Saturday, September 02, 2006
Nulidad abstracta
Jesús González Schmal
02 de septiembre de 2006
En el orden procesal lógico-jurídico, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó la etapa de desahogo de los recursos interpuestos contra la validez de la elección en las casillas y en las computadoras, respecto de los distritos. Múltiples fueron las irregularidades, boletas de más o de menos, paquetes violados, errores involuntarios o intencionales... La revisión de las causas explícitas de nulidad alcanzó magros resultados entre la rigidez del Tribunal, para exigir más de lo debido a los impugnadores (que no cuentan ni con el tiempo ni con la destreza jurídica para formular sus inconformidades), dando pretexto así al TEPJF para desechar esta vía, no sin tener que cargar con la responsabilidad de haber ignorado la demanda popular del recuento de casilla por casilla y voto por voto.
No obstante, y como bien lo señalan los acuerdos internacionales de derechos políticos firmados por México, la sutil forma de burlar la justicia electoral exigiendo a los partidos y a sus representantes de casilla, dotes extraordinarias de defensores electorales para cumplir todos los requisitos formales, y buscar las deficiencias de éstos, para rechazar sus impugnaciones, es una forma siniestra de antidemocracia institucional que no puede corresponder a la era de los derechos humanos en el mundo. Por ello, es obvio y así lo había entendido el TEPJF en la jurisprudencia emitida, deben estudiarse inequívocamente las llamadas causas de nulidad abstracta o genérica que viciaron las elecciones en su conjunto y en su contexto.
Partiendo del principio jurídico de que nadie debe valerse de un ilícito para su beneficio, es obvio que quien causó el desorden e incumplimiento de la ley con la injerencia del aparato del poder del gobierno a favor de un candidato, lo fue precisamente Vicente Fox y su candidato panista Felipe Calderón con lo que, añadido a la lenidad del IFE para detener esa invasión se configura así, la causalidad de nulidad que ahora corresponde dilucidar a los magistrados responsables de decir el derecho.
Por lo mismo declarar si en el México del mañana cualquier presidente o gobernador podrá impunemente intervenir con todos los recursos económicos de propaganda y coerción en la campaña y en la elección, a favor de un candidato, o si tales comportamientos tienen que ser sancionados invalidando la elección para que no vuelva a repetirse y el país pueda aspirar a una verdadera justicia electoral democrática.
Se ha dicho repetidamente cómo, la intervención de Fox desde el desafuero, pasando por las agresiones verbales al candidato de la oposición y el auspicio de la campaña negra contra el mismo, con la complicidad de Elba Esther Gordillo; todo ello en cualquier país del mundo civilizado hubiera dado lugar hasta la caída del Presidente, pero en México no provocó más que la tardía decisión del IFE prohibiendo la propaganda tendenciosa y la publicidad engañosa. Es pues ahora ocasión única y privilegiada para que el TEPJF reivindique el derecho soberano del pueblo para que una elección celebrada con ese cúmulo de vicios tenga que ser repuesta, como ocurriría con cualquier procedimiento judicial que adoleciera de irregularidades trascendentes.
A quienes piensan que anular una elección sería crear una situación crítica, les tendríamos que contestar que mucho más grave sería condescender con la burla y el fraude tratando de imponer un gobierno ilegítimo que no podrá gobernar. La ingobernabilidad no es de generación espontánea, procede de la falta de autoridad ética y democrática y de la estulticia de creer que el pueblo olvida las afrentas con la propaganda abrumadora a favor de la paz y el orden de los sepulcros.
Este último informe presidencial podría denominarse ¡Fuera máscaras! Fox empezó con una ofensa al Congreso cuando tomó la protesta rompiendo el orden y solemnidad de la ceremonia en la que introdujo frivolidades que lo acompañarían después en todo el trayecto. Hoy termina también, creyendo que el Congreso está a su disposición, sólo que ahora tuvo que hacerlo al amparo de las Fuerzas Armadas y contra la mínima disposición de escucharlo.
Debemos aprender de Oaxaca. Allá se consumó una imposición de Ulises Ruiz con un procedimiento electoral repleto de acarreos, represiones y manipulaciones. Hoy la ingobernabilidad sabemos que tiene un origen: un pueblo ofendido por la farsa electoral. La causa de nulidad abstracta es el mejor servicio a la democracia en este trance nacional. Los siete magistrados tendrán que anteponer los intereses de la patria a los suyos particulares.
