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Álvaro delgado


México, D.F., 4 de septiembre (apro).- No hay que engañarse ni pretender hacer de la Constitución un manual de buenos modales: México se encuentra en una severa crisis política que avanza aceleradamente hacia una constitucional y, de no conjurarse, degenerará en violencia.

Lo ocurrido el viernes, en la sesión de Congreso General, es una pálida manifestación de esta profunda crisis que se viene gestando por años y que, por una parte, puso fin a un rito más monárquico que republicano y, por la otra, catalizó la descomposición que ya alcanza al tejido social.

Cuando además de una muralla de acero, custodiada en miles por tropas del Ejército y de las policías, se dispone de francotiradores decididos a liquidar a quienes se identifica como enemigos, una especie de invasores, ya no cabe la racionalidad.

Desde el poder formal es nítida la disposición a matar y a justificar las muertes que sean necesarias. De otro modo no se explica para qué fueron emplazados un número amplio de soldados, provistos de fuerte armamento equipado con mira telescópica, en las azoteas de edificios que se levantan frente a la Cámara de Diputados.

Si este 1 de septiembre las bancadas perredista y petista dieron sustento a la toma de tribuna --que hizo a Vicente Fox refugiarse otra vez en la cadena nacional de radio y televisión-- en la suspensión “de facto” de garantías constitucionales en esa zona de la ciudad, para el 1 de diciembre, en la siguiente sesión de Congreso General, es previsible que ese argumento sea absolutamente desconocido por quien, alegando también validez constitucional, asuma la jefatura del Ejecutivo, Felipe Calderón.

Ya lo anticiparon, primero Fox mediante su vocero, Rubén Aguilar, también Calderón a través de su allegado Germán Martínez, y el propio presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño, quien deberá publicar el bando respectivo: Que no quepa duda, habrá traspaso en la titularidad del Poder Ejecutivo. Y será, advierten, “a como dé lugar”.

El sustento de tal acción, normal en circunstancias rutinarias, es la declaración de validez de las elecciones presidenciales y el cómputo final que acredita la mayoría de votos para Calderón, pero las abundantes pruebas de ilegalidades en el proceso electoral, las anómalas conductas del Instituto Federal Electoral (IFE) y la opacidad, por decir lo menos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), alientan la idea de que se ungirá a un presidente espurio.

Sé que, como en otras ocasiones, habrá quien me replique con el argumento de que “la ley es la ley” y que la decisión del TEPJF hace de Calderón un sucesor de Fox legítimo, y que esto debe ser acatado por quienes se sienten ultrajados por las conductas parciales de las autoridades que han quedado impunes.

Sé que quien viola o desacata una ley debe ser castigado y que un principio de derecho es que la ignorancia de la ley no disculpa su acatamiento, pero no nos engañemos: En un país en que la autoridad encargada de aplicar la ley es la primera que la viola, en una descarada simulación, muchos no tienen nada que perder, aun a contrapelo de sus dirigentes.

La Constitución ordena, en su artículo 87, que el 1 de diciembre el nuevo presidente de la República tome posesión, en sesión solemne de Congreso General, pero también es probable que no lo haga, y entonces detonará la crisis constitucional que sumará a la política y a la social.

¿Jorge Zermeño ordenará que otros 8 mil o más soldados y policías suspendan otra vez las garantías constitucionales en un sector amplio de la ciudad, incluyendo a francotiradores frente a la Cámara de Diputados dispuestos a disparar? ¿Habrá de introducir al recinto parlamentario también a las tropas para que sometan a los legisladores de oposición? ¿O serán los propios legisladores panistas los que sometan a sus pares? ¿Procederán a desaforar a todos los que se opongan y, de proceder, serán encarcelados?

Y fuera del recinto, llegado el caso, ¿se contendrá una multitud y se ordenará al Ejército disparar contra ellos o sus dirigentes? ¿O se tomarán presos y se hincharán las cárceles para tantos miles? Sin duda esto es posible y quienes hablan de legalidad a secas es lo que están proponiendo.

¿Esto resolverá el problema? No. Los mexicanos tenemos un problema serio y no basta con invocar la ley a secas. Así, como han sucedido las cosas, no. Esto sólo aceleraría una confrontación entre mexicanos, como ha ocurrido en otras etapas de la nación. Y eso lo sabe, sobre todo, Felipe Calderón. Habrá que ver si está dispuesto a pagar los costos.

Apuntes

Tres cosas nada más. Una, que tiene que ver con la legalidad: La Ley Orgánica del Congreso ordena que la primera fuerza en la Cámara de Diputados ocupe la presidencia de su órgano de gobierno, la Junta de Coordinación Política, y que la segunda ocupe la presidencia de la Mesa Directiva. Pues no: En abierta violación a ese precepto, el PAN se hizo cargo de la segunda y cedió a la tercera fuerza, el PRI, sin tener ningún derecho. Ya después se arreglará con una reforma con dedicatoria. Dos: ¿Qué no era patrimonio del PRI la abyección del Legislativo al Ejecutivo? ¿Qué no el PAN proclamó desde su origen la división y el equilibrio de poderes? Entonces, ¿qué fue a hacer Zermeño a entrevistarse con Fox el jueves, un día antes de la ceremonia para la entrega del último informe de gobierno y fue atendido como “un servicio” supuestamente por Rubén Aguilar? Y Tres: Dice el cardenal Norberto Rivera Carrera, y dice bien, que los auténticos católicos --y quienes son hombres de fe, digo yo-- no promueven el odio y la violencia: “Nadie que se declare católico puede actuar movido por el odio; a nadie le es lícito ofender, amenazar, intimidar, golpear o, peor aún, asesinar en nombre de Dios.” Ojalá el jerarca de la iglesia mayoritaria sea atendido, “sin reservas de ninguna especie”, por los juramentados de El Yunque y, claro, de los Tecos.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx