrevista de los lineamientos en materia de archivos, en los cuales se especifica que todo documento solicitado por los ciudadanos al Estado debe conservarse por dos años más a la conclusión de su utilidad; lo que impediría quemar las boletas como tradicionalmente sucede después de todos los comicios.
El numeral 18 de dichos lineamientos dice que "aquellos documentos que hayan sido objeto de solicitudes de acceso a la información se conservarán por dos años más a la conclusión de su vigencia documental".
Como primer punto de contacto, Proceso puso a disposición de los ciudadanos mexicanos que deseen colaborar en este proyecto de recuento de boletas un espacio en su página de internet (www.proceso.com.mx), donde pueden dejar sus datos personales para, posteriormente, organizar las tareas. Hasta la media noche del viernes 11 de agosto, había ya 9 mil 600 personas registradas.
El caso Florida
En Washington, Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia declaró al republicano George W. Bush ganador de la elección presidencial del 7 de noviembre de 2000 sobre el demócrata Albert Gore, por una diferencia de tan sólo 567 votos.
La sombra de ilegitimidad que fallo sobre la presidencia de Estados Unidos provocó que un consorcio de ocho medios de comunicación solicitara el recuento de los votos emitidos en el estado de Florida, entidad donde se registraron irregularidades.
Para hacer el recuento, dichos medios contrataron los servicios del Centro Nacional de Investigaciones de Opinión (NORC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Chicago, que con 153 personas -abogados, investigadores, especialistas en materia electoral y técnicos- revisaron 99% de los 6 millones 139 mil 120 votos emitidos en los 67 condados de la entidad.
La revisión, permitida y autorizada a los medios de comunicación por el Colegio Electoral y el Sistema Electoral, determinó que por una diferencia de 493 votos Bush ganó los 25 votos del Colegio Electoral de Florida y, por lo tanto, era legítimamente presidente constitucional de Estados Unidos.
Este recuento se inició el 5 de febrero y concluyó el 30 de mayo de 2001, según el informe de NORC y el que los ocho medios de comunicación involucrados difundieron el miércoles 12 de noviembre de ese año, un día después de los ataques terroristas a Nueva York, Washington y Pensilvania.
"Fue un proceso muy delicado, difícil, pero muy ilustrativo; básicamente lo que descubrimos fue que no se habían contado 7 mil 811 votos, que no fueron suficientes para hacer una diferencia sobre el resultado oficial del ganador de las elecciones", dijo a Proceso un funcionario del NORC que solicitó el anonimato por razones legales, debido al acuerdo firmado con los ocho medios de comunicación que contrataron a la institución.
El consorcio, que estuvo integrado por la agencia noticiosa Associated Press, la cadena de televisión CNN; los diarios The New York Times, The Wall Street Journal, St. Petersburg Times, The Palm Beach Post, The Washington Post y la empresa Chicago Company (dueña de los periódicos Los Angeles Times, Chicago Tribune, Orlando Sentinel y Baltimore Sun), quería demostrar al publico estadunidense que su labor no es sólo informar, sino también defender la democracia mediante la comprobación de la legitimidad de un gobierno más allá de los resultados oficiales determinados por las instituciones y autoridades electorales. ?