Diputado federal (Convergencia)
02 de septiembre de 2006
En el orden procesal lógico-jurídico, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó la etapa de desahogo de los recursos interpuestos contra la validez de la elección en las casillas y en las computadoras, respecto de los distritos. Múltiples fueron las irregularidades, boletas de más o de menos, paquetes violados, errores involuntarios o intencionales... La revisión de las causas explícitas de nulidad alcanzó magros resultados entre la rigidez del Tribunal, para exigir más de lo debido a los impugnadores (que no cuentan ni con el tiempo ni con la destreza jurídica para formular sus inconformidades), dando pretexto así al TEPJF para desechar esta vía, no sin tener que cargar con la responsabilidad de haber ignorado la demanda popular del recuento de casilla por casilla y voto por voto.
No obstante, y como bien lo señalan los acuerdos internacionales de derechos políticos firmados por México, la sutil forma de burlar la justicia electoral exigiendo a los partidos y a sus representantes de casilla, dotes extraordinarias de defensores electorales para cumplir todos los requisitos formales, y buscar las deficiencias de éstos, para rechazar sus impugnaciones, es una forma siniestra de antidemocracia institucional que no puede corresponder a la era de los derechos humanos en el mundo. Por ello, es obvio y así lo había entendido el TEPJF en la jurisprudencia emitida, deben estudiarse inequívocamente las llamadas causas de nulidad abstracta o genérica que viciaron las elecciones en su conjunto y en su contexto.
Partiendo del principio jurídico de que nadie debe valerse de un ilícito para su beneficio, es obvio que quien causó el desorden e incumplimiento de la ley con la injerencia del aparato del poder del gobierno a favor de un candidato, lo fue precisamente Vicente Fox y su candidato panista Felipe Calderón con lo que, añadido a la lenidad del IFE para detener esa invasión se configura así, la causalidad de nulidad que ahora corresponde dilucidar a los magistrados responsables de decir el derecho.
Por lo mismo declarar si en el México del mañana cualquier presidente o gobernador podrá impunemente intervenir con todos los recursos económicos de propaganda y coerción en la campaña y en la elección, a favor de un candidato, o si tales comportamientos tienen que ser sancionados invalidando la elección para que no vuelva a repetirse y el país pueda aspirar a una verdadera justicia electoral democrática.
Se ha dicho repetidamente cómo, la intervención de Fox desde el desafuero, pasando por las agresiones verbales al candidato de la oposición y el auspicio de la campaña negra contra el mismo, con la complicidad de Elba Esther Gordillo; todo ello en cualquier país del mundo civilizado hubiera dado lugar hasta la caída del Presidente, pero en México no provocó más que la tardía decisión del IFE prohibiendo la propaganda tendenciosa y la publicidad engañosa. Es pues ahora ocasión única y privilegiada para que el TEPJF reivindique el derecho soberano del pueblo para que una elección celebrada con ese cúmulo de vicios tenga que ser repuesta, como ocurriría con cualquier procedimiento judicial que adoleciera de irregularidades trascendentes.
A quienes piensan que anular una elección sería crear una situación crítica, les tendríamos que contestar que mucho más grave sería condescender con la burla y el fraude tratando de imponer un gobierno ilegítimo que no podrá gobernar. La ingobernabilidad no es de generación espontánea, procede de la falta de autoridad ética y democrática y de la estulticia de creer que el pueblo olvida las afrentas con la propaganda abrumadora a favor de la paz y el orden de los sepulcros.
Este último informe presidencial podría denominarse ¡Fuera máscaras! Fox empezó con una ofensa al Congreso cuando tomó la protesta rompiendo el orden y solemnidad de la ceremonia en la que introdujo frivolidades que lo acompañarían después en todo el trayecto. Hoy termina también, creyendo que el Congreso está a su disposición, sólo que ahora tuvo que hacerlo al amparo de las Fuerzas Armadas y contra la mínima disposición de escucharlo.
Debemos aprender de Oaxaca. Allá se consumó una imposición de Ulises Ruiz con un procedimiento electoral repleto de acarreos, represiones y manipulaciones. Hoy la ingobernabilidad sabemos que tiene un origen: un pueblo ofendido por la farsa electoral. La causa de nulidad abstracta es el mejor servicio a la democracia en este trance nacional. Los siete magistrados tendrán que anteponer los intereses de la patria a los suyos particulares.
Diputado federal (Convergencia)
