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"Sin fe en la vía jurídica",AMLO va por otra querella

Lanzará el PRD ofensiva legal basada en el video.

Álvaro Arceo Corcuera, ex subprocurador del Distrito Federal y asesor de Andrés Manuel López Obrador, advirtió que éste cada vez tiene “menos fe” en seguir el proceso poselectoral por la vía jurídica a través del periódico Tribuna, propiedad de su familia y con cobertura en Campeche y Yucatán.

Indicó que luego de hablar con López Obrador, éste le confió que honradamente “quisiera que las cosas fueran por un camino más civil, porque era una situación muy simple, pero cada vez menos probable: que cuenten voto por voto y fin al problema. Además es lamentable, porque al resultado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a haber quien lo crea y quien no, y eso nos seguirá dividiendo". A Andrés Manuel le quedan dos vías: una, seguir por la jurídica, a la que cada vez le tiene menos fe y la política, con manifestaciones, que también tienen resultados negativos, reconoció el asesor del ex jefe de gobierno del Distrito Federal. “Tenemos a San Lázaro rodeado de tanquetas para que no molesten al Presidente, quien por mandato constitucional rendirá su Informe; en este sentido hay dos caminos: uno negociar, o no sabemos lo que vaya a ocurrir, pero vemos venir que van a arrojar chorros de agua, gases lacrimógenos, etcétera, porque el ambiente suena a tambores de guerra y aroma a sangre y fuego que a nadie tranquiliza, sobre todo porque Andrés Manuel dice que aguantará años”, apuntó.

Anticipó que el equipo de abogados de López Obrador ya redacta un planteamiento formal para que Mariano Azuela Güitrón, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se excuse de llevar el caso del conflicto electoral, cuando toque el turno de llegar a esa instancia, una vez que concluya la actuación del Tribunal.

“El resultado de la elección aún no lo conocemos. Conocemos los resultados matemáticos y los errores aritméticos, no la calificación de la elección y en el momento en que el Tribunal ordenó la reapertura de los paquetes está diciendo, sin decirlo, que tiene dudas sobre el proceso y con ello falta uno de los principios constitucionales rectores en cualquier elección. Sin embargo, no hay prudencia del Tribunal, pues el presidente de la Corte desacreditó el artículo 97 constitucional. La Suprema Corte es la máxima autoridad e intérprete de la Constitución, y si esta interpretación es que tiene párrafos obsoletos, anacrónicos y está redactada con los pies, ¿entonces quién es el que está interpretando la Constitución en el país? Es verdaderamente asombroso”, indicó.

Dijo que no es posible confiar en una autoridad que cuando llega la parte afectada a presentar su intervención, ya resolvió. “Su opinión violó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y lo menos que debería hacer ahora es excusarse del asunto, porque se niega a todo y el combatiente, en este caso López Obrador, se siente solo y entonces pueden pasar cosas no buenas”, advirtió.

Álvaro Arceo Corcuera destacó también que parte del panorama de belicosidad se genera a través del acercamiento entre el PAN y el PRI y se refirió a la reunión de Felipe Calderón con los gobernadores priistas de la zona sureste, como en los casos de Tabasco, Campeche y Quintana Roo, lo que calificó de “encuentro apresurado”.

Lanzará el PRD ofensiva legal basada en el video

La coalición Por el Bien de Todos trabaja a marchas forzadas para tener lista la argumen-tación jurídica que presentará hoy ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, basada en el nuevo video de Carlos Ahumada, con el que intenta demostrar que hubo una operación de Estado contra Andrés Manuel López Obrador.

La intención es vincular las acusaciones que hicieron en la impugnación madre, del distrito 15 capitalino, con las afirmaciones de Ahumada en el sentido de que había que parar de cualquier forma a López Obrador en su carrera por la Presidencia.

También busca que los magistrados vean en ese video indicios de la falta de igualdad que los perredistas reclaman, para que determinen que estos hechos, como asevera Ahumada en la grabación, tuvieron un fin político de cara a los comicios de 2006.

Y es que una de las piedras angulares de la denuncia de la coalición ante el TEPJF es la supuesta desigualdad en la elección presidencial y la intromisión del gobierno federal en el proceso para perjudicar la candidatura del tabasqueño.

Por eso la coalición trabaja en el escrito que acompañará al video como prueba, de manera que pueda vincularse con los argumentos que ya esgrimió en las impugnaciones que presentó desde julio y que son analizadas en el TEPJF.

Y además de presentar el video del presunto interrogatorio del empresario en Cuba, “y otras evidencias”, como pruebas "supervenientes" ante el TEPJF, la coalición estudia la posibilidad de presentar una denuncia penal contra el presidente Vicente Fox, el ex secretario de Gobernación Santiago Creel, el ex procurador general de la República Rafael Macedo y el senador Diego Fernández de Cevallos.

Los delitos, en principio considerados, son “asociación delictuosa de funcionarios públicos y tráfico de influencias”, entre otros, derivados del propio contenido del video, adelantó Jesús Ortega, integrante de la coalición.

Pidió que todas las grabaciones, que se supone se tienen sobre Ahumada, dentro y fuera del país, sean dadas a conocer, incluidas las de la Procuraduría General de la República, tomadas durante el proceso seguido al empresario.

Señaló que a pesar de que se agota el tiempo para que el Tribunal califique la elección presidencial, “insistimos que esto demuestra que hubo una trama, una conjura, que es parte de las irregularidades durante el proceso electoral, en la campaña y durante la jornada, que el TEPJF debiera tomar en cuenta para sus determinaciones”.

Ortega expuso que una vez conocidas las reacciones de los diferentes involucrados en el video de Ahumada, en el caso del senador Fernández de Cevallos “confirman que él sí se hizo cómplice de esta asociación delictuosa, no sólo para detener a López Obrador en su campaña, sino en esta delincuencia organizada para violar leyes del país y socavar la soberanía popular”.

Dijo que al haber atacado en particular las leyes electorales, con otros funcionarios federales, Fernández de Cevallos “debiera ser sujeto a un proceso de investigación penal, por violaciones graves a leyes y a la propia Constitución”.

Acusó al presidente Fox de participar en actos para evitar, a toda costa, “incluyendo la violación a la Constitución, que López Obrador fuera candidato y que ganara la Presidencia, como la ganó. El Presidente es cómplice de este hecho lamentable para la vida pública y política del país”.

De Santiago Creel, dijo que también participó en el ataque contra el tabasqueño y contra el sistema legal, “escudado desde Gobernación; no debería tomar posesión, por elemental dignidad, de su cargo como senador”.

Y deploró que la titular de la Fepade, María de los Ángeles Fromow, una vez más rechace “a priori” una posible evidencia de delitos electorales, como el video.